El parque automovilístico de la Comunitat está cada vez más envejecido. La actual coyuntura de los precios tan altos de los coches nuevos y la ... incertidumbre que tienen los ciudadanos sobre qué sistema se utilizará en los próximos años son factores que están resultando determinantes para que se renueve muy poco la situación. Así, uno de cada cuatro vehículos de los valencianos no dispone de ningún distintivo medioambiental que emite la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata de los coches más antiguos y menos eficientes, ya que afecta a modelos de gasolina anteriores a enero de 2000 y diésel anteriores a 2006.
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En concreto 716.255 vehículos no dispone de ningún distintivo medioambiental que proporciona la DGT, lo que supone el 26,62% del parque automovilístico de la Comunitat. Por su parte, la etiqueta B, para turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2000 y de enero de 2006 para los diésel, así como la etiqueta C, que llevan los turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014, copan el 31,31% y 38,22% del total de vehículos valencianos, respectivamente.
Pero además de esto, la región se encuentra estancada en la renovación, porque sólo uno de cada 25 vehículos de la Comunitat tiene las pegatinas Cero o Eco, que permiten el acceso a las zonas de bajas emisiones de las ciudades, según un informe de Faconauto, patronal que integra a las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas, vehículos industriales y de maquinaria agrícola. Los vehículos con la etiquetas Cero, ya sean eléctricos e híbridos enchufables, representan sólo el 0,59% del parque valenciano, mientras que los ECO (híbridos) alcanzan el 3,26%. En total, son 103.746 coches en toda la región.
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A finales de este año deben estar vigentes las zonas de bajas emisiones en las localidades con más de 50.000 habitantes, que son 149 municipios de España. En estas zonas se aplicarán restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para cumplir con la Ley de Cambio Climático con el fin de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir la contaminación en las ciudades españolas antes de 2030, como marca la normativa europea. Los coches sin etiqueta no podrán acceder a estas zonas, y los que tengan distintivo B y C tendrían alguna restricción.
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El gobierno municipal de Ribó en la ciudad de Valencia no ha puesto en marcha ninguna medida concreta para establecer esas zonas de bajas emisiones en la capital y el cambio tras las elecciones deja este trabajo a la nueva alcaldesa, María José Catalá, que tendrá que definir las áreas en las que se deberá restringir la circulación de los vehículos más contaminantes. El Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras de colocación de 274 cámaras de vigilancia, que se encargarán en teoría de controlar los vehículos autorizados y los que carecen de la pegatina de coche no contaminante, que no podrán pasar.
En su informe, Faconauto también ha analizado la evolución de la edad media del parque automovilístico de la Comunitat, el cual, y a lo largo del pasado año 2022, se situó en los 13,6 años de antigüedad, un poco por debajo de la media nacional, que está en los 13,9 años. «La debilidad del mercado y la consecuente crisis de matriculaciones, arrastrada desde la pandemia por los problemas de stock y un contexto de consumo desfavorable, está ralentizando el cambio de vehículo tanto por particulares y familias como por flotas y empresas, de tal forma que la calidad de parque automovilístico está empeorando», señala la entidad en su análisis.
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Según indica el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, «en 2024 se tiene que producir un punto de inflexión en las matriculaciones de vehículos electrificados, que pasa, necesariamente, por introducir mejoras en el Plan Moves y cambios en la fiscalidad». «Creemos esencial que desde el Gobierno central se ayude a las comunidades autónomas en la homogenización de su gestión del plan, que se busque la fórmula para que el comprador obtenga el descuento del vehículo en el mismo momento de la adquisición, que se amplíe el límite de la ayuda hasta los 65.000 euros y que se asegure su continuidad dotándolo con un presupuesto de 600 millones de euros anuales», añade.
Desde la patronal se fija como objetivo deseable los 190.000 vehículos electrificados en el próximo año 2024, con un 19% de cuota de mercado. «Para que nuestro país se acerque a los objetivos de descarbonización que establece el PNIEC, la cuota de mercado de turismos y todoterrenos electrificados tendría que incrementarse en siete puntos al año de aquí a 2030, cuando supondrían el 60% del mercado y 600.000 matriculaciones», subraya Morales.
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Otra de las medidas que propone Faconauto es un plan de renovación del parque eficaz y centralizado en cuanto a su gestión, con descuento en la factura de compra, para el periodo 2024-2027 dotado con 1.100 millones de euros, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado. El plan establecería ayudas de hasta 4.000 euros para achatarrar vehículos de más diez años y, en todos los casos, el sector, como en programas anteriores, podría apoyar la medida. El objetivo de esta medida es dejar de usar alrededor de 400.000 vehículos, lo que supondría un ahorro de 290.000 toneladas/año de CO2.
Además, la patronal también propone lo que denomina plan de «renovación social» para 2024, dirigido a rentas por debajo de 25.000 euros, que tendrían un ayuda de hasta 1.500 euros para adquirir un vehículo de hasta 6-7 años y a cambio de retirar un vehículo de más de 14 años. Gracias este plan, se podrían quitar de la circulación cerca de 130.000 vehículos viejos y sería una manera de dar una opción de movilidad a conductores con menos recursos afectados por la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
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En el informe, Faconauto considera que un «replanteamiento de las medidas fiscales vinculadas a la movilidad de la ciudadanía» sería un elemento «dinamizador eficaz y con un impacto directo positivo en los objetivos de descarbonización». Al respecto, propone, entre otras medidas, la exención del IRPF de las ayudas públicas; la deducción total del IVA de los vehículos electrificados o establecer, al menos, un porcentaje lo más amplio posible; o la deducción del Impuesto de Sociedades del 10% sobre las inversiones realizadas para la compra de vehículos industriales y comerciales.
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