El objetivo de la Autoridad Portuaria de Valencia, que es la que gestiona ahora esta zona tras la entrada en disolución del Consorcio 2007, busca «la consecución de unas instalaciones náutico-deportivas de excelencia». El proyecto, que engloba la zona norte del puerto de Valencia, se distribuye en tres dársenas –interior, norte y sur– con una oferta de 800 amarres para embarcaciones de entre 7 y 170 metros de eslora. La zona afectada de agua comprende 193.475 metros cuadrados y el área global, con las zonas terrestres incluidas, es de 235.097 metros cuadrados. Una combinación de servicios marítimos con zonas de ocio y restauración.
La Autoridad Portuaria de Valencia comunicó el lunes que se habían presentado tres propuestas para la gestión de estas dársenas de la parte norte del puerto y que en los próximos días se harán públicas las plicas.
Propuestas
Entre las ofertas que suenan entre los mentideros del negocio náutico, uno de los nombres que retumba es el de Island Global Yatching Marinas (IGY), un gigante en el sector y que cuenta con 10.000 clientes al año en los 23 puertos deportivos que gestiona en 13 países de todo el mundo. En España, IGY está en el puerto deportivo de Ibiza, donde tiene 26 amarres para superyates de entre 20 y 110 metros de eslora.
En Málaga opera en dos puntos –uno de ellos en proyecto–. En el Marina, con 321 amarres para embarcaciones de entre 180 y 20 metros de eslora, y ha entrado con una concesión de 50 años en el San Andrés Marina, que contará con 600 amarres para embarcaciones de hasta 60 metros de eslora. El proyecto estará ejecutado en 2027 y el principal inversor es el fondo catarí Al Alfia con una aportación que ronda los 60 millones de euros. La marina incluye una zona inmobiliaria comercial diseñada por el arquitecto español José Seguí y un desarrollo terrestre de 8.000 metros cuadrado con restaurantes, áreas de entretenimiento y servicios comerciales de lujo.
La empresa matriz IGY Gestora Marinas Spain tiene entre sus consejeros al empresario Abel Matutes. El presidente de la sociedad es Ocean Infraestructures Managemet (OIM) Marinas, socio principal de IGY en España. El administrador único de OIM Marinas es José Luis Almazán Palomino, que fue director del Puerto de Melilla y que está investigado por pedir a OHL 400.000 euros a favor del PP –también era exsecretario de Desarrollo Económico del partido en la ciudad autónoma– para las elecciones europeas de 2009. Una información que forma parte del caso Lezo, una investigación sobre un asunto de corrupción política que tiene su punto de partida en la empresa pública Canal de Isabel II de Madrid. Almazán también ha formado parte del consejo de administración de Boluda Towage, pero salió de la firma de Vicente Boluda tras su imputación y fue sustituido por el expresidente del Gobierno Felipe González.
La firma IGY, que también está asociada con Varadero Port Denia, gestiona seis puertos deportivos en Estados Unidos, entre ellos uno en Miami y otro en Nueva York. Además, cuenta con otras instalaciones en el Caribe y en países sudamericanos. Otra de las empresas que puede ir con IGY en el proyecto de Valencia, según las fuentes consultadas, es Astilleros de Mallorca, que se sumó a este conglomerado de empresas en enero de 2020 a través de IGY Anchor Club.
Otra de las grandes propuestas que suenan en el concurso de la dársena del puerto de Valencia es Iniciatives Portuaries Mirall de Mar de Mallorca (IPM Group), cuyo administrador es José María Campuzano, a través de la empresa STP Shipyard Palma. Este grupo gestiona Marina Port de Mallorca, Marina Palma Cuarentena, Marina Ibiza y Marina Port Mahón. Además, tiene los varaderos de Palma, Ibiza y Valencia para el mantenimiento y reparación de embarcaciones.
IPM tuvo en 2022 un volumen de negocios de 7,2 millones de euros, en relación a las últimas cuentas presentadas, y logró un resultado en positivo de 2,6 millones de euros.
La propuesta del grupo que encabeza Campuzano podría ir de la mano, según apuntan las fuentes consultadas, de Ocibar, otra de las grandes empresas de la náutica española con un volumen de negocio superior a los 42,5 millones de euros y unos beneficios de más de 7 millones de euros en 2023.
Ocibar cuenta con una experiencia de más de 25 años en la gestión de instalaciones portuarias como Port Adriano, Botafoc Ibiza, Marina Santa Eulalia y Por Tarraco. Además, tiene una amplísima trayectoria en zonas de ocio y entretenimiento en las superficies de tierra de las marinas que gestiona.
La última de las ofertas que suenan para quedarse con la gestión de la zona norte del puerto de Valencia es la catalana Port Ginesta en compañía de otras empresas del sector. Esta sociedad gestiona ahora mismo casi 1.200 amarres –400 más de los que se ofertan en el puerto valenciano– y 75 empresas en el que está considerado el puerto deportivo más grande de España.
Una marina que está ubicada al sur de Barcelona, en el parque natural de Garraf y que está especializada en catamaranes. Cuenta con un amplio servicio de restauración, bares musicales y un varadero. Port Ginesta está gestionado por Juan Sebastián Tubella y Álex Balletbó, que son los administradores solidarios de la mercantil desde 2018. Esta firma puso en marcha en 2022 la primera dársena de Europa para multicascos con 30 amarres específicos que se unieron a los 17 que ya tenían en el puerto.
Obligaciones
La concesionaria de las tres áreas de amarres de las dársenas deben cumplir con una serie de mejoras en un plazo máximo de cinco años desde al adjudicación del concurso.
Un de las más necesarias, la rehabilitación de los pantalanes e instalaciones de los amarres en la zona náutico-deportiva. De la misma manera se deberán adecuar, y si es necesario mediante una nueva construcción, las instalaciones de varada y puesta en seco de las embarcaciones.
El concurso incluye también la renovación de los pavimentos existentes y todas aquellas operaciones que faciliten los servicios básicos de luz, agua y demás a las embarcaciones que atraquen en el puerto de Valencia. Uno de los puntos clave del concurso es la construcción de una zona de varadero para atender las necesidades de embarcaciones de hasta 30 metros de eslora. La ejecución de estas obras, y así debe constar en las plicas presentadas, será de un máximo de cinco años desde la adjudicación del servicio. Además, de los 800 amarres tiene que haber un mínimos de 200 que se destinen para embarcaciones con menos de 12 metros de eslora.
Las empresas que han optado al concurso debe acreditar de manera directa o a través de alguna sociedad del grupo que ha sido gestora al menos dos de los últimos tres años de un puerto náutico-deportivo con capacidad para más de 350 atraques, de los que un mínimo de 15 sean para embarcaciones de más de 15 metros de eslora.
Además, el director de explotación que propongan debe tener una experiencia mínima de tres años en un puesto similar en los últimos cinco años.
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