Al Botánico se le traba la lengua

La cuestión no es el qué (la obligación de saber valenciano para poder ejercer como médica, enfermero o cualquier otro puesto de la sanidad valenciana) sino el cuánto. Cuánto valenciano hay que saber. Fue este asunto y no otro el que bloqueó la ley de Función Pública durante un lustro. Un lustro: cinco años.

Y ya, cuando la situación era más que sonrojante, se aprobó la ley pero dejando el valenciano para un posterior reglamento.

Y ya, cuando el reglamento llevaba pudriéndose dos años en las mesas de negociación entre PSPV y Compromís, hace dos semanas anunciaron un acuerdo del que, sin embargo, se excluía a los sanitarios.

Y ya, cuando el enfrentamiento entre el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, de Compromís, derivó en un cruce de declaraciones y comunicados en los que el nacionalista advertía de que su intención es endurecer la exigencia del valenciano y los consellers socialistas de Sanidad y Justicia, Miguel Mínguez y Gabriela Bravo, respectivamente, salieron a desmentir y rechazar esa idea, ya entonces, ha sido cuando la portavoz del Consell, Aitana Mas, ha emplazado a resolver el asunto en la negociación del pacto de Gobierno, si es que la izquierda vuelve a ganar. Más allá de mayo de 2023.

El modelo de Sanidad pública está en juego. Depende de cuántos votos logre cada uno y de si la suma logra imponerse a la que lidere el PP, el tripartito ya verá entonces qué hace. Conflicto, bronca y postergación. Y mientras, la sensación en las plantillas sanitarias es de que las condiciones,por ejemplo, para la movilidad de los empleados del sector hospitalario, penden de un hilo lingüístico. Mazón, el candidato del PP a la Generalitat, ya anunció que derogará ese requisito si gana.

Las oposiciones actuales convocadas no se ven afectadas por este debate, pero si el tripartito sigue en el poder, a partir de mayo se verá cuánto valenciano se exigirá a los futuros sanitarios y de qué modo condicionará el conocimiento lingüístico a cuestiones como la movilidad de médicos y médicas o la promoción interna de los que ya son funcionarios, miles de profesionales. En el resto de la Generalitat, el acuerdo que se alcanzó hace dos semanas entre Tamarit (Educación) y Bravo (Administración Pública) no entrará en vigor hasta 2025. Pero antes, después y durante, la lengua se le traba al Botánico.

«Ese es un tema del que se deberá hablar en el tercer Botánico (el pacto de Gobierno por el cual PSPV, Compromís y Podemos se reparten la Generalitat) y nada más. Cada conselleria puede tener una idea, e igual que hemos tenido acuerdo en otras cosas, deberá buscarse un acuerdo en esto», señaló ayer Aitana Mas.

«Las decisiones concretas se tomarán cuando corresponda. Es algo que se necesita hablar y consensuar. Se acababa el mundo porque no había acuerdo y finalmente se alcanzó, pero este asunto se dejó al margen y lo remataremos a partir del tercer Botánico», aseguró la portavoz del Consell.