![Manifestación en defensa del Tajo-Segura.](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202301/11/media/cortadas/trasvase2_20230111121748-R6IttwaH5tYaWxcdDVJrIEM-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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Miles de regantes se han concentrado en Madrid durante cerca de tres horas en defensa del trasvase del Tajo-Segura y en contra del recorte que el Gobierno de Sánchez prepara para la infraestructura. Durante la marcha, que ha congregado a 15.000 personas según los organizadores y siete mil según la Policía Nacional, se han coreado gritos en contra de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reclamando su dimisión.
Los regantes dispararon quizá uno de sus últimos cartuchos en contra del plan que prepara el departamento que dirige Ribera y que supone el recorte del trasvase en unos 105 hectómetros cúbicos anuales, la mitad de una transferencia normal.
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El Ministerio prepara la reducción a través del Plan Hidrológico del Tajo donde prevé incrementar los caudales del río lo que conllevará una disminución del agua para el trasvase. El departamento de Ribera ha hecho caso omiso del documento aprobado en el Consejo Nacional del Agua del pasado noviembre en el que se incluía una disposición pactada con el Consell y los socialistas murcianos para paliar con el que se paliaría este recorte.
«Nos estáis ahogando y no con agua» o «En el Levante, sin agua, desierto y paro» fueron algunos de los gritos que corearon los asistentes para «frenar la locura» que propone la ministra Ribera.
Los regantes protestaron porque estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocará la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros y defienden que «no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible».
Las tres provincias que utilizan el agua del trasvase, Alicante, Murcia y Almería, concentran el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de frutas. Todas ellas aportan 3.000 millones al producto interior bruto. La transferencia, además, permite generar 106.000 empleos.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que en los últimos días ha endurecido el tono para marcar distancias con el Gobierno de Sánchez, no acudió a la concentración y mandó en su representación a la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, que estuvo acompañada por los secretarios autonómicos Roger Llanes y Francisco Candela. Navarro señaló que «había un acuerdo basado en la sostenibilidad de los ríos y en el impulso a la actividad productiva y económica del sector agrícola» y que «el Gobierno de España no puede romperlo de forma unilateral, esquivando lo que las comunidades autónomas votamos en el órgano consultivo». «Hemos venido a Madrid para reclamar que no se nos desprecie y no se traicione los intereses valencianos», aclaró.
Por parte del PP valenciano, además de varios alcaldes, acudió su presidente y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien calificó de «hachazo» el plan del Gobierno de Sánchez y señaló que no está respaldado por motivos técnicos sino que es «un capricho político».
Por parte del PSPV acudieron también varios alcaldes como el de Elche, Carlos González, Los Montesinos, José Manuel Butron; San Miguel, Juan Dios Fresneda; Benferri, Luis Vicente Mateo; Rafal, Manuel Pineda y Orihuela, Carolina Gracia, entre otros.
Además, acudieron representantes de Vox, como el líder de la formación, Santiago Abascal, o el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. Para el presidente de Vox, en declaraciones a Europa Press, es necesario «un mismo discurso del agua en toda España, con una interconexión de todas las cuencas que garantice la prosperidad económica y que dé oportunidades de futuro y sobre todo que salve a todo el Levante español».
Por su lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en declaraciones a Europa Press, señaló que respeta la preocupación, intereses y la manera en la que los regantes y los distintos actores ven las cosas pero asegura que sus demandas «no son compatibles con el interés general». «Nuestra obligación como Gobierno es encontrar la mejor solución desde el punto de vista del interés general y las mejores respuestas para maximizar las soluciones de lo que nos está planteando cada cual. Pero todo a la vez es muy difícil», dijo.
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