El Botánico rechazó ocho de cada diez conciertos pedidos por centros de FP

Un claro ejemplo es el último arreglo escolar que dejó el tándem PSPV-Compromís, pues supuso la denegación de la inmensa mayoría de las peticiones para concertar nuevos estudios profesionales -ocho de cada diez- con los argumentos de que se trata de una etapa postobligatoria y de que la demanda ya está cubierta en centros de la zona.

Según se desprende de la resolución que resuelve las solicitudes de acceso, renovación o modificación de conciertos, oficial desde mediados de junio, de las 44 peticiones en este sentido se desestimaron 37, validándose únicamente siete casos. Y la mayoría de ellos condicionados a la acreditación de determinados requisitos o con carácter provisional, lo que significa que recibirán los fondos públicos durante un curso antes de valorarse de nuevo la autorización, en lugar de los cuatro a los que aspiraban las titularidades proponentes.

Las denegaciones afectan a títulos de diferentes familias profesionales, aunque destacan los adscritos a la de Informática y Comunicaciones, como los superiores de Desarrollo de Aplicaciones Web, de Administración de Sistemas Informáticos en Red o el medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, cuya demanda crece año tras año elevando la nota de acceso en la red pública, dejando a muchos estudiantes sin la posibilidad de cursarlos. También se dan varios casos de la rama de Imagen Personal, de Servicios a la Comunidad (Atención a Personas en Situación de Dependencia) o de Actividades Físicas y Deportivas (Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, también muy solicitado).

Por nivel, destacan las peticiones rechazadas para concertar estudios de grado superior (22), frente a los 12 ciclos formativos medios y los tres básicos. Esta desagregación da pistas sobre los intereses de los centros, que coinciden con el peso cada vez mayor que tiene la FP como alternativa a la universidad. En cuanto a las autorizaciones, cuatro son grados medios, uno básico y dos superiores.

La decisión de la administración supone que seguirán funcionando en régimen privado, lo que implica que el alumnado asuma una matrícula muy superior. Cuando el estudio está concertado se pagan 25,7 euros al mes, igual que en Bachillerato y a diferencia de las etapas anteriores, donde no se puede exigir ninguna aportación económica.

La administración educativa permite todos los años solicitar la concertación de estudios a través de un proceso que también sirve para revisar de oficio las unidades que ya están sostenidas con fondos públicos, en el sentido de que deben cumplir una serie de requisitos, como mantener una demanda mínima. Los centros interesados presentan su petición en enero y la conselleria decide. En el caso de los conciertos generales (Infantil, Primaria y la ESO) reunir las exigencias implica mantener las aulas, aunque es más complicado conseguir nuevas incorporaciones al régimen de conciertos.

En el caso de la Formación Profesional, la clave está en los informes de la conselleria, teniendo cuenta que siempre pesa la existencia de oferta en zonas próximas y la idea de que al tratarse una etapa no obligatoria no hay necesidad de concertar.

En los últimos años las dos patronales concertadas, Feceval y Escuelas Católicas, han pedido a la conselleria que reconsidere su postura tras la publicación de los arreglos escolares, en el sentido de que las propuestas de los centros se sustentan en que tienen demanda potencial. Seguro que será una de las principales reivindicaciones hacia los nuevos gestores populares, que también deberán abordar la revisión de las plantillas de FP y de Especial y la actualización de los fondos para gastos de funcionamiento que perciben los centros.