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HÉCTOR ESTEBAN
Domingo, 6 de julio 2014, 22:34
El Valencia espera poder tener a mitad de esta semana una visión clara de cuáles son las vías de solución al problema del Plan de Actuación Urbanística (PAI) de Porchinos, los terrenos de Ribarroja en los que se iba a instalar la futura ciudad deportiva del club y que se encuentran pendientes de sentencia del Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tumbará el plan.
Los abogados del Valencia, según las fuentes consultadas, están estudiando este asunto a tiempo completo con el objetivo de dar a Peter Lim el confort jurídico necesario para que compre el club. El asunto del PAI de Porchinos es el que realmente preocupa al club por encima del resto de las contingencias que el presidente Amadeo Salvo detalló el viernes pasado en la rueda de prensa celebrada en Paterna después de la presentación de Nuno.
El Valencia, a través de la empresa Litoral del Este, impulsó un plan que luego vendió a la empresa Nozar y a otros propietarios con el fin de desarrollar más de 2.000 viviendas junto a la futura ciudad deportiva. Un ingreso que superó los 100 millones de euros que ya están gastados. Si el Supremo tumba el PAI, habría que devolver el dinero si se pide la ejecución de la sentencia.
Este periódico se puso en contacto ayer con los representantes de Salvem Porxinos, el colectivo que interpuso la denuncia para paralizar el proyecto que el expresidente del Valencia Juan Soler calificó de «pelotazo». Los miembros de este colectivo mantienen la misma postura: «Nosotros queremos que el valle se mantenga como está. No contemplamos otra opción. No es cuestión de dinero ni nada. Las cosas se hicieron mal y sólo deseamos que la zona se mantenga así».
La problemática alcanza también al Ayuntamiento de Ribarroja, que durante muchos meses ha estado recibiendo dinero a cuenta del proyecto. Más de 20 millones de euros, según las fuentes consultadas, que han permitido al Consistorio que gobierna el popular Francisco Tarazona tener las cuentas saneadas. Una de las claves está en el hecho de que si el Alto Tribunal finalmente sentenciara en contra de Porchinos, el Consistorio, en principio, también debería devolverle al Valencia el dinero que ha ingresado en los últimos años por el PAI. Una situación que en estos momentos el Ayuntamiento de Ribarroja no puede asumir y que le llevaría a la quiebra de manera irremediable. Tarazona todavía defiende que el proyecto es ejecutable y garantiza el agua para su desarrollo.
La mayoría de los terrenos de Porchinos, según las fuentes consultadas por este periódico, está en manos de cuatro bancos después de que Nozar, la empresa que los compró, entrara en concurso de acreedores y no pudiera hacer frente posteriormente al proyecto.
La solución para el Valencia pasaría por llegar a un acuerdo con las partes afectadas y darle toda las garantías jurídicas a Peter Lim para que su operación de compra del Valencia no termine en los tribunales. Por eso, los servicios jurídicos del club trabajan a marchas forzadas para buscar ese confort. El resto de las contingencias que apuntó el presidente Salvo son subsanables. El problema de la denuncia que interpuso Andrés Sanchis por la ampliación de capital está casi resuelto y el asunto Newcoval también.
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