El campo valenciano carga contra el Consell por la ley de quemas agrícolas

Esta nueva ley está en el centro de la polémica porque prohíbe cualquier quema agrícola en los campos y además sin tiempo de transición. Se trata de una práctica común entre los agricultores que si no se produce un cambio de última hora pasará a ser ilegal.

Por otro lado, la nueva ley presenta ambigüedades ya que en el artículo 3 expone salvedades a la quemas agrícolas pero, en cambio, en el 27 se muestra tajante: «Con carácter general no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional y siempre cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas (...)».

Ante ello, los agricultores han pasado de pedir aclaraciones sobre las posibles contradicciones que contiene la norma a la más profunda indignación porque ya hay ayuntamientos que acogiéndose al nuevo texto legal están prohibiendo las quemas.

La Unió de Llauradors ha exigido este jueves que se dé una «solución inmediata» a la confusión existente por las quemas agrícolas y ha subrayado que instará «a la desobediencia» si finalmente se prohíben, «porque solo se dispone de lo que queda de mes para deshacerse de los restos de poda en las explotaciones agrarias».

«Alguien en Madrid dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha legislado sin conocer la realidad agraria y algunos en Valencia, dentro de la conselleria, no han sabido frenar a tiempo este desaguisado y, por tanto, no han defendido convenientemente los intereses de los agricultores valencianos, por lo que habría que depurar responsabilidades», han apuntado desde La Unió.

Según subraya la entidad, como todos los años, desde el 1 de junio al 16 de octubre «ya no se podrá quemar atendiendo a la normativa autonómica en prevención de incendios y por ello quedan pocos días para deshacerse de los restos de poda, dejando en una clara situación de indefensión a numerosos agricultores justo en un momento donde muchos cultivos precisan de esta práctica».

En este sentido, señala que hay localidades de la Comunitat Valenciana que se están acogiendo a esa «supuesta prohibición» de las quemas de la Ley de Residuos y las han prohibido, mientras que otras «sí las están autorizando».

La Unió considera que no se puede publicar una normativa y prohibir alguna de las actuaciones contempladas «de la noche a la mañana». Por ello, la organización aboga por establecer un «periodo de transición y adaptación» de unos cinco años, mediante el cual se realice un «debate público y participativo para resolver los problemas de las quemas agrícolas en aquellos sitios donde resulta imposible triturar en el campo».

Además, ha criticado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, «responsable última de todo este asunto, echa balones fuera y traslada la problemática a las comunidades autónomas instando a pedir certificados fitosanitarios para poder quemar, algo totalmente impensable en la Comunitat Valenciana que convertiría en un interminable suplicio burocrático para los agricultores con cada permiso solicitado y colapsaría también los servicios de la Conselleria», asegura el responsable de La Unió, Carles Peris.

La Unió ha insistido en que los restos de poda «son un subproducto de material vegetal que se gestiona (quema o tritura) en la misma explotación y nunca pueden ser considerados como un residuo que sí queda sujeto obligatoriamente a su tratamiento posterior en una planta».

En la misma línea se ha manifestado el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, que ha destacado la indignación que recorre el mundo rural. «Me estoy entrevistando con agricultores de todas las comarcas y en todas ellas el sentir es el mismo», ha explicado el dirigente agrario.

«Si no rectifican, si no dejan exentos a los agricultores de esta obligación estos empezarán a no poder y a abandonar los terrenos forestales», ha señalado Aguado que ha indicado que con la que está cayendo sobre el mundo rural «sólo nos faltaba esto».

Aguado ha insistido que la quema es la solución última que tienen los agricultores para impedir la propagación de plagas. «Es el caso de la fitóctora que se queda en la madera y no se puede acabar con ella si no es quemando los restos», ha recalcado y ha añadido que «los agricultores no pueden dejarlo en el borde de los campos».

El presidente de AVA ha insistido que ni troceando la madera se acaba con estas plagas que pueden extenderse a otros árboles y por ello ha insistido en la necesidad de quemar estos restos. Además, ha resaltado que por la orografía del terreno (como en el caso de los abancalamientos) la maquinaria no puede acceder estos lugares. En este sentido, ha explicado que los campos de naranja tienen que ser arrancados cada 25 años para renovar los árboles y «estos se tienen que quemar».

Por otro lado, el diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de Les Corts, Josep Nadal, ha presentado una propuesta para que el Consell inste al Gobierno de España a revisar la prohibición de las quemas agrícolas, prevista en la Ley estatal de Economía Circular, y que adopte medidas transitorias.

Según ha señalado Nadal en un comunicado, «la Ley ha cambiado la naturaleza jurídica de los restos agrícolas y forestales puesto que ahora se consideran, a efectos legales, como residuos. Esto ha provocado un desconcierto en el sector y lo que tendría que hacer el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es clarificar qué entiende por residuo agrícola en aquello que afecta a las quemas agrícolas».