Los centros concertados estudian protestas ante el ataque de Celaá

Reacción unánime de rechazo de los centros concertados en la Comunitat tras las declaraciones realizadas el jueves por la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, en las que negó que el derecho a la elección de centro o a la enseñanza religiosa emane de la Constitución. Una afirmación que supone «un jarro de agua fría» para el futuro de la enseñanza concertada, según señalaron ayer tanto Escuelas Católicas de la Comunitat como la Federación Católica de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) que, junto a la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), mostraron su «estupor y preocupación» por las palabras de la también portavoz del Gobierno.

En todos, además, el temor a una radicalización de las posturas del Gobierno socialista de Pedro Sánchez si finalmente forma coalición con Unidas Podemos, cuyo programa contempla, entre otros aspectos, «revertir los procesos de privatización y segregación de la última década», en clara referencia a la concertada, y el blindaje de la escuela pública. Para las tres entidades, las palabras de la ministra, que ayer se reiteró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, son una «hoja de ruta» ante las peticiones de sus socios de gobierno, que quieren «una educación única, pública y laica».

Según el presidente de Feceval -entidad que aglutina a 300 centros educativos de la Comunitat-, Alberto Villanueva, las afirmaciones de Celaá son «una advertencia para recuperar el anteproyecto de reforma educativa [Lomloe] que no salió adelante en la legislatura anterior y que contemplaba la supresión de la demanda social».

A su juicio, es «incoherente» que un Gobierno que «da potestad a la ciudadanía para opinar y elegir quite justo eso en el ámbito educativo». Villanueva recordó que la libertad de enseñanza exige pluralidad de centros y avanzó que «si vemos que no vuelve la coherencia, no podremos dejarlo pasar porque va en contra de los derechos y libertades de las familias».

Fue el portavoz de Fcapa -que representa a unas 60.000 familias-, Vicente Morro, quien dio un paso más y anunció que «recurriremos a manifestaciones e iremos a los tribunales a defender nuestros derechos con los mecanismos que el Estado nos da democrática y jurídicamente». «Si hay que movilizarse, lo haremos», añadió.

A su juicio, «la ministra se sitúa fuera del consenso constitucional y niega lo recogido en el artículo 27 de la Constitución, en una serie de tratados internacionales y en numerosa jurisprudencia». «No tienen ningún sentido esas declaraciones y, aunque sea como un guiño a posturas más radicales y no sea su pensamiento de fondo, no se puede jugar nunca con la libertad de educación», añadió Morro, quien recordó que, aunque el PSOE haya endurecido ahora su discurso «marcado por su socio de gobierno, en la anterior legislatura ya planteó la eliminación de la demanda social en la reforma que no salió adelante».

Por su parte, la secretaria autonómica de Escuelas Católicas -con 300 colegios concertados-, Vicenta Rodríguez, que estuvo presente en la intervención del jueves de Celaá, señaló que la titular de Educación «ha marcado clarísimamente la hoja de ruta del Gobierno». Según Rodríguez, «se ha cargado directamente el principio de libertad porque los padres no podrán elegir centro de forma adecuada a sus principios o valores».

Además, remarcó, «también pone en el punto de mira el mantenimiento de las aulas concertadas», en las que este curso 2019-2020 estudian 221.317 alumnos, según los datos que facilitó la Conselleria de Educación en la presentación del curso escolar. «Es el aviso de que las cosas van a cambiar», lamentó al tiempo que mostró el temor «a la radicalización antes incluso de formar gobierno».

Por su parte, la ministra Celaá criticó ayer la repercusión a su intervención en la inauguración del congreso de la patronal Escuelas Católicas y calificó las reacciones de «controversia alimentada de manera artificial». Aunque evitó referirse a la enseñanza religiosa, se reafirmó en rechazar que la libertad de elección de centro sea un derecho constitucional, aunque admitió que se trata de un «derecho legal» que forma parte de la legislación de la programación de la enseñanza. «Si fuera un derecho constitucional, las familias podrían recurrir a los tribunales», dijo.