Nueva infamia para las víctimas del terrorismo etarra en la Comunitat. Después de que la nueva ley que ha sacado adelamte el Gobierno de Sánchez supusiera una rebaja de cumplimiento de pena para nueve terroristas relacionados con atentados cometidos en la región, al computarles ... el tiempo entre rejas en territorio galo, llega otro jarro de agua fría para aquellos que han sufrido en sus carnes los actos de la banda asesina. Ismael Berasategui Escudero, uno de los etarras que en 2001 colocó un coche bomba en Gandia que perseguía una masacre, está apenas a unas semanas de salir en libertad.
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La razón es la publicación en el BOE la semana pasada del texto de la norma impulsada por el Gobierno socialista, texto que también ha causado un gran revuelo y consternación en las filas populares, pues el PP no impidió su tramitación ni en el Congreso ni en el Senado. Con su aparición en el Boletín Oficial del Estado, la salida de la cárcel de Ismael Berasategui es inminente.
El terrorista acumulaba una serie de condenas que sumaban más de 100 años de cárcel. No sólo por el coche bomba de Gandia, sino también por otro colocado en Salou, así como pertenencia a banda terrorista y falsificaciones para cometer atentados. El reloj de sus penas empezó a contar en 2009, cuando recibió la primera sentencia por sus andanzas. El ordenamiento jurídico español fija un cumplimiento máximo de 30 años (los hechos son previos a la entrada en vigor de la prisión permanente revisable, que alarga este tope hasta los 35).
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De esta forma, el etarra no habría salido a la calle al menos hasta 2039. Sin embargo, la ley impulsada por Pedro Sánchez deja a un paso de la libertad al terrorista que en marzo de 2001 sembró el caos y la destrucción en la playa de Gandia. El vehículo estaba cargado con 50 kilos de explosivos y colocado estratégicamente colocado en una zona turística. El eterno deseo de causar siempre el máximo daño. El manido objetivo de ETA: atemorizar a los visitantes de la Comunitat Valenciana, y más en unas fechas tan señaladas como las cercanas a las Fallas de ese año.
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Sólo la pericia de la Policía Nacional, cuyos Técnicos en Desactivación de Explosivos (Tedax) lograron llevar a cabo una explosión controlada del coche bomba tras recibir una llamada de ETA que alertaba del mismo, evitó una tragedia. 'Controlada', entre cierto modo, porque la violentísima explosión desató una columna de fuego y metralla de más de 20 metros que arrasó una veintena de balcones del hotel Riviera, el establecimiento hotelero junto al que estaba colocado el coche bomba.
Como ya ha publicado LAS PROVINCIAS en exclusiva estas últimas semanas, el de Ismael Berasategui no es el único caso de terrorista vinculado con atentados en la Comunitat que se va a ver beneficiado por la ley impulsada por el Gobierno socialista. En total, incluyendo al etarra de Gandia, nueve miembros de ETA deben sonreír ahora mismo con la reforma legal. Hasta cinco etarras implicados en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en el que murieron una niña y un ciudadano que esperaba el autobús junto al edificio, verán como sus condenas se vuelven menos severas con el texto legal.
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Una de ellas, Ainhoa Múgica, también fue una de las etarras que en 2000 intentó atentar contra el ferry Valencia-Ibiza introduciendo un coche con 100 kilos de explosivos. El atentado no llegó a producirse gracias a un guiño del destino: los asesinos tuvieron que dejar abandonado el mortífero coche al estroparse en Benabarre (Huesca).
Como Berasategui, otro colega de atentados contra el turismo fue Jon Joseba Troitiño, quien también puso en su punto de mira en el estratégico sector de la Comunitat. Este terrorista, junto a Asier Eceiza, colocó en 2002 sendas bombas en hoteles de Benidorm y Alicante. En esta ocasión sí que explotaron y dejaron casi una veintena de heridos. Otro beneficiado por la ley de Sánchez.
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Como Íñigo Vallejo Franco. Junto a Aitzol Maurtua se alojaron en hostales de Valencia y Cullera y preparaban una cadena de atentados en la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea que se iba a celebrar en Sevilla en 2002. En un zulo oculto en una zona montañosa de Cortes de Pallás apareció el material con el que iban a pepetrar sus andanzas: más de 130 kilos de explosivos.
Y el otro beneficiado por la ley es Alaitz Aramendi, quien 2007 intentó volar por los aires un complejo turístico en Castellón. La furgoneta en la que viajaba con otros miembros del comando se averió en Les Coves de Vinromà (Castellón) y sus planes fracasaron. El estallido controlado de los 100 kilos de explosivo del vehículo causó un tremendo cráter. El agujero que los etarras pretendían dejar en las vidas de sus víctimas.
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