Antifraude carga contra el Ayuntamiento de Valencia por reiterar contratos con las mismas empresas

En el informe, Antifraude hace hincapié en la relación entre los miembros de las distintas empresas que se presentaban a los concursos municipales. «Se constata que se podría haber comprometido la objetividad y la eficiencia en la asignación de recursos públicos, al haber procedido el órgano gestor a cursar invitaciones a tres personas físicas relacionadas, lo que podría haber provocado una situación de concertación de precios y una conducta colusoria del mercado, pues los tres licitadores poseen nexos empresariales en entidades vinculadas», asegura el documento. «En algunos expedientes se ha solicitado oferta a proveedores previamente vinculados por relaciones interprofesionales», señala Antifraude.

El documento también indica que se han detectado «prácticas irregulares que no cumplen adecuadamente con los principios inspiradores de la Legislación sobre Contratación Pública», así como «actuaciones que podrían eventualmente suponer infracciones al ordenamiento jurídico». En este sentido, el informe de Antifraude, que llega tras la denuncia del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia, se habla de deficiencias como falta de justificación «de los criterios para la valoración del precio del contrato y su ajuste a precios de mercado» o incluso «selección de la oferta que no supone la económicamente más ventajosa sin justificación».

A este respecto, Antifraude señala que en algunos expedientes se ha comprobado que se ha adjudicado el contrato «en favor de las propuestas que no suponen el mayor ahorro económico, sin justificación técnica que apoye la decisión, y sin que conste acreditado en el expediente los criterios de selección que se iban a seguir». Por este motivo, la agencia recomienda al Consistorio «que adopte las disposiciones internas que procedan en orden a que por los órganos gestores se incorporen justificada y detalladamente los criterios técnicos o juicios de valor que fundamentan la adjudicación de contrataciones menores a las ofertas que no son las más ventajosas económicamente».

A este respecto, el Consistorio lo que hacía era aplicar la regulación sobre bajas temerarias, que es cuando una empresa ofrece mucho menos de la cantidad por la que se licita el contrato y la administración no adjudica el contrato a esa mercantil por miedo a que no pueda cumplirlo. Así, se descartaba la empresa que hacía el contrato a menor precio y se adjudicaba a otra al argumentar que, en realidad, estaba haciendo una baja temeraria: «El órgano gestor afirma, contradictoriamente, que dicha regulación no es de aplicación a la contratación menor, pero la utiliza para descartar la oferta económicamente más ventajosa, adjudicando de esa manera el contrato a una oferta de mayor coste, sin conceder trámite de audiencia al licitador a excluir, ni solicitar la justificación de la oferta como regula la normativa de contratación respecto a las ofertas temerarias, causando indefensión al licitador».

Además, la agencia considera probado que en algunos expedientes la petición de ofertas se hacía de forma verbal, mientras que la recepción de las mismas se hacía en mano. Respecto a la incorporación de las ofertas, a veces las hacían los propios técnicos.

Respecto a las posibles prácticas que podrían ir en contra del ordenamiento jurídico, Antifraude ha detectado presentación por parte de las empresas de una oferta o, incluso, de ofertas de otros licitadores en contrataciones relacionadas. El rosario de irregularidades detectado por la agencia incluye «la omisión del informe sobre el estado de las obras que debe emitir el director facultativo» o, incluso, contratos menores por más de un año de duración: «Tal y como se constató, el contrato analizado se ejecutó 19 meses más tarde de la fecha de la adjudicación del contrato menor».

Además, la agencia ha detectado que en algunos expedientes «parece que se han tramitado modificaciones de un contrato menor, de forma que con la agregación de importes se superan los umbrales legalmente previstos para poder emplear el procedimiento de contratación menor, si bien la tramitación seguida no acredita la tramitación de la modificación sino un procedimiento para reconocer la obligación por el exceso». Es decir, yo te lo adjudico a ti sin concurso porque es de menos de 15.000 euros... y luego resulta que hay sobrecostes que, si los hubiera sabido desde el principio, me habrían obligado a sacarlo a concurso público.