La concertada acumula cinco años de asedio con la puntilla de la ley Celaá

La futura ley de Educación ha levantado a la concertada de todo el país. La valenciana, que acumula experiencia reivindicativa tras la llegada del Botánico, no ha sido una excepción. En el último lustro la premisa de priorizar la enseñanza pública se ha concretado en un goteo de medidas que han obviado al sector o le han perjudicado directamente. La Lomloe, cuya filosofía es coincidente con la estrategia del Consell, es la gota que ha colmado el vaso.

En junio de 2015 tomó posesión Vicent Marzà y lo primero que hizo fue impulsar reuniones con toda la comunidad educativa. Tras la mantenida con las patronales de centros las reacciones fueron positivas: entendimiento y colaboración. En febrero del año siguiente todo se había ido ya al traste. La ruptura se escenificó con la ausencia de la cúpula de Educación en un acto reivindicativo y festivo de Feceval. Sí acudió la presidenta del Consejo Escolar, pero en representación de este organismo.

Por el camino, el Consell ya había dado pasos. Anuló los acuerdos para construir centros concertados en parcelas de uso público que el PP justificó en que existía demanda -los dos concursos licitados habían quedado desiertos, aunque uno de los procesos fue corregido por el TSJCV-;creó el plan para dotar de aulas gratuitas de dos años a varios Ceips -la concertada quiso participar, pues ayudaba a adelantar la escolarización y a fidelizar alumnado-; y sacó a la red del programa del ministerio, entonces en manos del PP, para dotar a algunas escuelas de auxiliares nativos en inglés. Hasta entonces sí formaba parte, y aunque la conselleria alegó que las bases estatales impedían su participación, tampoco se ha movido ficha desde que el programa se extendió a todas las escuelas públicas con fondos de la Generalitat. En otras autonomías sí hay planes en esta dirección.

Una queja habitual de la concertada -con los auxiliares y también con las estancias formativas en el extranjero, donde sus docentes pueden participar pero con mucha menos prioridad que los funcionarios- es que las normas para fomentar el inglés en las aulas afectan a todos los centros, sin distinción de titularidad.

En estos años no han faltado las declaraciones polémicas. Desde la famosa «barra libre» de conciertos de Marzà hasta las palabras de Celaá, en un congreso de la patronal Escuelas Católicas, negando el amparo constitucional «en sentido estricto» a la libertad de elección de centro, pese a que sí hay doctrina jurídica en este sentido. Tampoco sentó bien que el conseller de Educación defendiera en 2016 la subsidiariedad, especialmente en niveles postobligatorios, preparando el terreno para lo que llegaría algunos meses después.

La mayor protesta que ha vivido el Botánico fue convocada por un puñado de colegios afectados por la pérdida de los fondos públicos para aulas de Bachillerato. La medida también ha supuesto el varapalo judicial más contundente contra la política educativa, dejando de lado la cuestión lingüística, cuyo modelo de fomentar el valenciano con incentivos tampoco convenció a la red, donde el castellano es, por regla general, mayoritario. Volviendo a los conciertos, el TSJCV anuló todas las supresiones en la citada etapa que fueron impugnadas. El Supremo ha confirmado dos de estas sentencias, reconociendo además el derecho a indemnizaciones.

Un año antes ya se había roto con la tendencia del PP de mantener el crecimiento de aulas concertadas frente al recorte de las públicas. Se debió al arreglo escolar, la planificación anual de la administración para cubrir necesidades de escolarización. Se propuso la supresión, a nivel global, de 18 unidades, pero tras la negociación con las patronales, cambios de criterio, correcciones de errores y protestas, también multitudinarias, el balance fue neutro. En años sucesivos se mantuvo la presión. Al final de la primera legislatura del Botánico la red había perdido 54 unidades mientras que la pública ganaba 1.200 (desde Infantil hasta Bachillerato y FP ordinaria).

Varias de las medidas criticadas por el sector sí han sido avaladas por los tribunales, como las ratios extraordinarias de 23 niños por aula en lugar de 25 en una treintena de municipios con baja natalidad. La patronal católica recurrió, pero la medida ha sido avalada por el Supremo. Lo que se temía era que facilitara trasvases de alumnado (la rebaja se aplicaba progresivamente hasta 6º de Primaria) y dificultades a la hora de renovar conciertos de la ESO por no alcanzar el mínimo legal. También se avaló la extensión de la gratuidad de las aulas de dos años sólo a la red municipal o la nueva organización de la asignatura de Religión en Primaria y Secundaria. Y queda pendiente el recurso contra la orden de pago delegado.

