El Valencia advierte a Apelación el daño deportivo y económico irreparable de la sanción

El Valencia, que para otros asuntos se suele mover con cierta torpeza en formas y en tiempo, ha arrinconado con bastante acierto al Comité de Apelación con el fin de lograr la suspensión cautelar de la grada el día del partido contra el Espanyol. En un amplio escrito dirigido a este organismo, tras conocerse la sanción impuesta de cinco partidos de clausura a la Grada Kempes y que debe empezar a cumplirse en el encuentro contra el conjunto catalán este próximo domingo (19 horas), los servicios jurídicos del club han confeccionado un amplio recurso de apelación recogiendo jurisprudencia y acumulando sobrados argumentos jurídicos con el fin de lograr que se conceda la suspensión cautelar de esta inusual, sorprendente y a todos luces injusta -por su indefensión- medida.

El objetivo del Valencia lógicamente es evitar a toda costa que contra el Espanyol, y más con la importancia que pueden tener los puntos de cara a la lucha por la salvación, la grada de animación esté completamente vacía, como así ha dictaminado Competición por esos insultos que recibió el madridista Vinícius y que tanta polémica y revuelo han generado.

Por ello, en el escrito de más de treinta folios que ha llegado al Comité de Apelación firmado por Javier Solís se señalan varias e importantes circunstancias que no dejan ciertamente en buen lugar al Comité de Competición. Ya ha advertido el Valencia que está dispuesto a llegar donde sea necesario y de hecho cita en ese escrito al Tribunal Administrativo del Deporte que otorga la suspensión de la sanción de la clausura parcial del recinto sin considerar necesario analizar si concurren o no los requisitos del artículo 117.2 de la Ley 39/2015. El Valencia insta a Apelación a la conclusión (de hecho la llega a calificar de «fácil e inevitable») de que procede otorgar la solicitud de las medidas cautelares.

Y lo hace de manera razonada. Para empezar, porque si se aplicara la sanción en este partido contra el Espanyol sería precisamente con anterioridad a la expiración del plazo concedido legalmente al club para recurrir dicha resolución. Es decir, el plazo que tendría el Valencia es de diez días. De hecho, fue notificada la sanción el 23 de mayo y, por lo tanto, el margen para el recurso terminaría el 6 de junio. Ahora bien, si se cierra la grada el domingo que viene, el daño que se estaría haciendo al Valencia sería «irreparable» porque como admite el escrito firmado por Solís está en juego el «mantener la actual categoría». El daño que se causaría en caso que el recurso del Valencia siguiera adelante y se hubiera cerrado la grada con anterioridad sería «imposible de subsanar».

Al respecto, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia al respecto y que recoge con cierto tino el Valencia en su fundamentación jurídica. El ejemplo de la sentencia del Constitucional 238/1992 es bastante clara ya que considera que la adopción de medidas cautelares se entendería al considerar que el cierre se produjera en un futuro no perjudicaría el interés general. Sin embargo, su aplicación inmediata y su hipotética revocación posterior, sí que causaría lógicamente un daño «irreparable» como ha considerado el Valencia.

El daño que señala el club de Mestalla no es poco. Ni mucho menos. Hay que tener en cuenta, y así lo argumenta el escrito que ha llegado hasta Apelación, que por un lado hay un perjuicio deportivo, por no poder contar cin un importante apoyo de la afición. Por otro, el daño es también a nivel económico pero en su máxima expresión. No sólo en lo que hace referencia a nivel de reputación del Valencia sino el impacto que eso tendría a la hora de tener en cuenta los contratos que el club tiene con sus patrocinadores, y que la propia entidad blanquinegra fija en «millones de euros».

El Valencia, desde el primer momento, ha dejado claro también que está dispuesto a cumplir la sanción si así finalmente se determina. Pero sería en todo caso la próxima temporada.

De momento, y a la espera de ver en qué situación queda, es más que evidente que en el Valencia existe una clara sensación de indefensión. Así se lo ha expresado también a Apelación. De hecho, en el recurso presentado habla de «severa» indefensión. Y es que, no hay que olvidar que el club no ha tenido acceso en esta parte del proceso a toda la documentación y de hecho señala esos vídeos que «presumiblemente» ha aportado el Real Madrid al presentar sus alegaciones. Sin embargo, es más que evidente que nada se parece a lo que indicó el propio colegiado del partido cuando recogió lo sucedido.

La vulneración que ha sentido el Valencia de sus derechos ha sido más que evidente, al no haberse respetado las garantías procesales más básicas. De hecho, en el club se ha considerado que el expediente se debería haber sustanciado mediante un procedimiento extraordinario, para así haber podido estar en condiciones de exponer toda su defensa de manera más efectiva. La vulneración del artículo 7 del propio Código Disciplinario de la Federación queda reflejada en este escrito que estudia el Comité de Apelación, que también está estudiando la jurisprudencia aportada por el club tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional.

Pero va más allá el Valencia. El club insiste en dejar más que claro que no es responsable de los insultos de «una absoluta minoría» del público. Por ello, hace mención a todas las medidas de seguridad que aplicó en este encuentro y que son las que hace por otra parte en cada partido que se disputa en Mestalla. Desde los chequeos de seguridad que se hacen en las puertas de acceso al estadio, hasta la revisión de las famosas pancartas para evitar «mensajes, simbología, lemas o leyendas prohibidas». Eso siempre ha sido así por parte del Valencia, que en sus accesos a la grada tiene diferente cartelería de la propia Liga con mensajes de prevención de la violencia y contra el racismo. Además, recuerda el Valencia al Comité que se pasan estos mensajes a través de los videomarcadores tanto antes de la disputa del encuentro como también en el periodo de descanso.

De hecho, recuerda a Apelación que el coordinador de seguridad que estaba en el estadio recogió en su informe el buen hacer del club en su dispositivo de seguridad hasta tal punto de haber identificado casi de inmediato a los dos aficionados que profirieron actos racistas hacia Vinícius. Por eso, el club considera que no ha incurrido en responsabilidad alguna en lo que apunta «insultos de una minoría del público», destacando «la rapidez del director de seguridad» valencianista a la hora de contactar de inmediato con el coordinador de seguridad para «evitar una trascendencia mayor».

Concluye Javier Solís en su escrito que no hay gravedad suficiente para sancionar al Valencia y que en todo caso debería ser «calificada como infracción leve».

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