Casi nadie se cree a Meriton

Con el documento que presentó a Economía en la que el Valencia pone de manifiesto el reciente acuerdo de CVC con LaLiga por el cual habrá dinero para invertir en infraestructuras, la oposición ha vuelto a levantar la voz para posicionarse en el mismo sitio en el que se ha mantenido en los últimos meses, y que respalda de alguna forma la postura que Territorio y Urbanismo mantienen al respecto. No sólo no se creen a Anil Murthy –Meriton– sino que consideran que lo único que pretenden los dirigentes valencianistas es ganar tiempo a la causa.

Casi coincidiendo en el tiempo, se manifestaron ayer Libertad VCF por medio de un escrito y Pablo Delgado, experto jurídico y una de las voces más autorizadas de De Torino a Mestalla. Y aunque ambos colectivos persiguen más o menos los mismos objetivos aunque vayan cada uno por su lado, sus argumentos coinciden no sólo en el fondo sino hasta en las formas. Así, por ejemplo, Libertad VCF señalaba que el documento que aportó a Economía Murthy «carece de cualquier validez administrativa y únicamente pretende generar ambigüedad y crear confusión en el marco del procedimiento que la Conselleria mantiene sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo Mestalla, trasladando una falsa imagen de compromiso de los gestores y del máximo accionista del club por la construcción del Nuevo Mestalla».

Delgado, pro su parte y en unas declaraciones que recogía A Punt, decía: «El documento carece de cualquier tipo de validez. Se dirige a la misma diciendo que le informa... pero uno que está en expediente administrativo no tiene que informar de nada. Está expedientado y tiene que cumplir unas obligaciones. No tiene ni que presentar nada. Además, no es ningún compromiso ante la administración». «Es –insiste el abogado–, un intento de salir por el fondo de la pantalla, de Meriton y los suyos. Pretende evitar cualquier tipo de compromiso que le obligue a cumplir lo que legalmente le dice la administración, que es acabar el estadio y acabar la ATE».

El Valencia mantiene que ese documento que envió a Economía sólo pretendía informar de manera formal a este departamento de la nueva situación que se ha creado con la entrada en escena de CVC. Pero Libertad VCF va más allá y afirma que «el escrito ignora y confunde interesadamente el reciente informe de abogacía de la Generalitat, que inequívocamente habla de un incumplimiento por parte del Valencia de los plazos exigidos en la ATE. Entendemos que por su contenido, exhaustividad y falta de rigurosidad supone una total falta de respeto a las instituciones valencianas y es una más a añadir a su expediente».

Delgado tiene muy claro que Meriton está muy alejado de la pretensión de terminar algún día el estadio de Cortes Valencianas. «Estamos absolutamente seguros de que no tienen ningún interés de acabar el estadio ni la construcción del pabellón ni la urbanización».

La postura del Valencia cuando se supo la inyección económica que tendría ha sido la de confeccionar un plan de actuación con el dinero y aportarlo a la Administración aproximadamente en diciembre. Libertad VCF se anticipa y refuerza la teoría de los políticos, que han venido reclamando con insistencia que Lim aporte las garantías de que eso va a ser así, cuestión de la que Meriton ha hecho oídos sordos. «Deben articular las fórmulas necesarias para presentar de inmediato garantías y avalar el plan de construcción del nuevo Mestalla. Deben exponer con claridad las previsiones y el empleo de los fondos derivados con la entrada de liquidez mediante el acuerdo de LaLiga y el fondo de inversión CVC Capital», solicita el colectivo de accionistas que preside José Pérez.

La consabida prórroga ya ha acarreado la propuesta de sanción de Territorio al Valencia por el incumplimiento de la fase 1. Lo recodaba Delgado que iba más allá en sus reflexiones: «Meriton pide la prórroga con la boca pequeña, con un papelito con muy poco fuste. No se puede decir menos con menos. La Administración le contesta, y le dice que sólo por incumplimiento de la primera fase le va a costar 2,8 millones de euros. De la segunda fase deja el mecanismo de cálculo para entre 60 y 70 millones. Es el precio de la prórroga».