El Valencia se enfrenta a una guerra de seis años para combatir el injusto cierre de Mestalla

Al Valencia se le presenta otra guerra prolongada y sinuosa (hay que recordar que está abierta una con la Federación por el reparto económico de la Supercopa de España) en busca de la justicia tras la desproporcionada sanción del cierre de cinco partidos de la grada Mario Alberto Kempes tras los insultos puntuales a Vinicius durante el partido del pasado domingo. Tras el fallo del Comité de Competición, el club ya ha decidido que recurrirá al de Apelación, que se reúne este jueves y que, en el caso de no ver reducido o revocado el castigo, agotará las vías que ofrecen las administraciones del deporte. Por el momento ya se ha solicitado la suspensión cautelar para evitar que la zona de animación esté clausurada este domingo, en el encuentro del Espanyol, donde el equipo de Baraja puede certificar su permanencia en Primera, incluso de forma matemática.

Ante la hipotética (y nada descartable, todo lo contrario) opción de que Apelación mantenga el fallo, al Valencia que quedará la posibilidad de acudir al TAD. Fuentes del club apuntan que se va a ir hasta la última instancia… la deportiva. Eso se tiene claro desde las oficinas blanquinegras. Lo que se está analizando a partir de ahí es si se explora también el recorrido que ofrece la justicia ordinaria. Y en este sentido a la entidad presidida por Layhoon Chan se le abra una posibilidad que puede estirar el caso hasta seis años.

Hay un ejemplo claro y cercano en el tiempo: el cierre parcial del Sánchez Pizjuán durante un partido, que se cumplió en un encuentro Sevilla-Celta disputado en el reciente Viernes Santo. La sanción venía de la temporada 16-17 y la entidad hispalense decidió pelear hasta las últimas consecuencias. El castigo finalmente se cumplió, pero puede interpretarse que el club fue hasta el final con su idea de que la sanción había sido desproporcionada desde el or4igen.

Y desde luego, incluso analizando este mismo castigo, el Valencia puede considerar lo mismo con el actual fallo de Competición: porque los insultos -censurables sin ninguna duda- fueron puntuales y no de toda la grada, y porque se le han impuesto cinco partidos frente al único encuentro con el que se clausuraron en su día los sectores N11 y N12 del Sánchez Pizjuán. Los hechos ocurrieron durante un partido de Copa del Rey frente al Real Madrid en los que la grada local centró sus iras sobre Sergio Ramos, y más después de que el exsevillista marcase un penalti a lo panenka y lo celebrase señalándose el dorsal, llevándose las manos a los oídos y mandando callar a la afición.

Al Sevilla los fallos sucesivos fueron llegándole en un mismo sentido: estimación parcial del recurso pero manteniendo la sanción. ¿Y qué implicaba esto? Pues que de forma cautelar se paraba el castigo, pero manteniendo el fallo que Competición había estimado en su origen. El primero que se pronunció en este sentido fue el TAD. A partir de ahí, agotada la vía de los estamentos deportivos, el club del Sánchez Pizjuán decidió ir a la justicia ordinaria, al tribunal de lo contencioso-administrativo.

En 2018 se resolvió del mismo modo, por lo que el Sevilla decidió acudir a la Audiencia Nacional, que en marzo de 2021 falló en el mismo sentido. El final del camino fue el Tribunal Supremo, que en febrero de 2023 tampoco consideró los argumentos del club hispalense. Así, la entidad tuvo que acatar la sanción, pero seis años después de que se la impusiera el Comité de Competición.

La pregunta es: ¿le merece al Valencia esperar tanto tiempo? Parece que al menos a nivel de defender que la sanción es injusta, sí. Ahora los servicios jurídicos del club deben analizar si les conviene a todos los niveles ir hasta las últimas consecuencias. El Sevilla finalmente tuvo que acatar y decidió devolver a los abonados de las gradas clausuradas el importe del pase correspondiente a un partido: en ese caso fueron 18 euros.

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