Más de 800 viviendas del parque público de la Generalitat están ocupadas ilegalmente

Hace una semana la Conselleria de Obras Públicas anunciaba la reactivación de ocho promociones de vivienda pública paralizadas en la anterior legislatura gracias al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento para aportar fondos. Entre esos edificios, dos de Ciutat Vella habían estado ocupados ilegalmente hasta hace un año, lo que provocó que incluso el departamento de María José Salvador tuviese que contratar vigilancia privada para evitar los accesos.

Actualmente, más de 800 viviendas del parque público de la Generalitat se encuentran en esa situación, es decir, ocupadas de forma ilegal, una cifra que ha aumentado en los últimos años a pesar de las medidas que se han adoptado para intentar frenar la situación, como la vigilancia o la negociación con los inquilinos que han accedido a los pisos y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En concreto, hay 837 viviendas ocupadas, de las que 613 lo estaban antes de julio de 2015 (es decir, de forma previa al inicio de la actual legislatura) y otras 224 a partir de ese mes y hasta el 11 de diciembre de 2018. Así consta en las respuestas parlamentarias que la propia conselleria ha facilitado al grupo popular en Les Corts a petición de la diputada Elisa Díaz.

De esa cifra, 291 se encuentran en la provincia de Valencia, 43 en la de Castellón y 503 en la de Alicante, que es la que cuenta con mayor número de viviendas sociales con inquilinos que no tienen ningún tipo de relación contractual con la conselleria. De hecho, según resalta Díaz, Alicante ciudad tiene casi tantos pisos ocupados (249) como toda la provincia de Valencia. Elche y Paterna son otros dos municipios con gran número de casas en situación irregular, con 111 y 112, respectivamente, según el documento.

Respecto a esta situación, la consellera Salvador explica en el escrito que hay viviendas «se recuperan y, en muchas ocasiones, han de ser reparadas por lo que se van incorporando paulatinamente a la relación de viviendas que se han de acoger a un contrato marco de reparación».

Es el otro problema al que se tiene que enfrentar la Generalitat cuando consigue expulsar a los residentes ilegales en caso de que se recurra a la vía judicial (medio centenar de casas estaban en esa situación en el primer semestre del año): los desperfectos que sufren muchos de los pisos. Es lo que sucedió en la calle Teixidors, aunque en este caso el inmueble pertenece a la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) y, por tanto, eran VPO y no pisos sociales.

En el informe entregado al PP en Les Corts, la conselleria también refleja que están «aprobadas o en trámite» 236 regularizaciones, que es el procedimiento (vía resolución) que fijó la conselleria para permitir la continuidad de las familias sin recursos en estas casas siempre que cumplieran una serie de requisitos, como acreditar la situación de vulnerabilidad o asumir el pago del alquiler y los gastos de comunidad, además de tener buena convivencia vecinal y arraigo en el barrio.

Fuentes de la conselleria explicaron que se aplicar una política de «tolerancia cero contra las nuevas ocupaciones ilegales ya que impiden atender a las familias necesitadas que respetan la legalidad y generan importantes conflictos en los grupos de vivienda social».

No obstante, indicaron, «no se podía seguir ignorando la situación de las familias que en legislaturas anteriores convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar», de ahí los intentos por regularizar los casos que cumplan los requisitos de carácter social.