Un tercio de las casas que deben derribarse por el plan del Cabanyal ya son públicas

Un total de 583 inmuebles, lo que equivale al 36% de todo lo que debe derribarse, ya es de propiedad pública en el ámbito del plan urbanístico del Cabanyal. El dato forma parte del balance de las actividades de la empresa creada por el ayuntamiento y la Generalitat para el desarrollo de las obras, paralizadas desde abril de 2010 a causa de un recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional. La inversión asciende a 40 millones de euros, según la estimación del PSPV.

La sociedad hizo hace unos días balance del trabajo realizado en 2013, donde se han adquirido 24 inmuebles. Buena parte del medio millar de adquisiciones de los últimos años se han convertido ya en solares, antes de la suspensión de los derribos debido al litigio por el proyecto municipal. El ámbito afecta a 1.603 viviendas, que darán paso a 1.500 pisos de promoción pública y una serie de equipamientos y nuevas calles.

Debido a la paralización, las adquisiciones fueron una de las actividades principales de la empresa según se indica en la memoria difundida ayer por el grupo socialista. Pese a ello, el documento reconoce que se han reducido el ritmo de obras «dada la situación de incertidumbre y espera, pero siempre con el objetivo de avanzar en las prioridades mínimas como son concluir entornos ya iniciados».

Con esto se refiere al bulevar San Pedro, fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural por la Generalitat a mediados de los años 90 y piedra de toque en la demostración que pretende el gobierno municipal de cara a los vecinos que apoyan la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.

No en vano, la junta de gobierno aprobó hace unas semanas la petición de 13 millones de euros en proyectos de desarrollo para este bulevar, además de otro sector afectado directamente por la prolongación. Ahora hay que esperar a que la Conselleria de Hacienda haga la transferencia de dinero, lo que no iba a ocurrir hasta saber cómo queda la adaptación del plan a la orden del Ministerio de Cultura de diciembre de 2009, donde la ampliación del bulevar se considera un expolio a los valores patrimoniales del barrio.

Uno de los problemas derivados de la paralización del proyecto municipal era la frecuente ocupación ilegal de los inmuebles. «Se opta por estos procedimientos jurídicos sólo en los casos en que se constata una ocupación permanente, pues en muchos casos son eventuales, principalmente dado el estado de deterioro en el que se encuentran los inmuebles adquiridos», se indica.

La cuestión es que las denuncias de usurpación de bien inmueble conllevan un trámite que puede extenderse hasta los dos años, tiempo en el que no se puede hacer nada en la vivienda. Por esa razón, se utiliza ahora este instrumento legal, en concreto en 26 casos, debido a la paralización de las demoliciones.

Además, cada caso conlleva un gasto medio de 1.500 euros, donde se incluye la representación legal. La empresa indica en su balance que lo más frecuente es el archivo de la denuncia por el abandono voluntario del inmueble. «Antes de la orden ministerial no se recurría al procedimiento judicial, precisamente para evitar bloquear los trabajos sobre un inmueble, y porque solían ser temporales», comentan los responsables de la empresa.

Hasta ahora se han denunciado 26 inmuebles en un total de 21 procedimientos, de los cuales sólo se han resuelto ocho. El propósito de las denuncias es mantener la seguridad y salubridad de los inmuebles y evitar que «crezca el número de ocupaciones ilegales».

En las viviendas que ya son de propiedad pública, se han realizado un total de 52 intervenciones. De esta cifra, 18 encargos se deben a tapiados de puertas y ventanas. Los meses de verano fueron los de mayor actividad en estas obras.

La empresa, al igual que ocurre con el sector privado, también está afectados por la suspensión de licencias de obras, con las únicas excepciones de aquellas necesarias para la seguridad de los edificios y otras menores. Tras el desbloqueo del plan, supondrá tener vía libre para la construcción de 253 viviendas, que en su mayor parte ya tienen proyectos aprobados y listos para ejecutar.