El jurado que decidirá el futuro Mestalla

La ATE como tal va a caducar porque la maquinaria para ello la activó el Consell hace siete meses. El problema que hay es qué fórmula aplicar para resolver el problema sin que a nadie le salpique y que todos salgan contentos, también con la mirada en las elecciones a medio plazo. Hay temor a posibles denuncias a unos y a otros y, sobre todo, una preocupación de que la judicialización del tema deje la obra parada otra década.

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La oposición está al acecho y presiona tanto desde la trastienda como públicamente. Cada uno juega sus bazas pero desde la última manifestación promovida por Libertad VCF, los políticos se han dejado arrastrar viendo también el sentimiento popular.

Desde Lim a Illueca, hay un puñado de personajes que han tenido y van a tener protagonismo a partir de ahora.

Fue Layhoon la que anunció en junta de accionistas que Meriton había decidido no reactivar Mestalla y que, por lo tanto, no estaría listo para el centenario. Lo hizo sutilmente y sin respuesta enérgica de la asamblea. Desde entonces, el Valencia ha ido mareando la perdiz y de no haber aparecido LaLiga con el contrato de CVC, la estrategia sería la misma. ¿Quiere ahora realmente Lim acabar el estadio? Sorprende que de su empecinamiento en hacerlo de 49.000 a pasarlo a 70.000 (aunque haya que tapar las butacas de ese graderío con lonas para evitar el vacío) sólo se necesiten 8 millones de euros. La cifra la apuntó Cristian Schneider, director de operaciones del club. No es el único ejecutivo que defiende esa teoría. En realidad y como si fuera un mantra, en el Valencia todos empujan hacia esa tesis, tanto en público como en privado. Le corresponde ahora a Sean Bai, director general que cada día es menos provisional, ser la cara amable de Meriton para tratar de convencer a los políticos de que esta vez sí van en serio. Lo va a tener ciertamente difícil. Mientras, Lim ya ha dejado claro que no va a poner su garantía para esos 35 millones que faltarían hasta los 115.

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Si hay un político valenciano que se ha significado con especial virulencia contra Meriton es Sandra Gómez. La vicealcaldesa se aferra firme a una teoría: la ATE da unas concesiones generosas al club por un estadio cinco estrellas (70.000). Todo lo que no sea cumplir lo escrito es perjudicar al contribuyente. El problema es que el Valencia argumenta que ese convenio –de fecha 2015– se comenzó a gestar en 2004 y desde entonces ha llovido mucho. Quieren una revisión y nuevas condiciones aunque de momento lo que demandan es que la ATE siga vigente (así se lo ha pedido el banco).

Hasta ahora, Sandra Gómez y Arcadi España (anterior conseller de Territorio) guardaban una estrechísima relación. El marido de la vicealcaldesa, Marc Bellvís, forma parte del equipo de confianza de Arcadi y ahora también ha cambiado de conselleria. Por lo tanto, se daba por hecho que la conexión entre la concejalía de Urbanismo y la de Territorio estaba garantizada. Con Rebeca Torró se supone que la cosa no cambiará en lo que al trazo grueso se refiere. Tanto una como otra son socialistas y lo que dejó claro Ximo Puig meses atrás es que en todo lo que hacía referencia al Valencia se debían unificar criterios.

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De momento, el departamento de Torró –que apenas se ha mostrado públicamente en esta cuestión y que llega reforzada por el éxito de la llegada de Volkswagen a Sagunto– está estudiando el nuevo proyecto presentado, que básicamente es el mismo en lo que al aspecto del estadio se refiere aunque con la intención de reforzar la parte que afectaban a los avales.

Fue especialmente clara Inma Ibáñez, directora financiera del Valencia, cuando en sus intervención el otro día hizo mención a Manuel Illueca. El responsable –socialista– del Instituto Valenciano de Finanzas ha colaborado con el club en todo lo que ha tenido que ver con la denuncia de Bruselas pero tumbó las garantías que presentó el Valencia –de CaixaBank y de la financiera–. Y como el club sólo ha hecho que incidir en las mismas en la nueva documentación presentada, la respuesta del IVF parece que también va a ser clara en ese sentido. A Territorio le corresponde hacerle la consulta, y entre Illueca y Torró hay una estrecha amistad desde hace bastante años.

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Rafa Climent y Natxo Costa son el conseller y el subsecretario de la conselleria de Economía respectivamente. Su militancia en Compromís queda fuera de toda duda pero hasta ahora han demostrado cierta habilidad a la hora de desmarcarse de los posicionamientos públicos que han mantenido tanto Enric Morera como Joan Ribó, compañeros de partido.

La teoría de Economía es el de darle una nueva oportunidad a Meriton al considerar que de esta forma no sólo se protege el propio Consell jurídicamente –siempre han considerado que los plazos de la ATE están vigentes– sino que creen que los 80 millones de CVC es la mejor de las soluciones que hay. Eso sí, desde el primer momento tuvieron claro que no querían tensar la relación con su socio de gobierno y de momento lo están consiguiendo.