![Educación adeuda hasta 2.000 euros desde hace un año a los examinadores de la última oposición docente](https://s1.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/2023/06/13/1448664788-RbO3PBVa0tLKCZqaocxlhQL-1200x840@Las%20Provincias.jpg)
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La Conselleria de Educación todavía no ha cumplido con los maestros elegidos para examinar a los aspirantes que se presentaron a la última oposición, que se inició hace un año, pues buena parte de los miembros de los tribunales siguen sin cobrar las gratificaciones a ... las que tienen derecho. Es decir, por el trabajo realizado, que además fue arduo debido a que el proceso selectivo coincidió con la labor ordinaria en sus respectivos centros.
Así lo han denunciado tanto maestros afectados como los sindicatos docentes consultados, que alertan de que el problema está relacionado con una incidencia que afecta a la plataforma informática que sirve para vehicular estos abonos, que son distintos a las nóminas al tratarse de un servicio extraordinario y por tanto se pagan por otra vía.
Desde el departamento que dirige Raquel Tamarit, aunque no entran en la causa del retraso, defienden que «el proceso está en marcha» y que los docentes que están a la espera cobrarán «próximamente». Además, vinculan esta situación con el esfuerzo «presupuestario y de gestión» derivado del incremento de los tribunales que llegó con la oposición de la pandemia (2021), marcada por las medidas de seguridad sanitaria que se tuvieron que aplicar, y que se mantuvo al año siguiente para reducir la ratio de aspirantes a evaluar.
Los docentes que examinan a los opositores son elegidos mediante un sorteo y su participación es obligatoria, salvo situaciones excepcionales justificadas. Y por cada día de trabajo tienen derecho a una gratificación de 57,61 euros en el caso de asumir la presidencia del tribunal y de 54,1 si ejercen como vocales, en base a la normativa vigente cuando se ejecutó la citada oposición.
Parte de los profesionales afectados se han puesto en contacto a través de redes sociales. Una de las integrantes del colectivo, presidenta de un tribunal de Valencia, explica que la deuda se sitúa de promedio en 1.500 euros aunque puede superar los dos mil en los casos más extremos, teniendo en cuenta que los trabajos se prolongaron durante más de un mes.
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«Las primeras reuniones telemáticas ya se produjeron en abril, aunque los exámenes se celebraron el 11 y el 18 de junio. Y durante las siguientes semanas a diario tenías que acudir al instituto asignado (que actuaron como sedes de las oposiciones) para corregir y evaluar tanto la parte teórica como la práctica, además de la programación que presentan los aspirantes. El proceso acabó el 27 de julio», aclara esta maestra de Primaria, que prefiere mantener el anonimato.
Atendiendo a las fechas se deduce que las labores de los tribunales coincidieron durante varias semanas con las tareas ordinarias de sus escuelas, incluso con días lectivos, lo que obligaba a «doblar horarios», con jornadas de mañana en los colegios y de tarde en los institutos, llegando a prolongarse durante once o doce horas. «Además el final del curso es agotador, se acumula mucho trabajo burocrático, además de las evaluaciones de tus alumnos y actos varios como graduaciones o excursiones. En mi caso, cuando acababa en el colegio tenía que ir al tribunal, a veces comiendo un bocadillo rápido de camino, para empezar la otra jornada», ejemplifica. «El trabajo lo tienes que hacer de la mejor manera posible porque los opositores se juegan su futuro. Y como cualquier otro tiene que ser remunerado en tiempo y forma. No es de recibo que la conselleria se esté retrasando tanto», reflexiona.
Los docentes afectados, basándose en la información que han recopilado, calculan que puede haber un millar de personas en esta situación, que se concentran en los tribunales de las especialidades con mayor número de aspirantes, que son las de Primaria -aseguran que en ninguno se ha cobrado- y las de Infantil. En las más pequeñas (Pedagogía Terapeútica, Audición y Lenguaje, Educación Física y Música) sí que se ha ingresado ya la gratificación, que también sigue pendiente para los miembros de las comisiones técnicas y de selección -estos nombrados por la conselleria- que coordinan o bien la organización del proceso selectivo o bien a los diferentes órganos examinadores.
«En oposiciones de otros años me había tocado como vocal y siempre me habían pagado a finales del año en cuestión, entre noviembre y diciembre. Nunca habían tardado tanto», explica otro maestro, en este caso de Infantil y también presidente de tribunal, que lamenta el hecho de que «nadie en la administración, cuando preguntas, te dice qué pasa o el plazo que manejan». «Y eso que a finales de julio, cuando termina tu labor, tienes que presentar los documentos que acreditan las jornadas de trabajo realizadas para que se pueda gestionar el abono», explica.
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La poca información que han conseguido los afectados apunta a que los pagos se tuvieron que frenar por un problema con el programa informático, lo que coincide con la versión que trasladan sindicatos como el STEPV o ANPE CV. «La conselleria alega que tiene el dinero preparado pero hasta que no se resuelva la incidencia no puede seguir pagando, pues así se ha advertido desde Intervención de la Generalitat», explican desde la primera organización, que lamenta que mientras tanto «son los docentes los que están a la espera».
Desde ANPE CV apuntan a que se ha reclamado el pronto pago tanto en las mesas de negociación como en las juntas de personal, y que la administración educativa alega que ha realizado todos los trámites y que está a la espera de una solución que debe llegar de la Conselleria de Hacienda.
Por su parte el área de Educación de CSIF añade que pese a las preguntas del sindicato la conselleria no ha dado información sobre cuántos docentes quedan por cobrar, y que «lo único que se consiguió fue su compromiso de pagar antes de que empezaran las oposiciones de 2023», que arrancan el próximo día 26.
Fuentes de Educación defienden que al tratarse de una gratificación extraordinaria y no de la nómina «no se puede hablar de atrasos ni de impagos», alegando que la normativa que regula este tipo de abonos no fija ningún plazo. «El notable incremento en el número de plazas convocadas en los últimos años -más de 18.500 a través de cuatro oposiciones y un concurso de méritos extraordinario- y por tanto de tribunales, primero para cumplir las medidas de prevención sanitarias y luego para disminuir la carga de trabajo de cada tribunal al reducir la ratio, nos obliga a realizar un mayor esfuerzo presupuestario y de gestión que estamos acometiendo con el fin de que a todos los miembros de los tribunales de 2022 se les abone la gratificación lo antes posible», sentencian.
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