La juez acuerda una comisión rogatoria a Estados Unidos para localizar fondos de la estafa de los colegios de elite

El propio investigado trasladó recientemente la información de que en el país americano disponía de un saldo de nueve millones de dólares, cantidad que no podía 'mover' por diferentes problemas burocráticos. Un argumento que, en su momento, ya ofreció ante otro juzgado que analizaba las operaciones y que, finalmente, terminó archivando el asunto.

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El auto, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, respalda la petición que efectuó en su momento la acusación particular representada por el despacho Gómez Tejedor y que contó con el informe favorable del fiscal. Sólo las víctimas representadas por este letrado reclaman cerca de un millón de euros. Pero el desfalco de los defraudadores rebasa esa cifra con creces. Incluso hay personas que han decidido no denunciar pese a que en su día invirtieron cantidades significativas.

La juez solicita los datos de titularidad real, apertura, movimientos desde enero del año 2022 hasta la actualidad y el saldo disponible. De igual modo, la resolución concreta que se le requiera al Regions Bank información que permite reconstruir el flujo de dinero que se ha producido por parte de los investigados o las empresas bajo sospecha.

La actuación de Laureano ha afectado por el momento a su mujer y a un socio del empresario. El matrimonio tiene dos hijos menores de edad. Esta pareja se introdujo en un poderoso círculo económico y social gracias al colegio al que llevaban a sus hijos. De ahí son algunas víctimas de la estafa. Incluso convencieron a otros padres del centro para que dejaran sus ocupaciones y se sumaran al modelo de 'éxito' de la empresa que canalizaba inversiones. En paralelo, un socio de esta pareja, el tercero de los investigados, reprodujo idéntico método para captar inversores también en otro colegio de cierto prestigio de la provincia de Valencia.

La mercantil bajo sospecha, Expa, se instaló en pleno centro de Valencia, en la calle Cirilo Amorós. En su origen, ofrecía unos intereses altísimos, fuera de toda la oferta de mercado. Formalizaba lo que se conoce como «cuentas de participación» con los inversores ahora estafados. De esta forma participaban supuestamente en el negocio de la compra de material sanitario de China y EE UU para su venta en Venezuela. Al principio se pagaron altas rentabilidades. Luego estas desaparecieron. Todo era una estratagema. Tras los primeros problemas de impagos, supuestamente por problemas burocráticos, los ahora investigados se dieron a la fuga.