Autogestión tras una tragedia que les superó a todos

La escena, real, se vivió en una de las localidades afectadas por la barrancada. En otras, fue imposible, porque la magnitud de la tragedia (nos) superó a todos los ayuntamientos. Hablamos de consistorios razonablemente pequeños. El presupuesto anual de Paiporta, por ejemplo, para 2021 fue de 21,8 millones de euros; y el de Catarroja, de 23,8 millones. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la magnitud de las pérdidas superaría fácilmente los 17.000 millones de euros, una cifra muy superior a las estimadas en términos de reducción del PIB de 2024. Es sencillo imaginarse lo tremendamente superados que han estado los Ayuntamientos.

Y eso que, los primeros días, fueron los únicos en responder. Como aquella mañana en Paiporta, en la que un grupo de vecinos acudieron al Ayuntamiento, a pie de barranco, para preguntar por qué unos chicos que venían de Extremadura con una máquina extractora de lodos habían sido retirados de su garaje todavía inundado tres semanas después. «Nos han dicho que lo ha pedido el Ayuntamiento», decían. Una concejala bajó y les pidió los datos. Las chuponas volvieron horas más tarde.

Pero es justo decir que les superó. Y tanto que les superó. En algunos de los pueblos afectados había hasta 46 fallecidos. «Va a haber cientos de muertos», dijo la entonces alcaldesa de Chiva, Amparo Fort. No los hubo. Pero cada víctima era vivida en los municipios afectados como un mazazo. Todos conocían a alguien que había perdido a alguien o, en el peor de los casos, eran ellos mismos quienes tenían que llorar a un fallecido. Las calles estaban impracticables, las alcantarillas rezumaban lodo, el agua potable no llegaba, el alumbrado público no funcionaba, había saqueos, los ascensores estaban destrozados, había que caminar horas hasta Valencia para comprar una pala... Los problemas se acumulaban. Las administraciones locales, las más cercanas al ciudadano, se mostraron impotentes. Salvo el de Valencia, que es el más grande y que tiene un presupuesto de más de mil millones de euros. Aunque también es justo decir que sólo una pequeña parte de la ciudad se vio afectada: el plan Sur salvó al cap i casal.

Los alcaldes pronto se mostraron enfadados con la falta de ayuda. Las primeras ediles de Catarroja, Benetússer y Paiporta se plantaron en el Cecopi una fría tarde de diciembre, hartas de que, según ellas, nadie les hiciera caso. Probablemente algo tuvo que ver que todas ellas fueran del PSPV. Su insistencia por participar en las reuniones del Cecopi data de los primeros días, pero con el paso del tiempo el foco del enfado en los pueblos viró, o al menos se diversificó: de Mazón y su comida en la tarde de la dana y de Sánchez y su abandono a los alcaldes.

Se vivieron escenas tensas y desagradables en los primeros plenos convocados tras la dana. Particularmente duro fue el primero que tuvo que vivir Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja. Con un gesto cansado, la primera edil tuvo que intervenir en varias ocasiones para aplacar a vecinos que pedían explicaciones. Fue un pleno en el que Silvent se refería a los vecinos que cortaban el debate por su nombre de pila, porque en la zona cero casi todos se conocen. Situaciones similares se vivieron en otros consistorios, que han tenido que enfrentarse al enfado de los vecinos mientras, a su vez, intentaban cargar contra las administraciones más grandes.

Hablábamos de que la tragedia había superado a todos. Cuando hubo que retirar más de 160.000 vehículos de las calles de los pueblos, los consistorios se encontraron con un problema: ¿dónde los ponían? La respuesta no era fácil. Un decreto del Gobierno autorizaba a retirarlos de vía pública, sí, pero tenían que hacerlo los ayuntamientos. Ayuntamientos que, conviene recordar, tenían que lidiar con otro centenar de problemas (construcción de puentes, limpieza de centros de salud, abastecimiento de medicamentos...). Los coches comenzaron a amontonarse... bueno, donde fuera. Donde cupieran. Patios de colegios destruidos, campos de fútbol arrasados, solares convertidos en lodazales o parcelas industriales que se habían salvado del agua se convirtieron en almacenes de vehículos destrozados. Las montañas de chatarra pronto se convirtieron en un triste recordatorio de la tragedia.

Y el ritmo de retirada de los coches de la vía pública no era el correcto. Faltaban máquinas pesadas, organización... y, cuando ya estaban en los solares, había que retirarlos de ahí. Y de nuevo fueron los ayuntamientos los que tenían que contactar con los centros de tratamiento de residuos para que se los llevaran, mientras muchos vecinos decían que nadie había evaluado sus coches y que, por tanto, a ver si el seguro les iba a dar menos dinero. O que ellos querían poder ganar dinero de la chatarra, pese a que esa valoración ya estaba incluida en la indemnización del consorcio de seguros. El incendio de un coche en un solar de Catarroja, el 16 de diciembre, hizo que el ritmo de retirada de coches aumentara una vez que la Generalitat dispuso de un espacio para trasladarlos.

Los accidentes mortales en Massanassa y Benetússer, donde fallecieron respectivamente un operario que limpiaba un colegio y otro que trabajaba en el vaciado de un sótano, fueron sendos mazazos para los ayuntamientos de la zona cero. Entre los desperfectos con que se encontraron figuraban, por supuesto, los centros escolares destruidos, así como cientos de garajes repletos de lodo. Ambos siniestros se dieron en instalaciones ya revisadas por los arquitectos municipales.

Una vez finalizada la fase emergencia más inmediata, los consistorios se concentran en reponer el mobiliario urbano. Bancos, papeleras, buzones... elementos que ayudan a hacer el pueblo más 'paseable', algo importante para recuperar el ánimo, sobre todo con vistas a la llegada de la primavera y del buen tiempo. Localidades que rodean el barranco, como Catarroja o Picanya, ya trabajan en mejorar las zonas verdes para recuperar la normalidad.