El Valencia se enroca en un nuevo Mestalla de 49.000 espectadores

Valencia y Ayuntamiento parecen vivir una realidad paralela. Mientras el primero se enroca en que el nuevo Mestalla tenga de salida 49.000 espectadores y ya se ampliará si hay necesidad a 50, 55 ó 70.000 butacas -que es para lo que está preparado-, la posición del Consistorio es inamovible con lo del aforo: quiere un campo de 70.000 desde el primer día. Si por esa cuestión las posiciones están en diferentes orillas (a pesar de que el Valencia admite que de 50 a 70.000 hay 8 millones de euros de diferencia), con la ATE la disputa cada vez parece más enconada. Aunque en todo caso será la conselleria de Territorio la que tiene que pronunciarse al respecto en un proceso que se espera largo y con un final en los tribunales, el Valencia presiona públicamente para que los políticos frenen ese proceso de caducidad de la ATE que se inició hace meses, que den marcha atrás y que la fórmula urbanística siga vigente como si nada. El club necesita la ATE como tal, y no soluciones alternativas aunque éstas le aseguren que le van a mantener los beneficios urbanísticos para el solar del viejo Mestalla. El problema es que el Ayuntamiento -y ahí la que toma partido es Sandra Gómez- le recuerda una y otra vez que la ATE «va a caducarse» y, además, «no se va a ganar tiempo con nuevas imágenes o vídeos», según dejaba claro este jueves.

El intento del Valencia por mostrar una cara más amable no parece que vaya a tener éxito en lo que a las autoridades políticas se refiere. Al menos no en las que tienen poder de decisión. Sin perder de vista la vía que algunos técnicos apuntan y que no sería otra que la 'suspensión' de la ATE -a medio camino entre la vigencia y la caducidad-, lo cierto es que el club inició este jueves una estrategia de comunicación para ganarse no sólo a su afición sino también para tratar de ablandar las posiciones del resto de actores implicados. Abrió por primera vez en trece años -se paró en febrero de 2009- las puertas de la obra de Cortes Valencianas. Lo hizo en un acto preparado para la prensa con el máximo de detalles posibles. Hasta vino Mark Fenwick para volver a cantar las excelencias de un proyecto que lleva años retocando en función de lo que unos y otros le van exigiendo. Hasta estaban sentados en las primeras filas representantes de diferentes colectivos (Pequeño Accionista, Veteranos...) e incluso directivos de la Agrupación de peñas, enfrentadas claramente con Meriton desde hace dos años e inmersa actualmente en la plataforma De Torino a Mestalla.

Allí, en las tripas del anillo intermedio y en medio de un extraño escenario -por la imagen de abandono pero por la ilusión que genera-, todos los representantes del Valencia que hablaron empujaron en la misma línea. Desde el propio arquitecto, hasta Sean Bai, pasando por Cristian Schneider (director de operaciones) e Inma Ibáñez (directora financiera). La versión que quiso transmitir el Valencia es que ya que tiene los 80 millones de CVC casi a punto, no se le pueden poner tantas pegas por los 35 restantes cuando más o menos tiene bastante perfilado la solución a las dudas. Con cierta acidez se preguntaba Ibáñez: «Si en los proyectos privados de esta ciudad se tuviera que garantizar el 100% no se haría nada... ¿Qué le preguntaron a Manuel Illueca (director del IVF)? Si le preguntaron si es un aval, esto no es un aval financiero... pero si le preguntaron si es viable... Es una pregunta muy distinta».

El Valencia se aferra a las negociaciones que ya tiene avanzadas en varios frentes, en especial del terciario. «El señor que compra quiere saber los metros que compra y eso nos dará la licencia de construcción y la continuidad de la ATE. Antes de 2024 ya lo habremos cobrado todo. Para mí es fundamental. La otra oferta era el edificio de oficinas. No son ofertas vinculantes pero no quiere decir que no sean ciertas. Seguro que llegaremos a un acuerdo».

El Valencia volvió a repetir prácticamente los mismos términos en el último escrito presentado a la conselleria de Territorio. Y ahí entran en juego tanto CaixaBank como Rights and Media, con 15 millones de euros cada uno como préstamos puente en el caso de que hubiera que echar mano de ello. El matiz es que el banco ha exigido que sí o sí la ATE esté viva. Para el IVF, este apoyo financiero ni las intenciones de los futuros compradores fue suficiente. Y tampoco lo será ahora seguramente.

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