El varapalo de Antifraude obliga a Ribó a cambiar la norma de contratos menores

Campillo, que se ha encargado de controlar la investigación dentro del Ayuntamiento porque la denuncia del PP afectaba «a muchos servicios», ha confirmado este viernes tras la Junta de Gobierno Local que va a trasladar el informe final de Antifraude al vicesecretario general de intervención, el alto funcionario encargado de la contratación, para que vea qué recomendaciones de las que hace la agencia se pueden implantar. Se desconoce qué va a pensar el secretario, pero no sería de extrañar que fuera algo parecido a «ya era hora», porque se da la circunstancia de que, año tras año, los informes de Intervención Municipal alertan del exceso de contratos menores, sobre todo en casos recurrentes cada ejercicio que pueden planificarse con la suficiente antelación como para poder sacarlos a concurso público.

El vicealcalde de Compromís ha explicado que se da «una visión equivocada y falsa del informe», al tiempo que ha insistido en que no se ha detectado «fraude y corrupción». Hasta en tres ocasiones lo ha repetido, obviando que el párrafo siguiente habla de que, no obstante esta cuestión, «esta Agencia sí considera que se ha nproducido déficits en e ladecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y sus principios generales reguladores de la actuación administrativa pública en materia de contratación pública y procedimiento administrativo». «La mayoría de las recomendaciones serán aceptadas, tenemos tres meses para ello», ha indicado el concejal Campillo.

Esas recomendaciones hablan de fijar con anterioridad a la adjudicación de los encargos los criterios para determinar el precio del mismo, que se incorporen detalaldamente los criterios técnicos o juicios de valor que fundamentan la adjucación de contrataciones menores a las ofertas que no son las más ventajosas económicamente, que se acredite documentalmente la llegada de las ofertas, que se impida la presentación de ofertas por parte de personas vinculadas, que se excluyan a los licitadores que presenten más de una propuesta o que se prohíba que los contratos menores duren más de un año. Además, las recomendaciones exigen que se aplique la regulación de bajas temerarias para que no se pueda aplicar en perjuicio de los derechos de los licitadores o que se prohíba modificar un contrato menor si la cuantía agregada supera los umbrales para este tipo de instrumentos de contratación.

En definitiva, toda una batería de medidas que ahora debería decidir el Consistorio si asume o no. Cabe recordar que el anterior concejal de Hacienda, Ramón Vilar, también afeó a sus compañeros el uso y abuso de los contratos menores. «Este informe se va a remitir a la vicesecretaría general del Ayuntamiento para que analice las recomendaciones de la agencia y lo estime en el caso que considere necesario, que ya avanzo que algunas seguro que vamos a aceptar», ha dicho Campillo, que ha proclamado: «Manos limpias y la cara bien alta». «Los expedientes tienen todos los requisitos que la actual instrucción de contratación. A juicio de la Agencia, esos requisitos, que van más allá de lo que pide la ley, no son suficientes», ha recordado Campillo.

En el mismo sentido se ha expresado Sanuán, que ha dicho que los procesos son «mejorables», pero más estrictos «de lo que dice la ley». «Es muy difícil, en una ciudad en la que ayer se firma el canal de acceso o se inaugura la plaza de la Reina, tener un proyecto alternativo. La derecha está obsesionada por encontrar una trama. Lo que queda es el ridículo del ridículo», ha terminado el concejal socialista.

Es una frase que casi podría pasar desapercibida en el marasmo de casi 100 páginas del primer informe de Antifraude, pero que evidencia que la cantidad de contratos entre La Paisatgeria y empresarios afines y el Consistorio podía ser mucho más elevada. «Esta agencia tiene constatación de la existenci ade otras contrataciones a favor de las personas reseñadas, celebradas por entidades dependientes del Ayuntamiento de Valencia que conforman su sector público, pero dada la extensión y complejidad alcanzada por la investigación actual, no se ha podido ampliar el objeto de la misma», indica el informe.

El grupo municipal popular alegó, tras este primer documento, para que pedir que se investigaran el resto de contratos, tanto del propio Ayuntamiento como de empresas de lo que se conoce como sector público local, como la EMT, o incluso por organismo autónomos como el de Parques y Jardines. Además, la agencia admite la existencia de contratos entre estos mismos empresarios y la Generalitat por valor de más de 144.000 euros, que tampoco ha investigado. El Ayuntamiento había anunciado en el pleno del jueves que iba a presentar alegaciones al documento final, pero ese anuncio no fue secundado en la rueda de prensa del viernes. Lo cierto es que el caso parece lejos de terminar y no se descartan nuevas denuncias que fuercen a Antifraude a investigar los contratos que se han quedado feura de esta primera investigación, ni peticiones de comparecencia en Les Corts para que la Generalitat explique los contratos.