El seguro de la residencia donde murieron nueve ancianos ingresa 138.000 euros para las indemnizaciones

La cifra es la mitad de lo que, en realidad, corresponde a las víctimas. De la parte restante se encargan otras pólizas que también tienen responsabilidad en el siniestro, uno de los más graves en la historia de la Comunitat Valenciana.

La compañía aseguradora, que representa a Gesmed, la propietaria de las instalaciones de Moncada, ha aclarado que realiza esta transferencia -ya consta en la cuenta del juzgado- para evitar la imposición de intereses y sin que eso suponga asumir ningún tipo de responsabilidad en el siniestro.

En un escrito presentado en el juzgado precisan que las cantidades son para los afectados y que no están condicionadas a la renuncia de las actuaciones judiciales que actualmente se mantienen en el juzgado de Instrucción número 3 de Moncada. Se trata de indemnizaciones a hijos y hermanos de los fallecidos.

Según los cálculos de la aseguradora, la mitad de la compensación por cada fallecido para sus descendientes asciende a algo más de 22.000 euros. En total, con el otro seguro, serían 44.000 euros a repartir entre los hijos. En el supuesto de los hermanos o hermanas, la cantidad global desciende a unos 16.000 euros.

En la causa también interviene la empresa Indertec, encargada del mantenimiento de la instalación eléctrica de las citadas dependencias. Esta mercantil cuenta con otro seguro, de una compañía diferente, que deberá cubrir el otro 50% restante.

Estas indemnizaciones se han calculado con los datos que constan en el expediente judicial, pero la compañía de la residencia ha mostrado ya su disposición absoluta para completar el montante si se acredita algún nuevo perjuicio a las víctimas.

La instrucción, no obstante, continúa. De momento la investigación no se dirige en concreto contra ninguna persona. De hecho, sólo han declarado testigos. Esta misma semana se completarán nuevas testificales para aportar algo de luz al accidente, ocurrido en enero de 2022. Este jueves comparecen seis testigos, entre los que destaca el responsable de la alarma de incendios y el de la empresa encargada del mantenimiento de la instalación eléctrica de las dependencias geriátricas. Dos responsables que pueden ser claves en el conocimiento del caso.

En su momento, también compareció, en calidad de testigo, la directora de la residencia de Moncada. Esta nuevas testificales, aplazadas en su momento por la reciente huelga de funcionarios de Justicia, se enmarcan en ese esfuerzo de la instructora por completar todas las piezas del puzle antes de determinar si existen indicios suficientes de criminalidad por parte de algún responsable o, en caso contrario, corresponde decretar el archivo de la causa.

Es algo que ocurre en otras instrucciones como, por ejemplo, el accidente del tren de Bejís, donde un convoy con medio centenar de pasajeros se adentró en un incendio forestal por una serie de fallos de comunicación con Emergencias. La jueza ha evitado citar a unas personas como investigadas -las imputó justo antes de archivar la causa para evitar prescripciones- antes de disponer de todos los informes técnicos del siniestro.

La tragedia de Moncada se inició con el cortocircuito causado por una regleta en la que había, al parecer, demasiados aparatos eléctricos enchufados. En la residencia esa noche había 81 internos. No es la primera vez que la sobrecarga o el simple uso de estos aparatos ha generado siniestros de esta naturaleza. Por ejemplo, así ocurrió en el incendio en la Ciudad de la Justicia de Valencia que obligó a cerrar una parte de las dependencias cerca de seis meses.

Las llamas afectaron a 14 habitaciones, todas ellas situadas en el ala del geriátrico donde se alojaban precisamente las personas que presentaban mayores problemas de movilidad. Los trabajadores de la residencia, policías locales, bomberos, guardias civiles y miembros de Protección Civil sacaron en media hora al medio centenar de residentes que se encontraba en la zona afectada directamente por el fuego.