El Gobierno liquida el Tajo-Segura al reducirlo en más de 100 hectómetros cúbicos

Varapalo para la agricultura alicantina. El Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente el Decreto Ley que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027, entre ellas la de la cuenca del Tajo. Esta modificación supone la liquidación del trasvase al Segura al reducirse entre 70 y 110 hectómetros cúbicos el traspaso en los próximos cuatro años.

Este documento recoge un aumento de los caudales ecológicos del río de seis metros cúbicos por segundo a 8,6 en 2027 y un recorte de 105 hectómetros cúbicos anuales al Trasvase Tajo-Segura, principal fuente para los cultivos de regadío del sur de Alicante, Murcia y parte de Andalucía.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido de la necesidad de anticiparse para asegurar la disponibilidad de agua en las zonas con mayor riesgo en materia de recursos hídricos. Por ello, ha defendido la aplicación «por primera vez» de un caudal ecológico para el Tajo, para garantizar la «buena gestión» con un caudal ecológico que no suponga «ningún riesgo» para las cuencas que hasta ahora se han beneficiado del Tajo-Segura.

Según la ministra, la reducción de unos 100 hectómetros cúbicos al año se compensará con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío. Así, ha subrayado que estos recursos hídricos adicionales permitirán «como mínimo» 140 hectómetros cúbicos nuevos, es decir un volumen «superior al agua que se dejaría de trasvasar como pérdida del caudal ecológico incluso en épocas de sequía».

En ese sentido, ha agregado que el Gobierno no quiere que estos recursos supongan una «carga inasumible» a los agricultores por lo que se ha comprometido a poner un precio tope de 34 euros para el agua desalada e inversiones en eficiencia del regadío.

Otro de los aspectos que también incluye el nuevo plan del Tajo es la revisión de los caudales mínimos. Este aspecto plasmado en la disposición tercera y novena se consiguió incorporar a última hora del lunes tras la negociación entre la Generalitat Valenciana y el Ejecutivo central.

El Consell se había mostrado en las últimas semanas muy combativo contra este documento que afecta de lleno a la economía de la Comunitat. Sin embargo, pese a las conversaciones con el ministerio no se ha conseguido frenar el recorte del trasvase y solo se ha añadido una disposición que abre la puerta a una futura revisión del caudal ecológico del Tajo.

Según el documento, se analizará el impacto de los caudales ecológicos fijados sobre las cuencas receptoras del trasvase Tajo-Segura. En este sentido se tendrá que aprobar un 'programa especial de seguimiento' que incluirá la constitución de una comisión bilateral entre representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat que se reunirá «al menos, una vez al año».

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya había manifestado horas antes de conocerse el recorte en el trasvase que «pase lo que pase» el Consell continuará «reivindicando y dialogando». Por su parte, la vicepresidenta ha asegurado que demostrará a las comunidades autónomas su compromiso con los proyectos anunciados.

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