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EP / D. G.
Domingo, 11 de junio 2023, 00:30
El respaldo del Tribunal Supremo a las rebajas de condena practicadas por las audiencias provinciales españolas tras la entrada en vigor de la conocida como 'ley del sólo sí es sí' ha abierto la puerta a que se produzcan muchas más ante la expectativa de que aquellos delincuentes sexuales a los que se les negó la reducción acudan ahora a la Justicia para que les aplique el criterio fijado por el alto tribunal.
En el caso de la Comunitat, los órganos judiciales siguen con la revisión de las condenas derivadas de este texto legislativo y, por el momento, el proceso se ha saldado con la reducción de condenas en 148 casos y trece excarcelaciones. Son datos proporcionados por el Consejo del Poder Judicial a partir de la actividad del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y de las audiencias provinciales de Valencia, Castellón y Alicante.
Así, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) celebró entre el martes y el miércoles de esta semana un pleno monográfico para analizar, a través de 29 recursos, si los tribunales inferiores habían aplicado correctamente la ley impulsada por el ministerio de Irene Montero en condenas firmes.
Hasta ahora, los tribunales habían optado por aplicar rebajas automáticas o mantener las penas antiguas allí donde fuera posible. En términos técnicos, el debate jurídico se situó entre el artículo 2.2 del Código Penal (CP), que recoge el principio de retroactividad a favor de reo, y la disposición transitoria quinta del CP de 1995, que insta a conservar las condenas cuando quepan en la nueva horquilla penal.
La Sala Segunda rechazó la aplicación de la citada disposición, lo que 'de facto' supone desacreditar la tesis señalada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que abogó por no mover la pena si era posible imponerla con la nueva ley.
Hasta el 1 de junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha contabilizado 1.127 rebajas de pena y 115 excarcelaciones, pero fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que es probable que estas cifras se disparen de cara a la próxima actualización de los datos, prevista el 1 de julio.
En primer lugar, apuntan que cabe esperar que aquellos delincuentes sexuales a los que los tribunales negaron la reducción de pena, siguiendo la pauta marcada por el Ministerio Fiscal, recurran ahora para exigir que su caso se revise a la luz de la doctrina fijada por el Supremo.
Además, fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que desde que el alto tribunal anunció en abril que en junio celebraría este pleno monográfico muchos tribunales decidieron «parar máquinas» hasta conocer la posición de la Sala Segunda.
En este sentido, las citadas fuentes creen que podría haber una distorsión en los datos recabados hasta el 1 de junio y que el 'efecto Supremo' se notará ya en los del 1 de julio.
Y es que la doctrina alumbrada por el Supremo servirá de guía para las futuras revisiones de condenas firmes por delitos sexuales. Fuentes jurídicas auguran que la Justicia podría tardar hasta cinco años en terminar de ajustar las penas.
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