Afectados por los deslindes y el ministerio chocan por la legalidad de las actuaciones

El portavoz de la plataforma vecinal Somos Mediterrania, Manuel López, afirma que las consecuencias para ellos de la decisión del Supremo son dos. Por un lado, desde el punto de vista jurídico, la sentencia supone la anulación de todos los deslindes que se han efectuados amparados por el reglamento de ley de Costas. López lamenta, además, que el motivo del fallo haya sido la falta de participación pública «porque supone que el ministerio no ha contado con las asociaciones para su redacción».

«Es una norma nula por lo que las actuaciones que se han llevado a cabo basándose en ella tienen que volver a iniciarse», ha apostillado el portavoz de la plataforma que ha añadido que Costas tiene que dejar que caduquen.

López también se ha referido a las afirmaciones de la ministra Teresa Ribera en el Congreso de los Diputados el pasado martes. En ellas, la también vicepresidenta tercera del Gobierno señaló que lo van a tramitar de nuevo. El portavoz de la plataforma ha destacado que van a presentar alegaciones al documento que espera que el ministerio las atienda.

Además, el portavoz de los vecinos ha indicado que la sentencia también tiene una lectura política y es que «la Administración sigue obcecada en normativas que no funcionan y que han provocado un informe de la Unión Europea».

Por su lado, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado que la decisión del Supremo «no implica la anulación de ningún deslinde». El argumento es que muchos de estos se han hecho de acuerdo con el reglamento anterior que data de 2014. «En todos los (deslindes) aprobados desde la modificación reglamentaria se hubiera establecido la misma línea de ribera del mar aplicando el reglamento de 2014, bien porque el alcance del oleaje ha sido sólo uno de los criterios aplicados y el resto (inundabilidad, características de playa o acantilado, etcétera.) ya determinan la pertenencia al dominio público, bien porque el alcance de los mayores temporales coincide con el criterio de alcance cinco veces en cinco años».

Las mismas fuentes sostienen que la modificación de los criterios de deslinde del dominio público marítimo terrestre operada por el nuevo reglamento «hubiera tenido efectos más a largo plazo, dados precisamente los efectos del cambio climático, pero aún no en los practicados inmediatamente tras su aprobación puesto que estos efectos aún no son tan patentes como lo serán en los próximos años».

Desde el ministerio sostienen que esta modificación «no entra en el fondo de la regulación, sino que la anulación es por motivos de forma». Además, afirman que se llevó a cabo con «una amplísima participación pública sobre el proyecto, abierta a toda la ciudadanía y comunicada a todos los potenciales afectados». También indica que se estudiaron y tuvieron en cuenta «las numerosas aportaciones recibidas. Es decir, se garantizó la total participación ciudadana». Por todo ello, estas fuentes destacan que al no haber defectos de fondo, «se puede volver a tramitar la modificación con el mismo contenido».

También sostienen desde el ministerio que la modificación del reglamento «afectaba a muy pocos artículos del reglamento aprobado en 2014». Señalan que los cambios «más relevantes se referían a concesiones y deslindes y se introdujeron para adaptar el reglamento a la normativa vigente, así como para tener en cuenta los efectos del cambio climático, puestos de manifiesto en la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la costa española, aprobada en 2017».

Ante esta disparidad de criterios, la asociación ha pedido una reunión a la ministra o la Dirección General de Costas «para poner sobre la mesa todas estas cuestiones y que la normativa cuente con la gente». «Queremos diálogar y que las normas no se apliquen retroactivamente como se está haciendo», ha recalcado.