Romina Catherine León Santos era la cónsul de la República Dominicana en Valencia. Una actividad que, en su caso, era remunerada. Todo cambió a raíz ... de una relación sentimental. Lo que debía ser el inicio de un periodo de paz, esperanza y bienestar se transformó en un auténtico calvario. Un vía crucis difícil de olvidar. La Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel para su expareja, el hombre que durante meses le hizo la vida imposible, según se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía. Su caso ejemplifica que el acoso y el temor hacia la expareja no son supuestos que se den únicamente en una determinada clase social o un nivel de ingresos. La lacra se extiende por todos los estratos sociales. Sin barreras de ningún tipo.
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E. V. P. no aceptó la ruptura con la cónsul a principios de 2023. La mujer quería un camino diferente en su vida sentimental. Lo que no imaginaba es que su pareja la iba a perseguir diariamente, invitándose a actos que organizaba el Consulado, en pleno centro de Valencia, aguardando a la salida del trabajo... En esos encuentros se sucedían los reproches: «Puta, sinvergüenza». Y le recriminaba que mantuviera relaciones con otras personas. En febrero de aquel año se produjo uno de los incidentes más graves. El ahora acusado se coló en el Consulado y golpeó la puerta del despacho de León Santos gritando que había ido a por ella. Sólo desistió al comprobar que la Policía acudía al lugar. En algún caso incluso se le detuvo en el piso superior de la delegación diplomática, mientras aguardaba escondido la salida de su ex.
Hubo más episodios de terror. Una vez abierto el correspondiente procedimiento por violencia de género, se acordó una prohibición de aproximación de 1.000 metros de la representante consular. Sólo diez días más tarde incumplió el mandato judicial, según la Fiscalía. Así, le envió un correo, primero buscando el perdón y, a continuación, con insultos: «Mentirosa, buscamachos, maldita, loca, asquerosa y traidora». Incluso llegó a alquilar una plaza de garaje en el mismo lugar que la cónsul. Todo con la intención de acosarla, según el escrito.
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Días más tarde se desplazó a su vivienda, también en el centro de la ciudad, a unos minutos del consulado. Allí llamó al telefonillo para continuar con los insultos e intimidarla con la revelación de que conocía todos los horarios y que la estaba controlando. Más adelante, como prueba de lo anterior, le envió a su móvil unas fotografías de la propia cónsul a su llegada a su puesto de trabajo. Fueron numerosos los incumplimientos de la medida cautelar, tal y como relata la acusación pública.
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La angustia de la cónsul no remitió. Pese a que lo tenía bloqueado en su teléfono, el ahora acusado utilizaba otros números de teléfono para enviarle mensajes amenazantes y, en ocasiones, reclamando un perdón. La situación de riesgo para León Santos aumentó exponencialmente. Hasta tal punto que fue necesaria la instalación de una pulsera de vigilancia para controlar sus movimientos. Pero no sirvió para que disminuyera el acoso. Hasta en 27 ocasiones, los técnicos que controlan los dispositivos alertaron del incumplimiento de la distancia de segurida de 1.000 metros.
La Fiscalía reclama 18 meses de prisión por un delito de acoso y dos años de cárcel por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar. Por las vejaciones, en cambio, afronta una pena de multa.
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No fue este el único problema que alteró la vida de la cónsul. En paralelo a los hechos anteriores, se produjo una denuncia por parte de esta misma persona que perseguía -y lo logró- que dejara su puesto como representante de la República Dominicana. De repente, se vio envuelta en una supuesta trama de pagos ilegales por visados para la República Dominicana con la supuesta complicidad de una agencia de viajes del centro de la capital. Suficiente material para terminar con una carrera profesional, tal y como ocurrió.
No pasó mucho tiempo desde la denuncia y el final de las labores diplomáticas de Catherine León. El denunciante acudió a la Guardia Civil para comunicar la existencia de una trama relacionada con la expedición de determinada documentación oficial. Las informaciones que supuestamente manejaba su expareja consistían en que se permitía la expedición de visados para entrar en la República Dominicana a cambio de un dinero que iba a parar al bolsillo de la cónsul. Unas cantidades que no se corresponderían con los aranceles que establecen las leyes del país caribeño para estas actuaciones consulares.
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El juzgado archivó la investigación e incluso anunció la intención de investigar a la expareja por un delito de denuncia falsa. Recientemente, el juzgado ha ratificado el sobreseimiento. Queda, por tanto, la decisión final de la Audiencia. Romina no ha recuperado su trabajo. Sigue refugiada en la República Dominicana.
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