El nuevo año llega para el Valencia tan cargado de ladrillos que las promesas y los conflictos urbanísticos parecen incluso a superar en magnitud a la ilusión popular por volver a disputar competición europea. 2022 tiene que ser el año del ladrillo para el club, al margen de que sirva para disputar otra vez, si no la Champions, al menos la Europa League como mal menor.
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Todo eso teóricamente, porque aún se encuentran bastantes aficionados –incluido responsables políticos– que guardan todavía ciertas reservas hacia la actuación de Meriton, fundamentada dicha actitud por la evidente inactividad demostrada por el máximo accionista en los ocho años que va camino de cumplir en la entidad.
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Un polideportivo que llevan años esperando los vecinos de Benicalap; la reanudación por fin de las obras del nuevo –y más ajustado– estadio de Mestalla (paradas desde hace trece años y del que la afición aún no conoce oficialmente los detalles); la ampliación de la ciudad deportiva de Paterna (por eso se ha pujado por dos parcelas situadas en el Parque Tecnológico); el perfilado de las dos torres proyectadas en la avenida Cortes Valencianas (una para hotel y otra para oficinas); y la permanente propuesta de la venta del solar del viejo estadio.
Eso, con la posibilidad de que se resuelva de una vez por todas el litigio que todavía sigue vivo con el ayuntamiento de Riba-Roja por el conflicto de Porxinos. Este punto mantiene en vilo 25 millones de euros en juego, dinero que reclama el Valencia y que tuvo que recurrir al juzgado de lo contencioso administrativo porque a finales de julio una sentencia eximió al consistorio del pago.
Tampoco hay que olvidar otra de las cuestiones heredadas de Porxinos. La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana –organismo adscrito a Les Corts– se puso a investigar hace algunos meses por qué y bajo qué condiciones se compraron y cedieron supuestamente a la Generalitat unos terrenos en el término municipal de Llíria dentro de la operación Porxinos. Las alertas saltaron porque unos terrenos que fueron vendidos por 8.000 euros, luego los adquirió el Valencia por 9 millones para cederlos a la Generalitat.
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Cronológica y urbanísticamente hablando, este mismo mes de enero –así lo pronosticó Anil Murthy–, el Valencia debería arrancar la construcción de ese polideportivo que el Ayuntamiento se esfuerza en desligar de la problemática ATE: una piscina de 25 metros, dos salas multiusos, una sala de musculación, además de dos pabellones, uno multisport para practicar baloncesto, balonmano o fútbol sala, y otro que estará destinado a la gimnasia artística. Eso es básicamente lo que tiene que el club hacer con un coste que rondará los 6 millones de euros.
Cuando más empezaba Murthy a verse arrinconado fue cuando más fuerza hizo para airear que como muestra de buena voluntad, el Valencia estaba dispuesto a poner en marcha la obra del pabellón multiusos, una de las asignaturas que estaban pendientes con el Ayuntamiento. Fue el propio presidente del club el que fijó el mes de enero como fecha para arrancar las obras.
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El escenario ha cambiado casi por completo para Meriton. Los políticos han aflojado la presión y gracias al dinero de CVC, Peter Lim parece ser que ha encontrado una salida a los problemas que afectan al viejo y al nuevo Mestalla. Ximo Puig está ya medio convencido y la Generalitat espera ahora el documento del club que exponga todos los detalles. Ha exigido la Administración conocer el escrito del acuerdo con CVC para dar luz verde.
No obstante se ha abierto un nuevo debate, y es el que hace referencia al proyecto en sí del estadio y sobre todo a la reducción de costes y aforo que ha aplicado Meriton. Con los 80 millones de euros de CVC no se cubre el coste total de la obra. Lim busca vías de financiación.
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