Los 10.000 objetores de la asignatura de valenciano

Pese a que esta prerrogativa es casi tan vieja como la democracia -se desprende de la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano de 1983- ha recuperado actualidad en las últimas semanas tras conocerse el próximo cambio en materia de lenguas que afectará a las aulas el curso que viene.

Si quieren, los centros de los municipios situados en la zona de predominio castellano podrán recuperar el español para todas sus materias con la única excepción de la asignatura de Valenciano propiamente dicha, cuya impartición, es importante recordar, es obligatoria en toda la Comunitat desde mediados de los años 80. El argumento, esgrimido por el conseller José Antonio Rovira, es evitar la «incongruencia» de que estos alumnos, que pueden sortear la evaluación de la materia mediante la exención -también blindada en la citada ley- estén recibiendo en valenciano otras áreas no lingüísticas por acción de la Ley de Plurilingüismo botánica.

Además, tras el anuncio llegó la reivindicación de la asociación Hablamos Español, que pidió que esta posibilidad también se aplique en los territorios valencianohablantes -donde tradicionalmente se usaba, aunque haya decaído- para cubrir las preferencias de residentes cuya lengua materna es el castellano.

El debate también se ha alimentado en clave local, con la petición del grupo municipal de Vox en Alicante de cambiar la adscripción lingüística de la ciudad. La solicitud soliviantó a departamentos universitarios y a entidades como Escola Valenciana, y fue retirada en el último momento tras conseguirse, según el partido, el compromiso del Consell.

Aunque la exención vuelva a estar de moda, son varias las imprecisiones sobre sus efectos, los clichés sobre sus motivaciones o el desconocimiento de su alcance, pues en los últimos años no han trascendido datos concretos sobre peticiones y aprobaciones, más allá de declaraciones de los anteriores gestores botánicos sobre su reducción, que aunque real, requiere de contexto.

La Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Ordenación y Política Lingüística, ha extraído los datos de los últimos cursos, lo que permite trazar una radiografía precisa de las diferencias y las causas que llevan a una familia (o a los alumnos mayores) a ponerse de perfil ante la asignatura de Lengua y Literatura Valenciana.

En el último ejercicio, el 2022-2023, se registraron 10.863 solicitudes. Y 9.536 procedían de estudiantes del ámbito castellano, lo que sustenta la idea de que en los municipios valencianohablantes, mucho más numerosos y con mayor densidad de población, es una opción muy minoritaria.

Si se fija la mirada en la primera zona y en su distribución por etapas, se llega a la clave de la cuestión. 875 peticiones procedían de Primaria (2,34% de la matrícula total), 3.075 de la ESO (12%) y 5.586 de Bachillerato (82,74%). Dicho de otra manera, ocho de cada diez alumnos del nivel postobligatorio, en estos municipios, pidieron la exención. Una mayoría aplastante.

Pueden influir cuestiones como preferencias lingüísticas en casa -la lengua materna es el castellano- e ideológicas -que es arma política no sorprende a nadie-, y también la falta de reconocimiento oficial de años de escolarización mediante un título oficial -se da automáticamente el B1, ni siquiera un nivel de usuario considerado competente-, pero las cifras apuntan más a un criterio efectivo. Y es que la exención hace que la asignatura no compute en la media de Bachillerato, un 60% en la nota de acceso a la universidad, y de paso les permite evitarse el examen de selectividad. La idea no sólo se desprende de los datos, también la comparte la conselleria.

La pregunta que se suscita a continuación es por qué, pese al supuesto beneficio, se dan semejantes diferencias en los municipios valencianohablantes, donde las solicitudes supusieron el 0,03% de los matriculados en Primaria (96), el 0,21% de los de la Secundaria Obligatoria (400) y el 1,52% de los de Bachillerato (831).

Para encontrar una explicación hay que analizar los supuestos en los que se permite la exención, porque mientras que en las zonas castellanohablantes es un derecho más al alcance de los alumnos -no hay limitación en su solicitud ni tiene una duración temporal acotada- en las valencianohablantes está mucho más limitado. En estos casos sólo está a disposición de los que acreditan una residencia temporal en la Comunitat (hasta dos años de duración) y del alumnado de nueva incorporación en 1º o 2º de Bachillerato, siempre que sea la primera vez que se matricula en un centro autorizado de la autonomía, pues no valen cambios.

En cuanto a la selectividad, a diferencia de los municipios castellanohablantes, es una posibilidad restringida a las nuevas matrículas que llegaron en 4º de la ESO o 1º y 2º de Bachillerato. Eso sí, aunque los de predominio lingüístico castellano evitan el examen directamente sólo por estar matriculados en estas zonas y ser exentos, esta prerrogativa se mantendrá hasta la convocatoria de 2026. En 2027, según una orden normativa aprobada en 2021, sólo valdrán los supuestos referidos anteriormente: para los recién llegados en alguno de los tres cursos previos. Es decir, tendrán que hacer el examen salvo que antes se modifique esta regulación.

No ha sido la única medida que adoptó el Botánico en relación a la exención de la asignatura. El curso 2017-2018 se planificó en base al decreto de plurilingüismo, el primer modelo de la izquierda para aumentar el peso del valenciano en las aulas, que insistía en el apartado de objetivos en que el alumnado debía tener un «dominio elevado y equivalente de las dos lenguas cooficiales», lo que pudo producir cierto efecto de inhibición. En la normativa anterior, del PP, se hablaba de una «competencia lingüística igual», un matiz ligero, pero sustancial. Por no hablar de que en el formulario de solicitud se incluyó, un curso más tarde, un apartado en el que se advertía de que la exención podría ser negativa para el alumno. Desde entonces las cifras de peticiones en las zonas castellanohablantes no han superado la barrera de los diez mil estudiantes, como pasaba en años previos.

Los datos de todo el periodo facilitados por la conselleria dicen que, sumando las dos zonas de predominio lingüístico, las solicitudes han pasado de las 12.057 del 2016-2017 a las 10.863 del 2022-2023 (-9,9%). En la castellanohablante la bajada es del 16,6% (desde el 2014-2015) y en la valencianohablante del 35% (desde el 2016-2017, hasta donde llegan los datos), lo que también se explica por el cambio introducido en el 2019-2020, cuando la exención dejó de aplicarse a alumnos recién llegados (sólo a los de residencia temporal). Su efecto se ve mejor en las cifras de solicitudes aceptadas. Mientras que antes superan el 90%, tras la modificación los porcentajes han oscilado entre el 32% y el 53%.

En cuanto a los efectos de la exención, se ha extendido la creencia de que da derecho a no acudir a clase, cuando en realidad sólo se evita la evaluación de la materia. El alumno también debe hacer las mismas actividades que el resto de compañeros.

El Botánico también se caracterizó por fomentar la promoción del valenciano más allá de la escuela, con un incremento presupuestario de 48,3% desde 2016. Aunque los resultados han sido agridulces, según muestran las encuestas oficiales. Si bien es cierto que su conocimiento ha subido, también en zonas castellanohablantes, su uso se ha estancado en las valencianohablantes, que son las únicas que han sido evaluadas en este indicador en las diferentes oleadas contratadas por la conselleria. Si se observan las encuestas realizadas en 2015 y 2023, de siete parámetros susceptibles de comparación el uso sube en cuatro y baja en tres. El castellano, en cambio, ha crecido en seis de los siete.