Un policía para proteger a 70 maltratadas en Valencia

«El Pacto de Estado contra la Violencia de Género constituye una espléndida herramienta para seguir trabajando, con la misma firmeza e idéntica ilusión, pero con más unión y medios, para erradicar el maltrato y proteger y ayudar a sus víctimas. Es un acuerdo histórico que contempla medidas concretas en el plano asistencial, legislativo, de protección y atención a las víctimas, con un respaldo presupuestario de 1.000 millones de euros durante cinco años». Las buenas intenciones y la firma de un acuerdo con todos los partidos políticos de por medio fue puesta sobre la mesa por el propio ministro del Interior. Juan Ignacio Zoido lanzó este compromiso hace apenas seis meses. El tiempo dirá cuál es el grado de cumplimiento del compromiso. Por ahora, del dicho al hecho...

La realidad es que las plantillas policiales hacen hoy piruetas para dar protección a las víctimas de violencia doméstica. No hay más que fijarse en Valencia capital. La UFAM, Unidad de Familia y Mujer, es la joya de la corona de la Policía Nacional en cuanto a vigilancia y asistencia a maltratadas. Pero, «con la ratio de víctimas por policía que tenemos actualmente, prácticamente se puede decir que la protección real no existe». Lo lamenta Miguel Ángel García, secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP), y lo hace en virtud a unas cifras: actualmente, en dicha unidad, de la supervisión del estado de 700 mujeres con orden de protección se ocupan un total de 10 agentes. O lo que es lo mismo, cada uno de los especialistas debe estar pendiente de 70 víctimas.

La plantilla habitual de la unidad es de 12 policías, pero actualmente se encuentran dos de baja, con lo que la ratio se agrava. Su labor incluye hacer llamadas semanales a las maltratadas para constatar cómo están y comprobar que se respetan las condiciones de sus órdenes de protección. «Si a las muchas gestiones se suma que alguno de los agentes tiene que acudir a testificar a un juicio, lo que ocurre bastante a menudo, pues les es imposible ocuparse del resto de mujeres que tienen asignadas», lamenta Fermín Gimeno, secretario general del SUP en la Comunitat. Sí es cierto que en los últimos meses se ha producido un refuerzo de la plantilla con la consolidación de destino de tres policías que ya prestaban su servicio en la unidad, pero la proporción sigue siendo manifiestamente corta.

Las 700 mujeres protegidas por la UFAM únicamente reciben asistencia de este grupo de las Fuerzas de Seguridad. Otras unidades especializadas como el Grupo de Atención a los Malos Tratos (GAMA) de la Policía Local de Valencia tienen su propia cifra de víctimas a las que dar cobertura. Desde el SUP aseguran que el ratio es igual de precario, «o peor», en otras poblaciones de Valencia.

El mal endémico del déficit de personal para cumplir eficientemente la protección policial de las maltratadas se extiende por toda España. En los últimos seis años, el número de agentes de la Policía Nacional destinados a atender a las mujeres maltratadas ha descendido un 15%, al pasar de 1.555 a 1.322 entre 2012 y 2017, según los datos proporcionados por el propio Gobierno ante una pregunta parlamentaria del diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

El conjunto de la Comunitat no es una excepción. El número de policías nacionales se desploma incluso por encima de la media nacional, al caer un 20,4%: 39 agentes menos se dedican a esta labor en los últimos seis años, cuando la plantilla pasó de 191 a 152. El retroceso es sólo mayor en Andalucía, con 83 miembros menos en el Cuerpo Nacional de Policía desde 2012.

Tras constatar el dicho y el hecho, desde el SUP, Miguel Ángel García lanza su consideración: «Destinar recursos humanos y económicos en violencia doméstica debería hacerse de manera comparable a como se hace con el combate de la entrada de droga en España o el que se destinó contra el terrorismo de ETA, sólo así se podrá paliar la lacra».