El Consell desvía 61 millones de obras escolares a cubrir otros gastos

El cambio de destino de los fondos se recoge en siete acuerdos del Consell que dan cuenta de las respectivas modificaciones de crédito y que suman 60,91 millones de euros. Si la cifra se pone en relación con la cuantía prevista inicialmente en las cuentas del Consell -302,1 millones- se concluye que el desvío llega en términos porcentuales al 20,16%.

Las cifras son provisionales, teniendo en cuenta que son las primeras modificaciones presupuestarias que han salido a la luz a través del Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). Es decir, hasta diciembre todavía pueden adoptarse nuevos acuerdos en el mismo sentido. En cuanto al destino de los fondos, destacan dos por su volumen: la financiación de las universidades públicas y el pago de diferentes prestaciones relacionadas con la atención de personas dependientes.

Edificant nació a finales de 2017 con el objetivo de desatascar la cantidad de obras pendientes que tenía Educación, sustituyendo al primer plan de infraestructuras. Su principal ventaja es que se multiplican los recursos humanos para acelerar la tramitación administrativa.

En lugar de depender únicamente de los profesionales de la conselleria se recurre a los servicios de contratación de los ayuntamientos que se han adherido, siendo el personal municipal el que se encarga de sacar a licitación los trabajos técnicos previos, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras, mientras que la administración autonómica aporta los fondos necesarios. Dicho de otra forma, se descentraliza la contratación, evitando que todos estos trámites tengan que pasar por el cuello de botella de Educación.

Para 2023 el presupuesto destinado a actuaciones en centros de Secundaria se elevaba a 84,18 millones. El primer mordisco (-9 millones) se acordó el 22 de junio y sirvió para financiar una ampliación de capital de la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva, gestora del circuito de Cheste.

El día 29 llegó el segundo, enmarcado en una modificación de créditos para ampliar tres partidas distintas: ayudas de la dependencia, la ejecución de una sentencia a favor del puerto deportivo de Alicante y cubrir otros fallos firmes en materia de depósitos judiciales. Para conseguir el montante necesario (49,63 millones) fue preciso reducir decenas de líneas presupuestarias, siendo las minoraciones de Edificant de las más elevadas: seis millones en el caso de Secundaria. El último cambio se aprobó el 7 de julio (-6,08), utilizando el dinero para cubrir las gratificaciones de los docentes elegidos para los tribunales evaluadores de los dos procesos selectivos extraordinarios de este año.

Por su parte, el dinero previsto para intervenciones en centros de Primaria y Especial reflejado en los presupuestos de 2023 se elevaba a 217,92 millones. La primera modificación se incluyó en el acuerdo del 29 de junio (el de la dependencia y las sentencias judiciales), con una reducción de cuatro millones. Las tres restantes las aprobó el Consell también el 7 de julio. Se restaron otros cinco millones para atender expedientes en materia de responsabilidad patrimonial relacionados con prestaciones a la dependencia, 28,33 para cubrir la financiación extraordinaria de las universidades públicas y otros 2,5 con la misma finalidad pero destinados sólo a la UPV.

Que Edificant reduzca su presupuesto en 60,91 millones no significa renunciar a obras previstas. En todos los acuerdos se deja claro que se trata de dinero que no afecta a compromisos pendientes, no tiene carácter finalista o no se va a gastar en lo que queda de ejercicio. Es sobrante, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que las previsiones de principios de año suelen ser muy optimistas y las obras se retrasan o no avanzan al ritmo deseado. Educación siempre ha defendido que existe el compromiso de que la financiación necesaria se librará en el momento en el que los municipios la requieran para pagar a las empresas responsables.

Esta práctica ha sido habitual en años anteriores. Por ejemplo, en 2021 las modificaciones presupuestarias se elevaron a 56,75 millones (18,3% del total) que se destinaron, en su totalidad, a cubrir partidas relacionadas con el impacto de la pandemia.

En 2022 se utilizaron 65 millones (21,5% del total) para facilitar la masiva renovación de los bancos de libros del programa Xarxallibres por los cambios curriculares de la Ley Celaá o para paliar el incremento de los costes energéticos, entre otros conceptos. Y en años anteriores el dinero del plan ha financiado la Renta Valenciana de Inclusión, el pago de la deuda universitaria, los ERTE, la instalación de barracones provisionales para permitir la ejecución de obras o la compra de edificios, como sucedió con el de Correos de Valencia.