Ribó lleva un año sin pagar la ayuda escolar a las familias necesitadas

Las ayudas están a disposición de las familias de los alumnos del Segundo Ciclo (entre tres y seis años), que es la etapa más habitual de acceso al colegio, previa a Primaria. Al no ser de escolarización obligatoria no está cubierta por Xarxallibres, el programa de gratuidad de la Conselleria de Educación, por lo que son muchos los ayuntamientos que impulsan subvenciones específicas para estos niños que se adjudican en función de la renta, como es el caso de Valencia. En el mejor de los casos se pueden conseguir cien euros, aunque la cuantía depende del material que se justifique.

El retraso en la resolución de la convocatoria, que se abrió a mediados de diciembre de 2021, ha provocado quejas de familias y duras críticas del PP, principal partido de la oposición, que ya la pasada semana denunció la demora acumulada. Hay que tener en cuenta que el 1 de junio se publicó la lista provisional de beneficiarios, pudiendo hacerse una idea de la cuantía a recibir o presentar alegaciones en caso de quedar excluidos, aunque el pago no es efectivo hasta que se cierra el procedimiento.

Según explican desde la Concejalía de Educación, la resolución definitiva de las ayudas se aprobará en la junta de gobierno local del próximo viernes. Figurarán los beneficiarios finales y se cuantificará la cantidad que corresponde a cada familia, siendo el siguiente paso el ingreso en la cuenta bancaria facilitada en su momento previa justificación del gasto realizado, según recogen las bases de la convocatoria.

En cuanto a las causas del retraso, las mismas fuentes explican que se ha debido al cambio del programa informático de gestión de las ayudas, que también ha provocado problemas en la tramitación de otras convocatorias municipales, como el cheque escolar o la que permite cofinanciar el servicio de comedor, que también funcionan por criterio de renta.

«Aunque el dinero llegara tarde confiábamos en que sirviera para cubrir, al menos, el material del curso actual, como pinturas o libretas», explica una madre que contacta con LAS PROVINCIAS para denunciar la demora y que prefiere mantener su anonimato. Tiene un hijo que ha pasado a 1º de Primaria, por lo que los libros de texto ya entran dentro del cheque que da la conselleria a través de Xarxallibres. « A este paso como mucho nos servirá para gastos de Navidades», reflexiona de manera irónica. También explica que a finales de septiembre otras madres de su clase llamaron al Ayuntamiento para preguntar por el estado de las ayudas.

Además del criterio de renta también influyen circunstancias especiales como haber sufrido situaciones de violencia de género, estar el padre o la madre afectados por un ERTE o en paro, presentar algún miembro una discapacidad de al menos el 33%, ser familia numerosa, monoparental o acogedora o haber tenido un parto múltiple.

3.598

La pasada semana la concejala del PP Julia Climent denunció el retraso que acumulaba tanto el cheque escolar (ayuda municipal que cofinancia la escolarización en guarderías) como la convocatoria sobre el material. Sobre esta última desde del grupo municipal critican que en la actualidad «debería estar resolviéndose la de este curso 2022-2023, de la que nada se sabe porque no se ha aprobado».

Además, alertan de que la resolución de las ayudas a curso pasado ha sido la tónica general de la legislatura, lo que ha provocado «desconfianza entre las familias», pues la demora se une a la exigencia de un baremo de renta para poder participar, lo que a su juicio influye en la reducción de los solicitantes: 3.598 para el curso 2021-2022 frente a los 3.906 del 2020-2021, lo que supone un 7,8% menos.

En este sentido, aseguran que en la convocatoria anterior fueron 768 las peticiones desestimadas, sobre todo por la cuestión económica, de ahí que propongan que los umbrales de renta sirvan para modular la ayuda que se percibe pero sin que sean excluyentes, así como aprobar de manera inmediata las bases para este ejercicio con el compromiso de resolver el procedimiento antes de que termine el año. También plantean elevar tanto la cuantía máxima -a 150 euros- como el presupuesto destinado. Por último, recuerdan que la cantidad de desestimaciones provoca que el presupuesto global asignado (400.000 euros) no se llegue a consumir.