Sesé acusa a Lim y a Mendes de blanqueo de capitales y corrupción en negocios privados

Peter Lim y Jorge Mendes sabrán, en el plazo máximo de dos meses, si el Juzgado de Instrucción admite a trámite la querellapresentada el miércoles por el exconsejero del Valencia, Antonio Sesé. Son los dos máximos acusadospor cuatro delitos, alguno como el de blanqueo de capitales está penado con hasta seis años de cárcel en España, en una demanda donde también están reclamados Anil Murthy, Kim Koh, Layhoon Chan, Meriton Holdings y la sociedad patrimonial de Jorge Mendes, puesto que también se incluyen los delitos de administración desleal, imposición de acuerdos abusivos del accionista mayoritario y corrupción en negocios privados.

El despacho de abogados Durán&Durán, tras un año de investigación, está seguro de poder demostrar que Peter Lim y Jorge Mendes han articulado un negocio a través del Valencia. Tanto es así que su fundador, Miguel Durán, no dudó en calificar que se podría asociar a «un grupo criminal» a los investigados por la gravedad de los posibles delitos: «Hemos podido averiguar que el señor Lim y el señor Mendes, puestos de acuerdo, lo han montado para comprar derechos de jugadores y luego venderlos al Valencia por encima de su valor. Se ha fichado por interés jugadores de muy escaso valor patrimonial con cifras infladas. Los beneficiados son el Benfica en sus cuentas y equipos portugueses, blanco y en botella». El abogado reconoció que él hubiera preferido mantener la querella bajo secreto para que en el caso de ser admitida a trámite que el posible registro del club cogiera por sorpresa a los demandados pero que se ha presentado con premura porque en la querella también se piden medidas cautelares para que se suspendan los derechos políticos de Peter Lim en el club y que se haga cargo de ellos una gestora si Meriton no abona el pago de la ficha adeudada a la plantilla, cuyo impago podría tener como efecto un descenso administrativo, y si el club no cumple con la actuación de la ATE que vence en mayo de 2021, porque de no hacerlo el Valencia perdería hasta 150 millones en la explotación comercial de 100.000 metros de techo.

Bajo sospecha de la querella, en los delitos de corrupción y blanqueo de capitales, están las múltiples operaciones cerradas con el Benfica entre Peter Lim y Jorge Mendes (Rodrigo, André Gomes, Cancelo y Enzo Pérez en el foco) y algunos fichajes desaconsejados por su estado físico. El director del área penal del despacho de abogados, Luis de las Heras, puso como ejemplo (sin nombrar al jugador) el fichaje de Mangala: «Existen informes médicos que manifestaban el desenlace físico que no podía rendir y pese a eso se decidió contratar a ese jugador. Queremos que se siga el rastro del dinero». Mangala fue fichado en agosto de 2019 y dos meses antes el Oporto había desestimado su contratación al Manchester City al no pasar el reconocimiento médico por su rodilla. Los querellantes insisten en que podrán probar que existían informes médicos en el club que desaconsejaban el fichaje pero el Valencia contrató al francés hasta junio de 2021. La realidad es que no ha contado para los tres técnicos de la pasada temporada (Marcelino, Celades y Voro). Ese ejemplo expuesto sirvió para que se informara que en la demanda se pide expresamente que sea la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional o el Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los que lideren la investigación.

Para argumentar los indicios que han llevado a la redacción de la demanda para que se investiguen los cuatro delitos, el exconsejero Antonio Sesé, después de reconocer que se arrepiente de haber apoyado la venta de las acciones de la Fundación a Peter Lim, enumeró los motivos para la alarma: «En los primeros cuatro años de su gestión se acumularon unas pérdidas de 96,4 millones y en el quinto año se realizó el canje entre Neto y Cillessen para salvar pérdidas de 30 millones, con lo que si se suman las pérdidas reales en cinco años son 127 millones. En 2018 se acumularon 95 millones de deuda a clubes e intermediarios por compra de jugadores que se elevaron a 168 en 2019, mientras el capital social se ha reducido a 21,5 millones con lo que el valor de la acción vale cada vez menos. Todo ha llevado al colapso económico actual, con 141 millones negativos de fondo de maniobra y con 560 millones de deuda. Es algo muy grave, lo último que puede pasar en un club de fútbol es no poder pagar a los jugadores. Somos el hazmerreír del mundo, no se puede consentir que un club centenario esté en esta situación».

Tanto Sesé como Miguel Durán advirtieron en varias ocasiones, durante una exposición que se alargó a las dos horas contando las preguntas de los periodistas, que la querella, además de pedir las responsabilidades penales que correspondan, quiere ayudar a la movilización del valencianismo que está mostrando su descontento con la gestión de Meriton. Es por ello que, en el caso de que sea admitida a trámite, invitan a todos los accionistas y aficionados que quieran adherirse a la demanda que lo hagan.

Javier Tebas ya es conocedor de que se ha presentado la demanda. El presidente de la LFP siempre ha defendido de forma pública la gestión de Peter Lim y fue la persona que aconsejó al empresario de Singapur la contratación de Mateo Alemany como director general. Con Tebas, los querellantes han pedido una reunión así como con las autoridades políticas, Ximo Puig y Joan Ribó, puesto que los poderes públicos también han mostrado su preocupación por la situación del Valencia. «Que sea resarcido hasta el último céntimo. No me mueve ningún fin personal. Lo hago como hacen otros aficionados, cada uno a su manera», zanjó Sesé que puso como ejemplo lo ocurrido en las últimas semanas: «El valencianismo ha vivido con sonrojo el regalo de Parejo al Villarreal y la venta de Coquelin por un precio irrisorio. Es un quebranto el patrimonio del club».

En la querella se solicitan más de dos decenas de declaraciones de testigos pero en la presentación se prefirió no desvelar ningún nombre para evitar cualquier tipo de presión del Valencia –esa fue la razón esgrimida– hacia ellos. Sí que se enumeró que 13 pertenecen al área deportiva, 4 son altos cargos y 6 empleados medios. En caso de ser admitida a trámite, la instrucción puede durar de dos a cuatro años puesto que para seguir «el rastro del dinero» será obligatoria la colaboración de otros países. Con respecto a la Fundación, la vendedora de las acciones a Lim, Sesé apunto que «las condiciones se cambiaron y alguien tendrá que responder por qué y no hubo ninguna exigencia formal para que determinadas cuestiones se exigieran».