El Consell remite a la juez de la dana 1.000 folios con avisos y el plan antirriadas

Emergencias ha sido rápida en su contestación –la magistrada le dio un plazo de diez días– pero la información suministrada apenas aporta luz al desarrollo de los acontecimientos de aquellas horas convulsas y tampoco responde a una de las cuestiones capitales que planteó la instructora: quién dio la orden de enviar el mensaje a las 20.12 horas del 29 de octubre. Una comunicación que se lanzó por la amenaza de la presa de Forata y nunca por el barranco del Poyo, sostienen desde el inicio en la Generalitat, pero que evidencia a tenor del resultado –227 muertos– que fue a destiempo.

Los cerca de 1.000 folios aportados son la respuesta de la citada conselleria, según confirmó un portavoz oficial que aseguró que ya se había contestado a la juez. Se trata de una sucesión de las comunicaciones que se recibieron por correo de diferentes organismos, de las alertas que el 112 envió a los diferentes municipios, de la activación del plan de emergencia por la situación de algunas presas, en especial, la de Forata, de los avisos meteorológicos, de la solicitud de activación de la UME donde sí aparece el responsable que lo solicita. Se trata de Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

En su afán por la exhaustividad incluso comienza su informe con las actuaciones del día 26 cuando, en realidad, la juez sólo pidió los hitos destacados en las jornadas del 29 y 30. Pero no existe, entre la documentación enviada al juzgado, un informe en el que se detallen todos los procedimientos. Más que un dosier con las explicaciones y la información, la conselleria ha procedido a enviar el 'bruto' de todos los correos y avisos. Una información que quizá no sirva de mucho a la instructora. Este tipo de respuestas, en ocasiones, generan malestar en los instructores porque pueden intuir una escasa colaboración.

Las diligencias de una de las víctimas personadas -el juzgado analiza las circunstancias de la muerte de 75 vecinos- se enfocaban más a la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En concreto, la situación de las presas de Forata, Loriguilla y Buseo, el mantenimiento, la cantidad de agua que vertieron, la peligrosidad de las mismas... Todo informaciones que pretendían acotar el papel del Ministerio de Transición Ecológica en la gestión de esta emergencia.

Algunos municipios, como Algemesí, aseguraron no haber recibido alerte alguna que les alertara de la apertura de compuertas en Forata, a pesar de que los propios documentos de la Confederación señalan que la incorporación de este agua al ya crecido río Magro aumento los daños sufridos por la población de la Ribera. Pero la juez consideró pertinente ampliar al marco de las pesquisas e indagar también en aquellas decisiones que fueron competencia de la administración autonómica.

Por ese motivo requirió a la Conselleria de Justicia e Interior que informara «de quién tomó la decisión de emitir la alerta a la población a las 20:12 horas del 29 de octubre de 2024, de qué información se disponía y desde qué momento, si procedía de otros órganos o administraciones, y si se adoptaron otras medidas preventivas». Y esto es precisamente lo que se echa de menos en la respuesta de la Generalitat. Entre la documentación recopilada aparecen los dos mensajes enviados, así como el texto, pero no los detalles que ha solicitado la instructora.

La decisión final del envío del mensaje se produjo después de que se recibiera la llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para alertar del peligro de rotura de la presa. La comunicación llegó desde Colombia donde se encontraba Morán el día de la fatídica dana. Conviene recordar el auto del juzgado de Instrucción 15 de Valencia que rechazó una investigación sobre la gestión de la dana por prospectiva. En esa misma resolución apuntó, además, que no entendía por qué podía ser delictivo el envío del citado mensaje a las 20.12 horas. «Se ignora el motivo por el que el hecho de que no se enviara un aviso a la población hasta las 20:10 horas desde el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado) pueda servir de base para imputarle».

El auto de la juez de Catarroja fue claro a la hora de delimitar el alcance de las indagaciones. La instrucción de la presente causa ha de atender a la determinación de la responsabilidad de quienes tenían acceso a la información de la situación del barranco del Poyo, el cual pasa por el partido judicial de Catarroja; si se facilitó dicha información, por quienes debían controlar su caudal a otros organismos, y en el momento adecuado. Pero, de igual modo, pretende «determinar las personas responsables y autorizadas, al objeto de dar aviso a la población del desbordamiento que afectó a las poblaciones del partido judicial de Catarroja y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que se alertara con el referido mensaje a las 20:12 horas y no previamente».

El criterio de la Fiscalía consistió en aglutinar todo en el citado órgano judicial que fuera a desarrollar la investigación más compleja. No podemos olvidar que se trata de un caso inédito en España. Una tragedia que reúne numerosas víctimas mortales repartidas en diferentes territorios donde parece poco probable acertar cuál fue el primer juzgado que abrió la causa.

La Fiscalía ha acordado la creación de un equipo, integrado por un total de cinco fiscales y que incluye especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal, a fin de proporcionar una respuesta coordinada desde la fiscalía y de trabajar en colaboración con dicho juzgado. De momento no han informado sobre estas diligencias.