La juez del tren de Bejís pregunta a la Guardia Civil dónde está el informe que encargó hace año y medio

La pericia de la maquinista y el azar hicieron que un gravísimo incidente -más de una veintena de heridos- no terminara en tragedia con la muerte de algún pasajero. El incendio y las escenas de pánico recuerdan inmediatamente al edificio siniestrado de Campanar.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe se encuentra a la espera de un informe de la Guardia Civil. La titular acaba de preguntar a los agentes qué ocurre con ese dosier, que encargó en octubre de 2022. Ha transcurrido un año y medio de esa orden. Tiempo más que suficiente para completar la diligencia de la que aún no se tiene noticia.

La providencia de la titular recuerda que el trabajo se le encargó a la Policía Judicial de Burriana y que si aún no disponen del material informático que tenían que volcar desde la VI zona de la Guardia Civil que les indiquen la necesidad de practicarla.

La demora ya ha generado las quejas de algunos letrados que han pedido, por ejemplo, que se vayan practicando determinadas diligencias (declaraciones de una treintena de víctimas y otra de testigos) hasta la llegada del dosier.

Sin embargo, la titular del juzgado ha optado siempre por la cautela. No tiene claro si existe una responsabilidad penal y de quién en el caso del siniestro ferroviario. Por eso está a la espera de recibir ese dosier y, a partir de ahí, analizar el asunto con detenimiento. Entonces será el momento de decidir si sigue adelante -imputó a cuatro responsables antes del archivo provisional- o elabora un auto de archivo en el que explique toda la operativa desarrollada. Al parecer, el informe en cuestión consiste en el análisis de dos dispositivos móviles para comprobar si desde Telegram, una aplicación de mensajería similar a WhatsApp, se enviaron fotos al Puesto de Mando.

El atestado de la Guardia Civil cuestiona la falta de previsión de los Bomberos y el deficiente canal de comunicación entre Emergencias y Adif, o mejor dicho, la ausencia de comunicación, circunstancias que propiciaron que el convoy se adentrara en pleno incendio forestal. En algún punto también se pone en cuestión la actuación de la maquinista. Todo esto al margen de que pueda existir una responsabilidad judicial. Nadie ha dimitido por estos hechos.

El episodio, en el verano de 2022, ha tenido también una vertiente política. Fue utilizado por el PP para desgastar al Botánico y, en concreto, a una de sus principales figuras, la consellera Gabriela Bravo. El Consell incluso ha llegado a reunirse con las víctimas para trasladarles su apoyo. Bravo, máxima responsable de Interior, sigue hoy en la Mesa de Les Corts como vicepresidenta segunda. No reconoció errores en la actuación.