La enseñanza concertada también se ha considerado afectada por actuaciones de otras administraciones, desde el tratamiento de la experiencia de los aspirantes en las oposiciones docentes, aumentando la ventaja para los interinos, hasta la composición del Consejo Escolar Municipal de Valencia.

El Consell dejó sin efecto los acuerdos para construir Centros de Iniciativa Social, impulsados por empresas o entidades en parcelas públicas cedidas por ayuntamientos mediante una concesión, garantizándose el concierto.

«Había una especie de barra libre de conciertos que pagábamos todos de nuestros impuestos. A partir de ahora esto se ha acabado»

Estas unidades, propias del primer ciclo de Infantil, se crearon sólo para colegios públicos. La concertada quiso participar en la medida, que ayudaba a fidelizar alumnado.

La red se quedó fuera del plan estatal. Educación alegó que incluirla incumplía las bases. Tampoco se hizo cuando la medida se extendió con fondos de la Generalitat.

Fue un detalle que ilustró lo rápido que se degradaron las relaciones. La patronal Feceval organizó un acto en defensa de la libertad de elección con diferentes actividades. Nadie de la cúpula de la conselleria acudió.

Para el 2016-2017 se anunció el recorte de 18 aulas concertadas. En las semanas posteriores, tras negociaciones, protestas y errores, se rectificó: el balance fue neutro. Se crearon las mismas unidades que se suprimieron.

Tras un par de cursos de implantación progresiva con el PP, el nuevo decreto de admisión de alumnos acabó con la zona única, defendida por parte de la concertada como una vía más de libertad de elección de colegio.

«Que el Bachillerato sea concertado es una anomalía en el conjunto del Estado. Se concierta donde no llega la pública. Lo llevamos en los programas»

La norma permitía aumentar las horas lectivas en inglés a los centros que dieran más valenciano. La concertada, donde la mayoría prioriza el castellano, lo rechazó desde el principio. Fcapa lo impugnó en el TSJCV.

Educación, aplicando el nuevo reglamento autonómico de conciertos, anunció el recorte de 31 aulas de Bachillerato de 25 centros. Al final se quedaron en 27 de 21. Todas las sentencias han anulado las supresiones.

Las estancias en el extranjero para mejorar el inglés sólo llegaron a docentes de la pública. Luego se abrieron a la concertada, con límites.

Se redujo a 23 la ratio máxima de alumnos en una treintena de municipios. Escuelas Católicas lo impugnó al considerar que implicaría la pérdida de niños y a medio plazo dificultaría la renovación de conciertos en la ESO.

Marzà anunció que a partir del 2017-2018 todas las plazas de dos años de las guarderías municipales serían gratuitas, asumiendo el coste el Consell. La red privada, muy mayoritaria, y los centros concertados se quedaron fuera del plan.

Se presentó el nuevo decreto de organización de Secundaria, que redujo las horas de Religión al mínimo en 1º y 2º de la ESO (se pasó de dos semanales a una). En Primaria ya se había permitido, pero la decisión dependía de cada centro.

El nuevo real decreto estatal que regula el acceso a las plazas públicas dio más ventaja a un interino que a un docente de la concertada en la valoración de la experiencia.

«La demanda social es un eufemismo que puede propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la enseñanza concertada»

La norma actualiza los procesos relacionados con el pago del concierto y las nóminas. Patronales y sindicatos creen que se pierden derechos y perjudica a los centros en la sustitución de docentes.

Las familias de la red pública en Valencia ciudad tienen siete consejeros en el órgano consultivo y las de la concertada tres, pese a que hay más alumnos escolarizados en la segunda.

Fsie lleva años pidiendo una equiparación en las convocatorias de ayudas para innovar en el aula. La concertada dispone del 6% del presupuesto total. Educación dice que se ajusta a sus necesidades, aunque suelen haber solicitudes excluidas.

La Lomloe y la pérdida de peso de la redLa reforma promueve la creación de plazas públicas para cubrir cualquier necesidad que se puedan generar y acaba con el reconocimiento de la demanda social