El éxito de una investigación judicial -entendido como la rapidez en ofrecer una solución- depende habitualmente de una pluralidad de factores. Las diligencias para aclarar si existe responsabilidad penal en el hecho de que un tren con medio centenar de pasajeros se adentrara en un ... incendio forestal -hubo una veintena de heridos- no se pueden calificar como ágiles. Todo lo contrario.
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El siniestro se registró en agosto de 2022. Casi un año más tarde se conocía un informe de la Guardia Civil en el que se concluía que se produjeron errores de comunicación que llevaron al fatal desenlace. Suficiente material para, al menos, comenzar una instrucción. Pero la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe decidió archivar y esperar a un segundo dossier policial sobre el envío de información a través de la aplicación Telegram. Se trataba más de una cuestión técnica –evitar que los plazos procesales avanzaran– que de un pronunciamiento concluyente sobre el fondo del asunto. Antes de este sobreseimiento, no obstante, decidió imputar a la maquinista que pilotaba el tren -su papel ha sido cuestionado por algunos pasajeros– a un responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón y a otros dos integrantes del Servicio de Prevención de Incendios. La causa cuenta con cerca de 30 perjudicados y 34 testigos.
La elaboración del segundo dossier policial resultó sorprendentemente lenta. Hasta tal punto que la juez trasladó su preocupación a la Guardia Civil y preguntó acerca de los motivos de esa inexplicable demora. Finalmente, los agentes entregaron su trabajo donde se apuntaba que el operativo de extinción de incendios actuó con una demora de 28 minutos para frenar el tren, lo que hizo que penetrara en la zona en llamas.
Con anterioridad a la llegada de ese informe policial, algunas de las víctimas habían pedido al juzgado que comenzara ya la instrucción con independencia del resultado de ese informe para adelantar las declaraciones de imputados y víctimas. Pero la titular no dio una respuesta. De hecho, sigue sin darla. La Fiscalía, justo antes del verano, se pronunció a favor de la reapertura del sumario al adherirse a uno de los escritos de las defensas. En esta situación se da por hecho la reapertura de las diligencias tras el verano. Algunas víctimas han lamentado el trato recibido por el Consell y la Justicia frente a la rapidez y las atenciones que tuvieron los perjudicados por el incendio del edificio de Campanar.
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