La ley Celaá desata la indignación con protestas masivas por toda España

Las voces en contra de la Ley Celaà resuenan ya con fuerza por toda España. El Partido Popular volvió a salir ayer a las calles para protestar contra la última ley impulsada por el Gobierno, la de educación, promovida por la ministra Isabel Celaá. Y lo hizo a través de una concentración automovilística que colapsó el Paseo de la Castellana, la principal arteria del centro de Madrid.

Pero la oposición popular fue mucho más allá de la capital y se extendió por medio centenar de ciudades de toda España. En la Comunitat no hubo manifestación porque la plataforma en contra de la polémica ley ya salió a la calle la semana pasada con una caravana de autobuses llenos de lazos y globos de color naranja. No obstante, una recogida de firmas en la calle Colón formó largas colas de ciudadanos dispuestos a rubricar su disconformidad y hacer fuerza para que la reforma no prospere.

Fue en una jornada en la que el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que el partido recurrirá la reforma de la ley educativa ante el Tribunal Constitucional y las instituciones comunitarias que consagran la libertad educativa.

Para Casado, «esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno. Derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa». Lo expresó así tras desplazarse en un automóvil por el centro de Madrid, vehículo en el que también se encontraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital y portavoz nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida.

Más allá del recurso ante el Constitucional, el Partido Popular se valdrá del poder autonómico que ostenta para hacer frente a la nueva ley educativa. Casado garantizó que en las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a «hacer todo lo posible para legislar y evitar los estragos» que plante la Lomloe.

Los populares tienen la intención de poner un muro casi en la mitad de la población gracias a la acción de sus presidentes en regiones como Madrid, Andalucía o Galicia, algunas de las más pobladas. Pero también en Murcia y Castilla y León, donde también gobiernan.

En Valencia, el epicentro del estallido popular contra la ley estuvo ayer en el Mercado Central. El PP instaló allí una mesa para recoger firmas a favor de la libertad educativa y en contra de la Ley Celaá. La presidenta del Partido Popular en la Comunitat, Isabel Bonig, y la presidenta del PP de Valencia, María José Catalá, destacaron la «gran respuesta de los valencianos frente al sectarismo de la Ley Celaá». Se formaron largas colas de ciudadanos que se extendieron por el exterior del mercado.

Según Catalá, «en la primera hora se recogieron 500 firmas, lo que evidencia la oposición» a una norma «que la izquierda ha aprobado por la mínima y con la que se pretende minar el derecho de los padres a elegir el centro en el que estudian sus hijos». Y es que para la dirigente popular, «esta ley nace sin consenso».

El PP, añadió, «no va a dejar de estar al lado de los padres, en defensa de la concertada y del castellano». Culpó a un gobierno «que cree que puede pasar su apisonadora ideológica por encima de la gente y sus derechos».

Isabel Bonig se refirió a la masiva reacción de la ciudadanía en toda España: «En todos los municipios la gente se está manifestando y reclamando libertad». Valencia y la Comunitat, lamentó, «han sido el banco de pruebas de la izquierda y hemos sufrido las consecuencias de politizar la educación, de ideologizarla y reducir la libertad de los padres». A la recogida de firmas también asistieron el diputado nacional Luis Santamaría y el senador Fernando de Rosa.