Los impagos de Igualdad amenazan la atención a menores en los centros de la Comunitat

En concreto, en una resolución que se puede encontrar en la página web ha llamado la atención sobre la deuda de once millones de euros que tiene la Conselleria de Igualdad con las empresas que gestionan estos centros. El Síndic llega a advertir que estos impagos están poniendo en riesgo la atención de estos menores.

La resolución se refiere a la situación contractual y de pagos que afecta a trece centros de protección a la infancia y a la adolescencia, a tres programas de ejecución de medidas judiciales en medio abierto y a seis residencias socioeducativas. Todos ellos son centros de titularidad pública y gestión privada.

La deuda, que ahora asciende a algo más de once millones de euros, llegó a superar los 21 millones el pasado septiembre. El problema se agrava, según el Síndic, porque la mayoría de estas residencias «se encuentran sin cobertura contractual y, por tanto, en situación de resarcimiento por enriquecimiento injusto». Es decir, se les ha terminado el contrato y no se les ha renovado. Esta situación, prosigue la resolución, se retrotrae en algunos casos a 2019.

Algunos de ellos tienen en trámite el nuevo contrato desde agosto de 2022 pero no se ha podido cerrar por varios errores en los pliegos de condiciones.

En el caso de las seis residencias socioeducativas se encuentran en esta situación de enriquecimiento injusto «habiendo finalizado las prórrogas de los contratos en 2019 y 2020». Además, en este caso, la conselleria prevé la reversión al servicio público antes de que acabe el presente año. Los centros afectados por la presente queja atienden a 509 niños y adolescentes.

El Síndic de Greuges ha tenido conocimiento de que algunas de las entidades afectadas por la deuda «tiene dificultades para hacer efectvos los pagos de las nóminas o pagas extras de sus trabajadores.

El defensor del pueblo valenciano califica de «deficiente» la gestión por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la renovación de los contratos. En este sentido, añade que de «los procedimientos administrativos seguidos para la contratación de gestiones integrales de centros públicos por parte de entidades privadas está provocando situaciones de falta de cobertura contractual, importantes demoras en los pagos, acumulación de deudas a las entidades a las que deben hacer frente con créditos solicitados a entidades bancarias, dificultades de estas entidades para poder hacer frente a sus obligaciones con sus trabajadores así como con sus proveedores y, por tanto, ponen en grave riesgo la calidad de la atención prestada a los niños en ellos atentendidos».

Además, la Sindicatura considera que esta situación se produce «de forma sistemática». Y señala que la conselleria ha aceptado las recomendaciones de la institución únicamente de manera formal porque al final siguen sin ponerles una solución.

Ante ello, el Síndic considera que conforme al Código Civil ha habido «mal desempeño del cargo tutelar» por parte de la conselleria y recomienda que se ponga fin a todas estas irregularidades poniendo fin al sistema de enriquecimiento injusto y abone las deudas.