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R.D/EP
Jueves, 20 de mayo 2021
No alteró ni un ápice su contundente discurso. Sandra Gómez reiteró ayer su deseo de que se declare la nulidad de la Actuación Territorial Estratégica que abarca al nuevo y al viejo Mestalla.La vicealcaldesa de Valencia insistió en la petición que proclamó el pasado lunes : «No se dan los requisitos legales ni las condiciones para prorrogar la ATE». La única puerta que abre pasaría por un plan que estuviese completamente atado con avales.
La ATE, que teóricamente caducó el pasado día 15, se encuentra en el aire por la falta de iniciativa y de garantías evidenciada por el máximo accionista del Valencia, Meriton. La propuesta presentada a la Generalitat por parte de Anil Murthy, presidente de la entidad blanquinegra, en absoluto resultó suficiente. El dirigente busca la manera de estirar hasta 2026 el plazo para trasladarse al nuevo Mestalla. Se aferra a la ausencia de ofertas interesantes para la venta de los terrenos del viejo estadio. Sandra Gómez, en cambio, rechaza una prórroga ante la «pasividad» e «inacción» del club para cumplir con los «compromisos» adquiridos. Entre estos, también se encuentra la construcción del polideportivo de Benicalap.
El pasado lunes, la vicealcaldesa de Valencia y concejala de Urbanismo explicó que ya dispone de un informe elaborado por el Consistorio que avala la toma de esta decisión. Sin embargo, se mostró prudente sobre la postura de la Generalitat, que se alza como la administración que debe decidir finalmente sobre la ATE.
«La posición del Ayuntamiento es que no se prorrogue la ATE porque no se dan las circunstancias para ello. El Ayuntamiento ha puesto de manifiesto su postura y se la ha remitido a la Generalitat. Ahora deberán ser ellos los que finalmente emitan una resolución en uno u otro sentido», agregó.
Desde el Ayuntamiento se ha trasladado con cierta fuerza la vía de que se puede, con la ley en la mano, sustituir al promotor con el fin de resolver el bloqueo urbanístico. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró comedido el pasado martes: «Hay que continuar siempre actuando en función a la legalidad. Cualquier entidad tiene que cumplir la legalidad y si el Ayuntamiento dice que no se dan las condiciones para cumplir la ATE, tanto la conselleria de Economía como de Política Territorial lo estudiarán y finalmente se tomará la decisión adecuada a derecho. Confío en los funcionarios y en las decisiones políticas del Consell».
Sandra Gómez se pronuncia de forma más taxativa: «La postura del Ayuntamiento ha sido bastante clara. No se dan los requisitos legales ni las condiciones para prorrogar la ATE. Hay una demora que es absolutamente imputable al promotor».
Tal y como apuntó la vicealcaldesa, el Consistorio defiende que, si finalmente y «previa imposición de penalidades» la Generalitat «decidiera dar esa prórroga», se ponga como «condición, una fianza y un aval que permita dar seguridad a la administración pública valenciana» de que podría ejecutar «las obras en caso de que incurra el promotor en un nuevo incumplimiento». Y añadió: «A partir de ahí, ya es la conselleria de infraestructuras la que tendrá finalmente que resolver y emitir informe».
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