Cumbre con el Ayuntamiento de Ribarroja por el bloqueo de Porchinos

Porchinos, la piedra angular del «pelotazo» concebido por Juan Soler para hacer de oro al Valencia, se ha convertido en uno de los grandes escollos en el proceso de venta de la mayoría accionarial del club a Peter Lim. El magnate asiático exige garantías de que no le asediarán los líos en los tribunales una vez se convierta en el dueño de la entidad. Y esta partida de Ribarroja, colindante con el término de Vilamarxant, encierra una auténtica bomba de relojería judicial. Por ello, las partes implicadas en el proceso han quedado en reunirse en busca de una solución de urgencia.

A la cumbre, prevista para el lunes, han de acudir el presidente del Valencia, Amadeo Salvo, representantes de Meriton (la empresa a través de la que Peter Lim ejecutaría la compra de las acciones de la Fundación) y el alcalde de Ribarroja, el popular Francisco Tarazona. También ha de estar algún vocal de la Generalitat y Bankia, así como de los bancos propietarios de los terrenos. Al cierre de esta edición nadie se había puesto en contacto con la agrupación ecologista Salvem Porxinos, que presentó la demanda por la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acabó anulando el plan.

Actualmente, la causa está en manos del Supremo, a la que fue recurrido dicho fallo. Si el Alto Tribunal vuelve a dar la razón a los ecologistas, el Valencia y el Ayuntamiento de Ribarroja tendrían un serio problema de muchos miles de euros. Previsiblemente, los actuales propietarios de lo que iba a ser una urbanización de lujo alrededor de la futura ciudad deportiva presentarían una demanda millonaria: tienen en su poder terrenos teóricamente urbanizables que seguirían siendo para siempre monte y campos de cultivo.

El club de Mestalla, por su parte, podría pugnar por la devolución de alrededor de 20 millones que aportó al Ayuntamiento como compensación por impulsar el plan Porchinos. En el Consistorio de Ribarroja se defiende que el pleno municipal cumplió con su parte -votar a favor de la recalificación de la zona- y que por ello la institución local no se vería obligada a retornar el dinero. Además, el alcalde Tarazona defiende -como siempre lo ha hecho- que hay suficiente dinero para abastecer tanto la ciudad deportiva como las más de 2.000 viviendas previstas en la zona.

Para que realmente existiese el problema tendrían que darse dos pasos: que el Supremo fallase en el mismo sentido en que lo hizo el TSJ en 2006, y que alguien solicitase la ejecución de la sentencia. Las partes quieren implicadas en el proceso de venta buscar una solución antes de que se plantee un problema, y más teniendo en cuenta que la agrupación que presentó la denuncia tiene las ideas claras: quieren que el monte de Ribarroja se mantenga tal y como está y sólo aceptarían el proyecto en otra partida del municipio.