Víctimas del tren de Bejís reclaman la reapertura de la causa tras un año a la espera de un informe policial

El accidente dejó seis heridos graves y más de 20 leves. El tren transportaba 49 pasajeros cuando se vio rodeado por llamas de varios metros de altura y fue necesario detener la marcha. Algunos perjudicados arrastran también secuelas psicológicas.

La instructora está a la espera de un informe policial. Al parecer, se trata del análisis de dos dispositivos móviles para comprobar si desde Telegram, una aplicación de mensajería similar a WhatsApp, se enviaron fotos al Puesto de Mando. El letrado de algunas víctimas considera absolutamente «exagerado» este periodo para cumplir el encargo judicial. Incluso solicita que se contacte con la Comandancia de Burriana para que explique la demora e informen de los medios de que disponen para completar el informe. Sostiene que las dilaciones son completamente «injustificadas».

Algunos perjudicados han solicitado a la jueza que reactive las diligencias que no se encuentran relacionadas con el informe anterior. Así, reclaman la comparecencia en el juzgado de todos las víctimas para que presten declaración (al menos 30 perjudicados) así como los testigos (34 personas). Pero, además, apunta la necesidad de que declaren ya los investigados. El sumario cuenta con cuatro imputados (la maquinista del tren, un responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón y otros dos dirigentes del Servicio de Prevención de Incendios de esta provincia).

La juez decidió imputar a los responsables anteriores y, a continuación, decretar el archivo por los motivos explicados. Llama la atención el tiempo transcurrido para elaborar un informe, en teoría, sencillo. De ahí la petición del letrado. La instructora mantuvo durante meses la causa sin imputaciones a la espera del atestado de la Guardia Civil y los primeros informes.

De igual modo, la representación solicita que se identifique y cite también a los posibles responsables civiles del grave incidente, como Renfe o alguna administración pública. La Conselleria de Justicia, entonces en manos de Gabriela Bravo, era la encargada de coordinar el plan de extinción.

De la investigación se desprende la existencia de graves errores de comunicación. Cuestión aparte es que esas actuaciones o la falta de diligencia pueda constituir un delito. Eso es precisamente lo que debe determinar la instrucción.

El sumario del denominado «tren del pánico» recoge indicios para sostener la tesis anterior. Los investigadores han reconstruido con la mayor exactitud posible qué ocurrió en la fatídica tarde del 16 de agosto de 2022. El resultado de las indagaciones cuestiona la falta de previsión de los Bomberos y el deficiente canal de comunicación entre Emergencias y Adif, o mejor dicho, la ausencia de comunicación.

Pero también se pone el foco en la actuación de la maquinista. En este particular análisis, la caja negra, un aparato que registra absolutamente todos los movimientos y acciones del convoy, resulta clave. Y eso es lo que han analizado los especialistas de la Guardia Civil con la ayuda de dos técnicos de Renfe. Este dispositivo permitió conocer que el tren, compuesto por tres vagones, estuvo cerca de 12 minutos detenido sin que fuera posible activar el sistema en su regreso hacia Valencia tras verse atrapado por las llamas.

El episodio, en el verano de 2022, ha tenido también una vertiente política. Fue utilizado por el PP para desgastar al Botánico y, en concreto, a una de sus principales figuras, la consellera Gabriela Bravo. El pasado mes de noviembre el presidente Mazón y la consellera de Justicia, Elisa Núñez, se reunieron con representantes de las víctimas. Les mostraron su apoyo y expresaron el compromiso del Gobierno valenciano para resarcirles de la desagradable experiencia.