¿Quién apretó el gatillo?

Los exdirigentes etarras Francisco Mújica Garmendia, José Luis Álvarez Santacristina y José Luis Urrusolo Sistiaga fueron condenados en 2003 como inductores del asesinato de Manuel Broseta Pont. La Audiencia Nacional impuso sendas penas de 30 años de cárcel a los dos primeros y otra de 28 años de prisión a Urrusolo, y también los condenó a indemnizar con 800.000 euros a los herederos de la víctima.

Según la sentencia, la dirección de ETA dio instrucciones a dos miembros de la banda para asesinar al profesor alicantino al considerarlo un objetivo primordial por su gran relevancia política y social. Consejero de Estado, exsenador de UCD, profesor universitario y jurista, Broseta fue uno de los máximos responsables de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, y formó parte de los consejos de administración de Banco de Valencia, Autopistas Aumar, Española de Zinc, Dragados y Construcciones y Unión Naval de Levante, entre otras empresas.

«Nunca pensábamos que esto le pudiera ocurrir porque ya estaba alejado de la política», afirmó años después del atentado el expresidente de la Generalitat Valenciana, Joan Lerma, quien añadió que la noticia del asesinato de Broseta «fue un auténtico mazazo».

¿Pero quién apretó el gatillo? ¿Quién disparó por la espalda con alevosía al profesor? Tras una ardua investigación, la Policía Nacional identificó a los presuntos autores del atentado, Juan Jesús Narváez Goñi y a su pareja, Itziar Alberdi Uranga, que fueron detenidos en México en 2014 después de permanecer 22 años huidos. Ambos etarras escaparon tras la desarticulación del comando Ekaitz, al que la Policía atribuye 18 asesinatos en un solo año, aunque en el juicio negaron la autoría del atentado que sesgó la vida de Broseta.

Sin embargo, la Audiencia Nacional los absolvió por falta de pruebas al considerar que no existen elementos incriminatorios suficientes para acreditar su participación en el crimen. La Policía encontró huellas de Narváez y Alberdi en un piso de la calle Puebla de Farnals en Valencia, donde los asesinos planificaron el atentado, pero el tribunal dictaminó que carecían de valor probatorio al no haber sido halladas en objetos «directamente relacionados con el asesinato».

Además, las cartas incautadas a la banda terrorista no reflejaban de manera precisa la participación en el atentado de los acusados, y el etarra Fernando Díez Torres se desdijo en el juicio después de haber incriminado a Narváez y Alberdi durante los interrogatorios policiales.

Según la sentencia, la pertenencia de los procesados a ETA quedó probada, «pero no todos los miembros de un comando participan en todas las acciones». Por ello, el tribunal concluyó que no podía penarlos por el asesinato de Broseta desde «el terreno de la mera especulación».

Pero no se libraron de la cárcel. Nueve meses después, la Audiencia Nacional los condenó a 296 años de prisión por el envío de un paquete bomba que causó la muerte de dos policías expertos en la desactivación de explosivos.

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