La Comunitat necesita al menos 13.000 nuevas plazas de residencias

Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, doctora y profesora titular de Psicología Social de la Facultad de Psicología de Valencia, asegura que «no se ha construido ninguna residencia nueva» de carácter público y sostiene que «faltan en la Comunitat Valenciana unas 13.000 plazas».

La doctora Pinazo sostiene que la ratio fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el «dato comúnmente aceptado a nivel mundial para conocer la intensidad de plazas y poder comparar las magnitudes entre unos y otros territorios, está en cinco plazas. Para alcanzar esa media española, faltan en la Comunidad Valenciana 12.721 plazas. Los datos muestran que estamos bastante alejados de lo deseable».

Recuerda que la pandemia «ha tenido un gran impacto entre las personas más vulnerables» y ha situado sus cuidados en el centro del debate público. «Se prevé que el número de personas mayores de 60 años se duplicará entre 2020 y 2050. En 2050, en la Comunitat Valenciana, una de cada cinco personas será mayor de 60 años. De los 2.465.342 hombres con que cuenta la Comunitat 422.045 tienen más de 65 años. En cuanto a las mujeres, de las 2.538.427 del total, 541.829 tienen más de 64 años. La pirámide poblacional muestra claramente una sociedad que envejece», asegura.

Desde la patronal Aerte se defiende el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en el que se concluye que la Comunitat Valenciana presenta «un déficit de 22.860 plazas residenciales para personas mayores, que es la penúltima comunidad autónoma en ratio sobre población mayor de 65 año tras la región de Murcia», relata José María Toro, su presidente.

Afirma que el Plan Convivint de la Conselleria de Igualdad refleja la construcción de 34 geriátricos con centros de día hasta 2025, «que podría suponer 3.400 nuevas plazas», un 66% de ellas para internos y el resto, para mayores que viven en sus casas.

Se trataría «sólo del 15% de las plazas necesarias» e incide Toro en que haría falta «la puesta en marcha de 19.460 nuevas plazas para las que la Generalitat no tiene ningún plan».

«No tengo constancia de que se hayan abierto nuevas residencias públicas desde que llegó el Botánico», sostiene Toro. Afirma que la de Orpea en Castellón y la de L'Onada en Vinaròs «son privadas, aunque esta última tiene plazas concertadas por el Ayuntamiento y sale en el Plan Convivint». Y en 2017 se abrió una residencia pública municipal en Quart de Poblet que gestiona una empresa privada.

Desde UGT su responsable de residencias, José Marchante, corroboran que Igualdad «no ha creado ninguna plaza pública».

Y Valencia, según un estudio de Gesmed, una empresa del sector, dispone de 2.306, plazas para algo más de 160.000 mayores de 65 años, entre ellos 24.500 de más de 85 años. Se necesitarían 5.760 plazas residenciales más si se siguieran las recomendaciones de la OMS para el sector.

El proyecto estrella de la conselleria que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, la de Sant Mateu, todavía no es una realidad. Se presentó en 2018 pero todavía no se ha iniciado la obra aunque se ha licitado de manera reciente junto con otras cuatro.

El de Sant Mateu es el proyecto que el departamento de Igualdad pretende exportar al resto de la Comunitat Valenciana. Se trata del proyecto de un centro con 66 plazas residenciales y 30 plazas de atención diurna. Menos de 100 personas en total. Las residenciales se establecerán en módulos de hasta 11 personas con sus correspondientes habitaciones, un comedor, una cocina y una sala de estar. Se trata de buscar que en cada núcleo haya una convivencia familiar, estrecha, que los internos se encuentren como en su casa. Ese es el modelo que quiere implantar Oltra.

Ante la falta de creación de plazas públicas, desde Igualdad apuntan que un 67% de las existentes en la Comunitat Valenciana para personas mayores en situación de dependencia «están financiadas con fondos públicos». Los conciertos con las compañías privadas, que ofertan el 80% de todas las plazas afectan a casi 13.000 camas, ; los centros públicos de gestión integral, que tiene una empresa en concesión, benefician a 2.777 residentes; los de gestión municipal que en su mayoría cuentan con fondos autonómicos son 1.873 plazas y los que gestiona directamente Igualdad, 1531.

Recuerdan que se trata de un sector altamente privatizado «porque la gestión del anterior Gobierno lo dejó en manos del sector privado durante 20 años y concretamente de unas empresas que benefició con el sistema de accesibilidad (Blasco-Cotino) que tumbó el TSCJV».

E insisten en que desde 2015, con el Gobierno del Botánico, «se ha puesto orden en el sector para garantizar la igualdad de oportunidades para las empresas que prestan servicios con la administración».

Apuntan, además, que se ha abierto esta colaboración «a las entidades sin ánimo de lucro y se ha reforzado la coordinación con los ayuntamientos de manera que se ha podido aumentar el número de plazas sostenidas con fondos públicos».

El nuevo aire que Compromís, de la mano de Mónica Oltra, quiere dar al sector de las residencias de mayores pasa por tratar de dejar de lado a las empresas privadas, algo que hoy por hoy es más que difícil. Aseguran que las prioridades de la conselleria son: llegar hasta donde se pueda con recursos públicos y donde no, en segunda opción, con entidades del tercer sector (que es también privado) ONG, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro y, en último término, con las compañías cuyo objetivo es dar dividendos a sus accionistas.

Apuntan desde Igualdad que tiene «muy claro» que hay que «fomentar la autonomía personal y que la residencia debería ser el último recurso al que acudir» por parte del ciudadano. «Si la gente quiere estar en casa o cerca de los suyos, hay que posibilitarlo. Por eso, para este año el presupuesto para personas mayores asciende a 475,4 millones gracias a los programas de autonomía, combinados con los conciertos para sufragar plazas en residencias».

José Marchante, de UGT, considera que sobre el papel están muy bien los planes de la Conselleria de Igualdad, «pero son medidas más políticas que reales y así no va a cubrir nunca las necesidades». Y apunta que va a necesitar «la colaboración del sector privado y para ello tendrán que mejorar la aportación económica, si no la empresa privada puede rehusar y estará en su derecho».

El presidente de la patronal Aerte, José María Toro recuerda que el departamento de Oltra todavía tiene pendiente licitar 7.100 plazas concertadas para que gestionen las empresas privadas. Unas plazas de residente «que tenían que haber salido antes de acabar 2021 y se está retrasando. »No se ha hecho público ni el concurso ni las condiciones« y afirma que hay contratos, como es el caso de Moncada, que están vencidos desde 2020 y se encuentran »en prórroga forzosa, porque no se va a dejar de prestar el servicio« mientras no se convoque el concurso y se realice una nueva adjudicación. Se trata de una situación que dificulta el cobro a las empresas por un servicio que presta sin concesión. »La administración debería tener una planificación de su política de contratación«, afirma Toro.