Valencia intenta a la desesperada no quedarse fuera del Mundial 2030

La pequeña rendija que se le ha abierto a Valencia es que el CSD está presionando para que Marruecos y Portugal, los socios para organizar la cita mundialista, acepten que España tenga 12 sedes y no 11. «Hasta el rabo todo es toro», indicó un alto cargo al abandonar ayer el pleno consistorial. Santiago Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano, Cornellà, La Rosaleda, La Cartuja, San Mamés, Reale Arena, La Romareda, Riazor y Gran Canaria están en el dossier que la delegación española llevó a Agadir. En ese escenario, Vigo y Valencia se disputarían la última plaza. La realidad, dura, es que la gran diferencia entre esas dos candidaturas es que en la ciudad gallega hay consenso político y la reforma de Balaídos ya está casi terminada. Vamos, el polo opuesto a lo que ocurre en tierras valencianas con este asunto.

El Valencia hasta ahora había esgrimido para no estampar su rúbrica, como sí hicieron el Ayuntamiento y la Generalitat, que existía una inseguridad jurídica al no tener conocimiento de en qué fecha estará la licencia de obras, las fichas urbanísticas de las que obtendría la financiación para acabar el nuevo estadio, el convenio y cuándo se realizará la auditoría externa que decidió el Ayuntamiento para verificar cuánto queda por pagar de las obras del recinto, al no fiarse de las estimaciones de Meriton, que las cifraba en 119 millones.

La solución al problema del nuevo Mestalla, con o sin la 'presión' del Mundial 2030, debe coser dos frentes muy claros; por un lado resolver el futuro urbanístico del estadio con todo lo que eso conlleva (fichas, licencia, convenio y compromiso de garantía de obra) y por otro evitar que el pueblo les pudiera calificar de 'colaboracionistas' con Peter Lim. En su momento, la entidad donde el dueño de Meriton es el máximo accionista llegó a explicar que a pesar de su voluntad de colaborar para traer el Mundial, no podía firmar ningún documento que pudiera acarrear sanciones millonarias en caso de incumplimiento. Todo bajo el argumento principal de la falta de seguridad jurídica y urbanística a la hora de construir el estadio. Algo en lo que ha girado el conflicto desde que Meriton se hizo con la mayoría accionarial del Valencia, partiendo de la base de los reiterados incumplimientos de Peter Lim con la ATE, en torno a las garantías que unos y otros se han solicitado.

Este viernes, la única figura política que no quiso pronunciarse con respecto al bloqueo político y su consecuencia sobre la decisión de apartar a la ciudad como sede mundialista fue la alcaldesa. Para eso está la hemeroteca. María José Catalá, preguntada por este periódico al respecto el pasado 12 de junio, se mostró tajante: «Lo he dicho millones de veces y lo digo una vez más, los plazos del Mundial no me condicionan para dar un trato de favor ni un beneficio sobre nadie, ni en este caso ni en ninguno. Los tiempos de los procedimientos los marcan los funcionarios. es lo que hay».

Que la Federación ha esperado más a Valencia que a nadie lo explica un dato. Para Gijón, con acuerdo político y proyecto firmado para remodelar El Molinón, el descarte llegó mucho antes. Así lo anunció el Sporting en su comunicado: «El plazo de entrega de la documentación requerida finalizaba el viernes 7 de junio, tal y como se hizo saber a la autoridades en reiteradas comunicaciones durante la semana pasada. El Sporting solicitó a las autoridades una reunión para entregar los estudios y propuestas a los que se había comprometido, continuando con los trabajos del protocolo de intenciones firmado por las tres partes. Un encuentro que no se pudo celebrar al no haber recibido respuesta alguna pese a que todos estaban informados de los plazos establecidos. El Sporting confirma que dispone de los estudios económicos y del plan de financiación concluidos, cumpliendo con nuestros compromisos, y lamenta no haberlos presentado y discutido por la ausencia de las otras partes». Es decir, que la entidad asturiana fue descartada aún teniendo un acuerdo firmado con las tres instituciones y un proyecto económico.

La gran beneficiada de las dudas de Valencia ha sido Las Palmas, que ha pasado el corte. El Cabildo de Gran Canaria aprobó destinar 80 millones a la financiación de las obras de remodelación del estadio situado en Siete Palmas, anexo al Gran Canaria Arena donde se disputará la Copa del Rey de baloncesto de 2025, para aumentar sus asientos de 32.418 a 44.462 y entrar en el requisito mínimo de la FIFA que son 40.000 espectadores. El proyecto estará ejecutado en 2027 y también incluye el cumplimiento de otras obligaciones marcadas por el organismo internacional como una cubierta integral en el estadio, una zona de aparcamiento que en el caso canario ampliará la actual en 46.000 metros cuadrados o la mejora de los accesos, en este caso con la ampliación de la Calle Fondos del Segura, la paralela al actual estadio de Gran Canaria.

Otras de las candidaturas que ha avanzado por la derecha al nuevo Mestalla, en su proyecto, es Zaragoza. El 8 de abril se presentó de forma oficial el proyecto por parte de la sociedad La Nueva Romareda, donde el consistorio y el gobierno autonómico firmaron el convenio con el club maño, integrándose las tres partes en una mercantil. El estadio remodelado en la capital de Aragón tendrá una superficie construida de 76.653 metros cuadrados, de los que 52.090 serán del propio estadio y 19.521 para usos terciarios, y se ha aprobado un presupuesto de 148,6 millones. El nuevo campo tendrá capacidad para 43.184 espectadores, de los que 40.769 asientos serán de admisión general, 2.295 VIP y 120 para periodistas.