Concentraciones en residencias de mayores reclaman la actualización de las concesiones

Para CCOO no hay ninguna circunstancia que impida a la Conselleria de Servicios Sociales la publicación de las licitaciones. En estos momentos, casi la totalidad de los centros de titularidad pública y de gestión privada (centros de día, residencias, centros mujer y servicio de ayuda a domicilio) se encuentran en situación de enriquecimiento injusto y no queda otra que publicar las nuevas licitaciones para que se puedan mejorar los salarios y las ratios previstas por la normativa.

Durante las concentraciones, las trabajadoras también han demandado la equiparación salarial y de condiciones de trabajo con el personal que trabaja directamente para la administración pública, gritando: «¡Mismo trabajo, mismas condiciones!». Estas medidas, no solo ayudarán a acabar con la precariedad del sector, también beneficiarán a las personas mayores, mejorando la calidad del servicio.

Para mejorar su situación es «necesario», han apuntado dos trabajadoras en la residencia de Valencia, que se liciten las más de 30 residencias y centros de día de gestiones integrales -con unos 2.300 afectados-, que son aquellas de titularidad pública pero de gestión privada.

Nuria, una de las trabajadoras de uno de los centros afectados, ha explicado que están esperando las licitaciones desde hace tiempo. «Está todo presentado pero con todos estos cambios gubernamentales no se aprueba y están revisando otra vez el decreto de tipologías» de centros, ha dicho.

Al respecto, ha recordado que muchas residencias tienen los contratos vencidos desde hace más de siete años, con lo que se encuentran ante unas «deficiencias estructurales tremendas»: «Las ratios no suben, no suben los salarios y la vida ha subido un 20% en ocho años», ha puesto como ejemplos.

«Esta situación no puede soportarse más por los trabajadores, que somos un sector esencial, y por las personas mayores a las que atendemos. Se han quedado las condiciones laborales estancadas desde hace siete años, ocho o más», ha insistido.

Y cuando consiguieron que se pusiera todo en marcha, «lo han vuelto a paralizar todo». «Esta situación ya es insostenible. Las condiciones laborales son deplorables y nosotros seguimos atendiendo igual a nuestros mayores», ha apostillado.

La trabajadora ha reclamado la equiparación salarial con el sector público: «Nosotros somos un sector que tenemos la misma profesionalidad. No estamos trabajando en un hospital público, pero estamos haciendo la misma tarea. La calificación profesional es la misma. Entonces, considero que debemos tener el mismo trato», ha aseverado.

Sobre este último punto, Carla, otra de las trabajadoras, ha manifestado en declaraciones a los medios que reclaman la equiparación de las tablas salariales que se hizo en noviembre de 2022.

Para ello ha pedido a la Conselleria que saque «ya» la licitación. «Estamos en un limbo. No entendemos qué pasa y desde Conselleria se excusan con un decreto de tipologías, que lo siguen mirando. Y tanto el decreto como la equiparación van junto a la licitación. Así que hay un bloqueo tremendo para el sector», ha lamentado.

Carla ha afirmado que se sienten «desamparados» con el Gobierno: «Hemos sido un sector que hemos estado para todo. En pandemia lo hemos pasado muy mal y nunca nos hemos quedado. Pero es que ahora ya la gente está cansada. Perdemos a personal bueno porque se va al sector público, algo comprensible y normal porque la diferencia de sueldo es enorme», ha dicho, para agregar: «No aguantamos más».

Por su parte, Elena Albalat, directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, ha afirmado que esta es una situación que a su departamento le «preocupa» y que «ocupa» pero es algo «heredado del anterior gobierno del Botànic» y son «contratos caducados desde 2018»: «Hace muchos años que muchas residencias de gestión integral tienen los contratos caducados y que tampoco se ha hecho nada desde 2018 hasta 2023», ha cuestionado.

Por tanto, ha dicho que es «una situación muy complicada» como consecuencia de una «gestión nefasta» del anterior Consell, ya que al llegar a la Generalitat asegura que se encontraron con 54 residencias «que ya tenían esos contratos caducados». «Esas licitaciones ya se hubieran podido sacar y no fue así», ha dicho, y se ha justificado en que además encontraron «con facturas en los cajones»; el pago de más de 157 millones de deuda y con la Acción Concertada «paralizada», sin ninguna subida del IPC.

Así, ha defendido que «hemos sido nosotros los que en 2024 hemos subido un 8,8%, que eso ha supuesto 64 millones que al final están invertidos en ese personal que trabaja en la Acción Concertada». «Nos hemos puesto a trabajar y hemos trabajado para ponernos al día tanto en el pago de facturas y de esa deuda como también para mejorar la situación en la que se encontraba este sector», ha dicho, si bien ha reconcoido que eso «no ha sido suficiente».