Padres votando si se aplica la jornada continua en su centro, durante el primer proceso de cambio impulsado en 2016. Matías Segarra

Sólo uno de los 84 colegios que piden la jornada continua es concertado

La medida no cala en la red y desde que en 2016 se abriera la puerta al horario intensivo apenas se aplica en el 6% del total de centros

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 25 de febrero 2019, 20:02

El 1 de abril están llamados a votar los padres y madres de 84 colegios valencianos de Infantil y Primaria. Lo harán en la consulta que fija la normativa que permite adaptar el horario escolar a la jornada continua a partir de octubre de 2019, y el resultado será vinculante y definitivo. Sí o no.

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Se trata de los centros que han presentado la solicitud y la documentación que exige la conselleria (acuerdos de claustro y consejo escolar, informe municipal y memoria que resuma el proyecto), si bien en 32 casos se les ha solicitado que aporten más información antes de que se autoricen las votaciones. Del total de escuelas, 83 son públicas y sólo una es concertada, lo que vuelve a acreditar que a la red sostenida con fondos públicos le seduce más bien poco esta opción organizativa que el departamento permitió, de manera general, a partir de 2016.

La conselleria, cada curso, establece un calendario para aquellos centros que quieren abandonar la jornada partida para pasarse a la continua, esto es, concentrando las sesiones lectivas antes del comedor y dejando las horas vespertinas, hasta las cinco de la tarde, para actividades extraescolares de oferta obligatoria aunque voluntarias para las familias. Y en todos los procesos anteriores la tendencia ha sido la misma: la enseñanza concertada concurre de manera muy minoritaria.

En los públicos el inicio del proceso depende del consejo escolar y en los concertados del titular

Actualmente hay ya 615 centros que ofertan Infantil y Primaria y aplican la modalidad intensiva, según el listado oficial publicado en la página web de Educación. 592 son públicos y 23 concertados. En porcentajes, los primeros suponen el 58% del total, que se eleva a 1.021 -sin contar los específicos de Especial, que aunque pueden cambiar no hay ningún caso en la escuela pública-. En cuanto a los segundos, suponen sólo el 6% de toda la red, compuesta por 362 escuelas que disponen de las etapas citadas, las únicas a las que afecta la normativa que permite la adaptación.

Para facilitar la comparación, en los datos anteriores tampoco se han tenido en cuenta los centros de Especial -hay 15 privados sostenidos con fondos públicos-. Sin embargo, si se incluyen (el único que hay con continua es concertado), el porcentaje apenas varía: 6,1%. Dieciséis de los 23 se sitúan en Alicante, la provincia donde más se ha extendido el horario de mañanas.

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DATOS

  • Situación actual Tras los diferentes procesos de cambio de jornada iniciados en 2016, en la actualidad hay 615 colegios públicos y concertados de Infantil, Primaria y Especial que aplican la continua. Son el 43% del total.

  • Públicos 592 son de titularidad pública (58% del total). En la red de la Generalitat no hay centros específicos de Especial que apliquen el horario intensivo.

  • Concertados Son 23 (6%). Sólo uno de ellos es de Especial.

La explicación a semejante diferencia puede estar en la regulación del procedimiento, más allá de si existe demanda de este modelo por parte de las familias o de los profesores. La orden de 2016 establece sensibles diferentes entre las redes. En la pública la competencia para el inicio del proceso corresponde al consejo escolar de la escuela, en el que tienen capacidad de voto el equipo directivo (salvo el secretario), los representantes docentes, los de las familias, los del PAS, los del personal docente complementario (educadores si los hay) y el concejal de turno.

Para poner en funcionamiento el proceso se precisa un acuerdo que se adopta por mayoría simple, algo que no es difícil de conseguir, si bien es cierto que en una fase posterior el proyecto de organización horaria presentado debe tener el apoyo de dos tercios de los miembros del órgano, pero el mecanismo ya está en marcha. En resumen, a la hora de activarlo son varios los colectivos, dentro del consejo escolar, que tienen opciones de hacerlo.

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Rechazo generalizado

En cambio, en los concertados, que no dejan de ser entidades privadas sostenidas con dinero público, la potestad es del titular del colegio, no del consejo. Por mucho que presionen los docentes o las familias, algo que en un público posibilitaría el inicio del proceso, en un concertado la decisión dependerá únicamente de esta figura. Y si opta por no hacerlo ya no hay más debate.

El rechazo a la continua es la postura más extendida en la concertada en todas las comunidades autónomas donde existe, bien porque no convence desde el punto de vista pedagógico o bien porque implica una clara reducción de la participación en las actividades extraescolares de toda la vida, las que se organizan a partir de las 17 horas, que a la postre pueden actuar como fuente de ingresos para paliar el déficit del concierto.

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La Mesa por la Educación pide una ley estatal «consensuada»

La Mesa por la Educación en Libertad se ha mostrado muy crítica con el Gobierno por la aprobación de la nueva ley educativa a sabiendas de que no dará tiempo a tramitarla ante la disolución de las Cortes Generales de cara a las elecciones del 28 de abril. Vicente Morro, el portavoz de esta organización que representa a gran parte del sector concertado y privado de la enseñanza valenciana, dijo «no entender la obsesión por aprobarla en el Consejo de Ministros cuando tiene una fecha de caducidad muy clara». Sí se felicitó, en cambio, de que no vaya a tener una aplicación práctica «porque no era una buena ley al coartar, entre otros muchos defectos, la libertad de elección de los padres»

Para la mesa, tras las elecciones se debe trabajar en un pacto social por la educación «en clave de libertad, que no incluya sólo a los partidos políticos sino a toda la sociedad para que se pueda redactar una ley educativa de calidad y sobretodo de consenso, en la que se recojan las necesidades de todos y no solo las de una parte, dejando de lado el sectarismo, el adoctrinamiento y el uso partidista de la educación».

La organización también ha hecho una valoración positiva de las últimas sentencias que afectan al ámbito de la enseñanza. «Los tribunales están devolviendo la libertad a la Comunitat al anular medidas injustas y discriminatorias que el Consell ha impuesto en los últimos cuatro años tanto en la educación pública como en la concertada, en etapas obligatorias o universitarias», dijo. Se refería al fallo del Constitucional que anula el veto a las prácticas en hospitales públicos de los alumnos de Ciencias de la Salud de los centros privados y al del Supremo que obliga a Educación a pagar los sexenios al profesorado de Religión. Para Morro, la judicialización -continua en la legislatura- se ha debido «a la falta de diálogo y consenso» del Consell.

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