El Ayuntamiento no se fía de Lim y auditará cuánto cuesta acabar el nuevo Mestalla

En la memoria entregada por el Valencia al Ayuntamiento, fechada el 3 de enero de 2024, el presupuesto de licitación con IVA asciende a 265.841.230,79 euros. En la última junta de accionistas, tanto Layhoon Chan como Inma Ibáñez, directora financiera del club, elevaron a 340 millones el coste total del estadio una vez finalizado. Teniendo en cuenta que en esa misma comparecencia pública se volvió a confirmar, ya ocurrió en la presentación de la versión anterior de finalización del campo con Sean Bai ejerciendo de director general en junio de 2022, que actualmente ya se han invertido 172 millones en la construcción del estadio que el 25 de febrero cumplirá 15 años con las obras paradas, el descuadre de la financiación que resta es muy grande. En diciembre eran 168 millones y en enero 93. Una cifra donde bastaría con los 80 millones de CVC y la venta del terciario a Atiltan por 35. Preguntado por este periódico, el club apela a un anexo mandado a la documentación presentada en enero que aumenta la financiación. No hay confirmación oficial del mismo por parte del Ayuntamiento. Es otro aspecto que la autoría determinará si es correcto o no. El punto de fricción que motivó el voto en contra de la moción por parte del PSPV es que se pospone cualquier actuación al fallo previsto el próximo 6 de marzo sobre la demanda interpuesta por el Valencia con respecto a la ATE. Los ediles que han permitido que salga adelante esa solicitud de auditoría para conocer la foto exacta del dinero que falta para acabar el nuevo Mestalla es que se va a esperar a esa sentencia «con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y exigir eficazmente las garantías que aseguren el coste total de las obras y que las mismas no volverán a ser paralizadas».

Teniendo en cuenta que hasta que no finalice la auditoría no se va a firmar ninguna documentación con el Valencia, vuelve a estar en peligro que la ciudad sea elegida como una de las sedes del Mundial 2030. Es una cuestión de plazos. En marzo se va a producir una nueva ronda de contactos con todas las sedes españolas que quieren albergar partidos del Mundial, hay que elegir a 10 entre 15 candidaturas, para actualizar información y donde la FIFA tiene previsto desplazarse a las ciudades con las que tienen más dudas. Apunten Valencia en esa lista. En abril todas las candidaturas tendrán que comenzar a remitir la documentación definitiva a la RFEF para que el organismo que ahora mismo preside Pedro Rocha, y que ha comenzado su proceso electoral, remita en julio las sedes definitivas en territorio español a la FIFA. La cruda realidad es que, a día de hoy, todo lo que rodea el nuevo Mestalla tiene pendiente un fallo judicial, una auditoría externa que pasar y un nuevo convenio a firmar. Mucho 'cacao'.

La resolución aprobada por el Ayuntamiento es un golpe a Meriton puesto que tendrá que pasar 'la prueba del algodón' si quiere optar a firmar un nuevo acuerdo urbanístico con el consistorio. La auditoría se va a realizar «antes de una eventual aprobación de cualquier convenio o de las fichas (en su caso) en favor del Valencia» tal y como dicta la resolución y, además, Peter Lim deberá garantizar el coste de la totalidad de las obras pendientes. Poniendo como ejemplo la cifra que el propio club hizo pública en la pasada Junta, los 340 millones, cogiendo ese volumen de gasto Lim tendría que avalar todo lo que no esté financiado de los 168 millones que faltarían con esa cifra. El dinero de CVC más la venta del terciario a Atitlan suman 115 millones, con lo que el máximo accionista estaría obligado a avalar, o asegurar por terceros, 53 millones. La realidad, tal y como han apuntado fuentes conocedoras de los costes de construcción, es que la cifra final de la obra podría acercarse a los 400 millones, o superarla, puesto que hay que sumar el incremento del precio de los materiales previsto en los próximos años o lo que va a costar la adecuación de lo que ya se ha construido antes de mover una grúa en el solar de Cortes Valencianas. Está pendiente, entre otras cosas, un informe actualizado sobre el estado del hormigón y de todos los elementos que están a la intemperie desde hace década y media.

«La prudencia exige, ante un inminente pronunciamiento judicial sobre el Valencia y concretamente la ATE, conocer dicho pronunciamiento para dar los pasos correctamente», afirmó Juan Giner, el concejal de Urbanismo, sobre el punto de más fricción del acuerdo. Sandra Gómez, portavoz del único grupo que se abstuvo, fue muy crítica con ese aspecto: «María José Catalá ha pasado de exigir de cara a los medios de comunicación y la opinión pública que desistiera de las demandas contra el Ayuntamiento a poner negro sobre blanco que está a la espera de que resuelvan los tribunales».