La falta de médicos en la cárcel de Picassent obliga a cada sanitario a atender a 350 presos

Según los últimos datos del portal de transparencia, y aportados por la organización sindical, el número de médicos para atender a una población reclusa de más de 2.100 presos es de seis facultativos, «claramente por debajo de los 22 que según la relación de puestos de trabajo y pacientes deberían estar operativos».

ACAIP-UGT ha asegurado también en el mismo documento que a nivel nacional el déficit supera el 67% y una ratio de médico interno de 3,46 por cada mil, que contrasta bastante con los 6,66 por cada mil que tenían las prisiones españolas hace una década, en 2014.

Una primera consecuencia de esta carencia de Atención Primaria en las prisiones es el aumento del número de salidas para asistencia sanitaria en el exterior, las cuales consumen gran cantidad de recursos ya que, para realizarla, es necesaria la coordinación de la prisión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios sanitarios, de manera que se asegure tanto el traslado como el tiempo de permanencia en el hospital asignado. Esto conlleva, a su vez, la priorización de esta atención frente a la de la población en general, independientemente de la gravedad.

Esto supone que, en ocasiones, especialmente el medio rural quede totalmente desprotegido ya que es necesario destinar los efectivos allí asignados a realizar la vigilancia de estos traslados.

Los datos oficiales de la Administración penitenciaria recogen que el año pasado se produjeron un total de 4.700 salidas programadas a consultas externas en hospitales, de las cuales 681 fueron urgentes. Desde ACAIP-UGT han explicado que «todas y cada una de las salidas se realizaron con su correspondiente escolta de Guardia Civil».

Esta falta de facultativos se traduce también en problemas en el interior de los centros donde el 30% de los reclusos sufre algún tipo de patología mental y existe un elevado número de enfermedades crónicas como el VIH, la diabetes o la hepatitis. La ausencia de una atención adecuada provoca incidentes regimentales e incumplimiento de sanciones al no poder ser evaluada la situación clínica del reo.

La entidad sindical defiende que la población reclusa «tiene necesidades distintas y deben ser atendidas conforme a la realidad diaria de los centros penitenciarios». Desde ACIP-UGT exigen que se aporten soluciones tanto desde la Administración central como desde las distintas autonomías que deberían haber asumido las competencias sanitarias, tal como promulga la Ley de Cohesión sanitaria de 2003.