Las continuas y frustradas demandas en el juzgado por las ampliaciones de capital

Valencia, demandas y juzgado son términos que se conjugan con asiduidad en el diccionario blanquinegro, y más si el motivo son las acciones. El antecesor, por decirlo de alguna manera, a la era meritoniana –y con la salvedad de la época en solitario de Amadeo Salvo– fue Manuel Llorente. A él le llevó al juzgado en 2011 el abogado Andrés Sanchis y otros accionistas más por un presunto delito societario. Estaban implicados Llorente, los exconsejeros Javier Gómez y Társilo Piles, así como el expresidente de Bancaja José Luis Olivas. La querella se fundamentaba en la financiación otorgada a la Fundación Valencia CF de cara a la ampliación de capital acordada en 2009. Una operación que, además de darle una inyección económica decisiva al club (92 millones), sirvió para dinamitar la llegada de Dalport. El titular del juzgado de Instrucción número 3 acordó en 2016 enterrar la causa.

Tres años antes, la Audiencia Provincial había solicitado al juzgado que investigara dónde fue a parar precisamente el dinero de la ampliación. Y es que, los querellantes denunciaban que los 75 millones del préstamo de Bancaja para la ampliación fueron destinados a «elevados pagos a dirigentes» que «no deberían haberse satisfecho» por el «mal estado económico» de la entidad. El final de esa demanda llegó en 2016, ya con Meriton en el Valencia.

Pero las hostilidades a Lim con lo de las acciones y las ampliaciones no tardaron en llegar. El primero en abrir las hostilidades fue Miguel Zorío. El que fuera vicepresidente de la entidad y cabeza visible de la plataforma 'Marea valencianista' llevó al juzgado el acuerdo adoptado en la Junta de accionistas de 2015 en la que se aprobó la ampliación de 100 millones de euros que convertía la deuda con Meriton en capital. Según Zorío, se estaba «incumpliendo la ley de sociedades de capital». El Juzgado de lo Mercantil número 3 admitió primero y tumbó después (febrero de 2018) la demanda por falta de legitimidad sin ni siquiera entrar en el fondo del asunto. Lo hizo porque Zorío (con 33 acciones) no cumplía el mínimo del 1% del capital.

En este ambiente 'bélico' no podían faltar tampoco las acciones protagonizadas por Libertad VCF. El recorrido tuvo el mismo éxito que todas las anteriores. La Audiencia Provincial acabó en 2023 rechazando la querella de este colectivo contra el consejo de administración, al que acusaba de no haber ofrecido la información necesaria a los accionistas respecto a la ampliación de capital que el Valencia aprobó en su junta de accionistas de 2021 y que llevó a cabo en 2022. Libertad VCF apuntaba un delito societario del código penal por la «denegación de la información solicitada» sobre «los préstamos capitalizados».