Los okupas ganan la batalla a Ribó

Los edificios se encuentran sobre todo en el barrio del Cabanyal, en calles como Barraca, Reina, Sant Pere, Vicente Brull, Vidal de Canelles (aunque está más en la Malvarrosa) o Bloque Portuarios. También hay viviendas municipales ocupadas en calles como Goya, Malilla, Cocentaina, Colonia Española de México, avenida del Puerto, Siete Aguas y Bernabé García, según una respuesta ofrecida por la concejalía de Servicios Sociales que dirige Isabel Lozano, que también gestiona Vivienda.

El caso de los pisos ubicados en Bloque Portuarios es uno de los paradigmáticos porque el desalojo de algunas viviendas se ha paralizado totalmente al darse cuenta el Consistorio de que los okupas estaban inscritos en el Censo de Viviendas Precarias, por lo que el proceso se detiene hasta que se extinga la situación de precariedad. Lo mismo ocurre, por cierto, en el número 19 de la calle Cocentaina.

En otras viviendas, el Consistorio todavía debe comprobar si está okupada o no. Por ejemplo, en la calle Barraca los okupas han dicho que se han ido, pero el Ayuntamiento no ha podido comprobarlo todavía. Lo mismo ocurre en Colonia Española de México. De nuevo, volvemos al problema de falta de personal que tiene la concejalía.

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La situación se desvela a raíz de una pregunta realizada por el grupo municipal de Ciudadanos. El concejal de la formación Narciso Estellés ha cargado duramente contra el equipo de Gobierno. «No tienen entre sus prioridades el cuidado del patrimonio municipal, y eso lo sabemos porque no han iniciado ninguna acción para recuperar 13 inmuebles municipales ocupados ilegalmente. La mayoría de ellos se encuentran en el barrio del Cabanyal, aunque también hay algunos en el Carmen, Campanar y Nou Moles», ha indicado.

«En nuestra opinión, existe una total falta de interés por parte del gobierno de Ribó para gestionar estos desalojos. Nosotros propusimos en la comisión de Urbanismo que se iniciaran los trámites para recuperar estos inmuebles que son propiedad municipal y que están okupados ilegalmente, y también pedimos que se diera una alternativa habitacional a las familias en caso de que fueran personas en situación de extrema vulnerabilidad», ha comentado Estellés.

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«Pero ha pasado el tiempo y este gobierno no ha hecho nada por solventar la situación, y eso es un problema porque están directamente contribuyendo a que se cronifique la situación y a que las familias sigan viviendo en inmuebles que son de propiedad municipal«, ha lamentado el concejal de Ciudadanos. Para el edil, las viviendas podrían estar destinadas al alquiler social, «teniendo en cuenta la extrema escasez del parque público en esta ciudad», ha aseverado.

Así, ha recordado que la ciudad de Valencia tan solo tiene ahora mismo 167 viviendas para alquiler social, el que se orienta a las personas en una situación de extrema necesidad. «El propio gobierno reconoce que el parque público es ínfimo en relación con la demanda, pero luego no hacen nada por recuperar sus propias viviendas ocupadas y darles un uso», ha comentado. El último balance ofrecido por la concejala Lozano habla de 175 viviendas municipales vacías pendientes de rehabilitación, de las cuales 141 todavía no tiene ni el proyecto escrito, según una rueda de prensa ofrecida por la concejala el pasado 1 de febrero.

«Particularmente, queremos ver cuántos desalojos se han ordenado», ha expuesto Estellés. Cabe recordar que la Policía Local no participa en desalojos y que el equipo de Gobierno de izquierdas hace hincapié en su carácter social, por lo que siempre intentan que haya una alternativa habitacional antes de desalojar a nadie de su vivienda, sobre todo en caso de que sean familias con niños.

Menos miramientos se tienen, o se quieren tener, con viviendas okupadas en zonas de alta conflictividad, como el barrio de Orriols. En esta zona, la concejalía de Protección Ciudadana ha enviado cartas a los bancos que poseen viviendas en la zona para pedirles que inicien los trámites para reclamar los desalojos por vía judicial. En la llamada zona cero, en calles como San Juan de la Peña o la avenida de la Constitución, las viviendas okupadas son un verdadero quebradero de cabeza para los vecinos.

De hecho, el Consistorio ha tenido que recurrir al juzgado para acceder al edificio ocupado ilegalmente de la avenida Constitución, 262 y poder llevar a cabo, de manera subsidiaria, su limpieza, lo que permitiría solucionar los problemas de insalubridad que afectan a los edificios próximos. En el inmueble se han producido varios incendios y la plataforma vecinal Orriols en Lucha lo cita como símbolo de los problemas pendientes de resolver en el barrio.